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Early interventions to prevent childhood obesity: the case of Mexico con un equipo altamente capacitado para realizar
utilizados en las políticas regulatorias actuales, pues su
lectura es de difícil interpretación (29), el cual contrasta
con el modelo de la Organización Panamericana de la
Salud (2016) que establece un etiquetado de advertencia,
tipo semáforo o disco “pare, no siga”, que resulta más
entendible por la población general, ya que indica si un
producto contiene una cantidad excesiva de un nutrimento
como el azúcar (30). En la Figura 2 se observan
comparativamente los etiquetados reglamentados en
México (A), Ecuador (B) con forma de semáforo (31) y
Chile (C) con forma de alto-pare (32), estas dos últimas
con figuras, que podrían ser más claras y fáciles de
interpretar.
3. LAS INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS
Las regulaciones actuales en materia de publicidad
fueron sustentadas por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER); que fue creada en el año 2000,
como órgano administrativo desconcentrado de la
Secretaría de Economía del Gobierno Federal de México,
institución que revisa el marco regulatorio nacional,
diagnostica su aplicación y elabora propuestas legislativas
y administrativas, así como programas de regulación. Al
respecto, en el año 2012, publicó el documento “El
problema de la obesidad en México: diagnóstico y
acciones regulatorias para enfrentarlo”. En ese trabajo se
desarrolla un modelo de análisis de base económica acerca
de la regulación de la publicidad y sobre las externalidades
que la obesidad induce en la productividad de la sociedad
y las empresas, concluyendo lo siguiente: “los padres
generan una externalidad negativa a sus hijos al
transmitirles sus patrones de consumo lo cual, sumado al
hecho de que los infantes no asimilan la información
disponible de manera que decidan una alimentación que
favorezca su salud en el largo plazo, contribuye
significativamente a generar fallas de mercado que
ameritan alguna intervención tendiente a modificar las
conductas individuales de consumo” (2). Esto confirma
cómo a través de instituciones especializadas, incluso
distintas de la procuración de la salud, el Estado-gobierno
legitima su papel en la evaluación de necesidades
convergentes, establece medidas y regula las relaciones
entre empresas y la población acerca del consumo de
productos alimentarios.
La Secretaría de Salud en México, regula y
proporciona servicios preventivos y de atención a la salud
de la población en las vertientes clínica y poblacional.
Bajo los ordenamientos de esta Secretaría existen los
Institutos Nacionales de Salud; entre ellos, el Instituto
Nacional de Salud Pública (INSP), que posee en su
estructura orgánica el Centro de Investigación en Nutrición
y Salud (CINyS) que en su sitio de internet declara su
compromiso de mejorar el estado de nutrición de la
población y optimizar los sistemas de salud a través de la
investigación, la divulgación y la docencia (33). Cuenta
@Real Academia Nacional de Farmacia. Spain
investigación en nutrición pública y epidemiología de la
nutrición con 370 publicaciones: artículos científicos,
capítulos de libros y libros referidos hasta el año 2010;
además tiene vínculos con distintas instituciones de
excelencia dedicadas a la investigación en nutrición
pública.
Un estudio longitudinal acerca de las compras de
bebidas gravadas en México realizado por investigadores
de este Instituto; mediante visitas quincenales a una
muestra de 6,500 hogares ubicados en 53 ciudades con
más de 50,000 habitantes de 28 estados y la Ciudad de
México; pudo demostrar que, a un año de su
implementación, el impuesto a bebidas azucaradas logró
una disminución promedio del 6 % en las compras de estos
productos y alcanzó 12 % en diciembre de 2014. La
reducción promedio en el año equivale a un descenso en el
consumo de bebidas azucaradas de 4.2 litros por persona,
con reducciones mayores en los sectores de ingresos más
bajos. En contraste, el mismo estudio reveló que las
compras de bebidas no gravadas aumentaron en promedio
4 %, debido principalmente a un aumento en las compras
de agua embotellada. Sugiriendo con esto que los
consumidores están sustituyendo bebidas azucaradas por
bebidas saludables (34).
Los datos resultan promisorios, aunque aun hace falta
corroborar si esta medida ha impactado en la disminución
de las prevalencias de sobrepeso y obesidad en la
población, pues otro estudio realizado por el mismo equipo
de trabajo, reveló disparidades en los precios por región
del país y tamaño del envase de las bebidas, encontrado
precios más accesibles en bebidas de mayor volumen y
paquetes, lo que hace especular que esto podría incentivar
el sobreconsumo en lugar de reducirlo que es el objetivo
del impuesto (35).
Más recientemente, el INSP ha declarado en su página
web su postura ante la posibilidad de reducir en 50 % el
impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a
las bebidas con hasta 5 g/100 ml de azúcares añadidos,
recomendando. Ante la evidencia de sus estudios, sería
deseable un incremento, en lugar de la disminución a dicho
impuesto. Se argumenta que la medida generaría un
mensaje confuso para la población, ya que 5 g/100 ml de
azúcares sigue siendo un consumo no recomendado. Se
ejemplifica que un envase de refresco de 600 ml con 5
g/100 ml de azúcar, aporta en total, 30 g de azúcar,
cantidad que supera el máximo de consumo diario
recomendado para el cuidado de la salud establecido por la
OMS, que es de 25 g para adultos con una dieta de 2000
kcal. Y para el caso de los niños pequeños, los valores
sobrepasan los recomendados por la OMS, que establece
para niños preescolares, un límite superior de 16 g de
azúcar (36).
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