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Antonio González Bueno, Raúl Rodríguez Nozal, Emilia Castellanos Ruiz
de una empresa farmacéutica no constituye novedad ni
excepción; conviene recordar que fue a las entidades
químico-farmacéuticas del grupo Cros-Explosivos-Urquijo
a las que, en diciembre de 1949, se le habían adjudicado
los bienes en España de las casas Bayer y Schering,
procedentes de la expropiación de empresas alemanas en
Europa, como consecuencia de la aplicación del programa
Safehaven, con el que se privaba a las entidades alemanas
de sus propiedades como consecuencia de la derrota
germana en la II Gran Guerra (49).
Por su parte, el grupo empresarial Antibióticos S.A.
quedó integrado por las industrias químico-farmacéuticas
nacionales Ibys, Abelló, UQUIFA, Zeltia, LETI e Instituto
Llorente, aunque esta última empresa dejaría de pertenecer
a Antibióticos S.A. unos años después, en los inicios de
1957, tras el fallecimiento de su fundador -Jacinto Megías
Fernández (1888-1956)-, acaecido en diciembre del año
anterior; además contaba con la participación de la firma
americana Schenley Laboratorios. Inicialmente instaló su
departamento de envasado en Madrid, en uno de los
locales que fuera propiedad de IBYS aunque, desde los
inicios de 1950, disponía del plan íntegro para la
instalación, en León, de la fábrica para la futura
producción de la materia prima (50). Como director
técnico farmacéutico se había nombrado, el 13 de enero de
1950, a Álvaro Zugaza Bilbao (1911-2002) (51); como
gerentes de la entidad actuaron Ricardo Urgoiti Somovilla
(1900-1979), antiguo secretario general de IBYS, y
Federico Mayor Domingo (m. 1997), sobrino del fundador
de LETI (52).
Las autoridades económicas españolas impusieron, a
las industrias que ostentaban el oligopolio de la
comercialización de la penicilina, la obligación de
contribuir con una aportación económica a la investigación
científica y técnica como parte de la política industrial.
Estas cantidades, entre el 0,5 % y el 1% de las ventas
anuales, consideradas como ‘donativos’, resultaban en
realidad impuestos encubiertos que eran aportados
anualmente al Patronato ‘Juan de la Cierva’ del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo
presidente era, en aquellos momentos, el también
presidente del Instituto Nacional de Industria, Juan
Antonio Suances Fernández (1891-1977).
Con el fin de cumplir con esta obligatoriedad
contributiva, y a la vez atender a los propios intereses de adheridas al ‘Plan Marshall’ han culminado en un franco
CEPA y de las empresas químico farmacéuticas del
Urquijo, sus directivos promovieron la creación del
Instituto de Farmacología Española (IFE), cuyo director
fue, desde su fundación en 1950, Antonio Gallego
Fernández, que también ocupaba el cargo de director de
CEPA (53). Ambas entidades compartieron no solo a su
director, sino también sus locales en la calle Méndez
Álvaro de Madrid hasta 1954, así como su colaboración
técnica a lo largo de toda su andadura. El Banco Urquijo
convertía así una obligación fiscal en un proyecto
directamente relacionado con sus fines industriales y los
intereses investigadores de Antonio Gallego.
Estos son los hechos; pero, para valorarlos, conviene
426 @Real Academia Nacional de Farmacia. Spain
contextualizarlos con la situación internacional en que se
encontraba España. En diciembre de 1948, en los
momentos previos a la firma de los acuerdos entre las
empresas españolas y norteamericanas, el presidente de la
Delegación de la Cámara de Comercio Americana en
España, Walter Smith, en su felicitación navideña:
“Expresó su optimismo ante las posibilidades que
ofrece el año próximo y que se traducirán en hechos
satisfactorios para ambos países. Tanto la Cámara de
Comercio Americana en Madrid como la de Washington,
han recibido, según dijo, instrucciones para preparar la
intensificación de relaciones comerciales entre España y
los Estados Unidos” (54).
Apenas unos días después de que se produjera la firma
de los acuerdos entre las empresas españolas y
norteamericanas, en el mismo febrero de 1949, el
Presidente de la Junta de la Cámara de Comercio
Americana, Mac Klein, subrayó ante el Encargado de
Negocios de los Estados Unidos, Paul T. Culbertson:
“… que las recientes disposiciones del gobierno
español estableciendo cambios especiales para la
importación de productos americanos constituía un primer
paso en el encauzamiento de la normalidad en el
intercambio comercial entre los dos países” (55).
Esta cooperación entre EE.UU. y España coincide en el
tiempo con la recomendación de economistas americanos
de incrementar las relaciones comerciales con nuestro país
(56). El 7 de agosto de 1950, el Senado estadounidense
aprobó una enmienda del senador Patrick [Pat] Anthony
McCarran (1876-1954) otorgando un empréstito a España
de 100 millones de dólares para impulsar las relaciones
comerciales entre ambos países:
“Estimo que esta decisión senatorial [declara a la
prensa española] señala el comienzo de una nueva era de
cooperación y de amistosas relaciones entre los Gobiernos
de Washington y Madrid (…) Los acontecimientos de los
últimos meses demuestran la necesidad de que todas las
fuerzas del mundo opuestas al comunismo de tipo
soviético deben mantenerse juntas o correr el riesgo de
caer separadamente bajo la dominación del poder rojo. Los
esfuerzos de los Estados Unidos por realizar
económicamente las reconstrucciones de las naciones
éxito. Sin embargo, se ha hecho evidente que todos los
países opuestos al enemigo común deben ser reconocidos
como aliados” (57).
Resulta obvio relacionar este cambio en la política
exterior española y norteamericana con la concesión de las
dos licencias asignadas a la Compañía Española de la
Penicilina y Antibióticos [CEPA] / Merck y a Industria
Española de Antibióticos / Schenley Laboratories Inc.
La prensa había aludido a una tercera opción para
fabricar penicilina en España; no sabemos con certeza cuál
pudo ser, pero sí disponemos de algunos datos que nos
acercan a una hipótesis verosímil. El privilegio del
duopolio se estableció, legalmente, en quince años de
protección; sin embargo, en 1953, apenas cuatro años