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FERNANDO ANTOÑANZAS ANAL. REAL ACAD. FARM.

A pesar de los comentarios críticos, cualquiera que examine
retrospectivamente los pasos dados en la dirección de medir mejor –más
científicamente- la seguridad, la eficacia, y el conocimiento de las
repercusiones a gran escala derivadas del empleo de los medicamentos –a
las cuales podríamos llamar los estudios de efectividad basados en
ensayos clínicos de corte “naturalista”, en series de farmacovigilancia o
en las revisiones mediante meta-análisis- dirá que los avances son
considerables y el camino trazado ha sido fundamental para mejorar la
práctica médica basada en el uso de los fármacos. Quizás la respuesta esté
tan clara porque cualquiera de las tres preocupaciones a las que responden
las tres clases de estudios –de seguridad, de eficacia y de efectividad- se
encuentra dentro del mismo campo semántico: el medicamento como
sustancia para tratar o prevenir la enfermedad de los seres humanos.

LA PREOCUPACIÓN POR LA EFICIENCIA

Las instituciones sociales (la administración pública, los gestores
sanitarios y clínicos, la industria farmacéutica, las asociaciones de
usuarios de la sanidad, etc.) han ido introduciendo elementos nuevos para
el debate y el estudio relacionados con los medicamentos, pero no tanto
en el sentido anterior sino en el de su faceta social, industrial, económica,
política, etc. Entonces, los criterios de evaluación que habían consolidado
los avances científicos han tenido que ampliarse para dar respuesta –o al
menos para intentarlo- a las nuevas cuestiones. A fin de concretarlas se
proponen algunas de las más relevantes.

La fijación del precio

Establecer el precio de los fármacos es un asunto que puede
abordarse de dos formas: desde la administración pública y desde el
mercado. Si se opta por la segunda, en ausencia de la regulación pública,
al existir un derecho de patentes internacionalmente reconocido para tales
productos, el laboratorios fabricantes puede actuar como un monopolista
y fijar el precio atendiendo, esencialmente, a sus propios intereses. En
varios países europeos se adoptan las decisiones de esta manera:
Alemania, Dinamarca y Finlandia, entre otros. En este caso, el control del

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