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LA
CIENCIA
EN
ESPAÑA….

que
se
desarrollará
en
el
marco
de
la
Ley
de
Agencias
de
2006
"sin
aumento
de

gasto
público",
reorganizándose
para
ello
recursos
existentes
en
el
Ministerio.
El

Gobierno
“deberá
ponerla
en
marcha
en
el
plazo
máximo
de
un
año",
aunque
su

estructura
y
funcionamiento
están
por
determinar.
Muchos
aprueban
la
creación

de
esta
Agencia,
que
tiene
como
objetivo
“dotar
de
mayor
autonomía,
flexibilidad
y

agilidad
a
la
actividad
científica
y
garantizar
el
máximo
control
sobre
la
gestión
de

los
fondos
públicos”,
considerándola
clave
si
llega
a
funcionar
correctamente.

Otra
novedad
de
esta
Ley
es
la
creación
del
Comité
Español
de
Ética
de
la

Investigación,
“un
órgano
que
intentará
garantizar
la
ética
profesional
en
la

investigación
científica
y
técnica
y
resolver
los
conflictos
de
intereses
entre
las

actividades
públicas
y
privadas".
La
segunda
responsabilidad
permitirá
que
este

Comité
resuelva
problemas
que
pueden
resultar
transcendentes,
como
ocurre
en
la

actualidad
con
el
conflicto
que
ha
llegado
hasta
el
Parlamento
entre
el
que
fue

hasta
ahora
Director
del
Centro
Nacional
de
Investigaciones
Oncológicas
(CNIO)
y

el
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.

Otra
de
las
misiones
de
este
nuevo
Comité
será
elaborar
códigos
de
buenas

prácticas
en
la
investigación,
y
también
deberá
coordinarse
en
algunas
tareas
con

el
Comité
de
Bioética
de
España,
creado
en
2007
para
opinar
sobre
las

implicaciones
éticas
y
sociales
de
la
biomedicina
y
las
ciencias
de
la
salud,
aunque

ambos
órganos
serán
independientes.

Según
sus
promotores,
esta
Ley
no
cambia
el
modelo
del
sistema
español

de
I+D,
“pero
se
reparan
desgarrones
abiertos
desde
la
ley
de
1986,
y
se
abren

caminos
cuyo
resultado
y
eficacia
se
verán
al
irse
concretando
en
actuaciones
y

reglamentos”.
La
coordinación
explícita
de
la
Administración
central
con
las

comunidades
autónomas
en
materia
de
I+D,
la
mejor
coordinación
con
la

Universidad,
y
la
incorporación
de
la
investigación
sanitaria
al
sistema
de
I+D,
son

algunas
de
las
virtudes
reconocidas
casi
unánimemente,
pero
se
duda
de
su

eficacia
práctica.
Rafael
Rodrigo,
actual
Presidente
del
CSIC,
hizo
el
siguiente

resumen
de
la
misma:
“¿Se
produce
un
cambio
de
estructura
del
sistema?
No
¿Hay

cambios
reales
que
facilitan
el
funcionamiento
del
sistema
de
I+D+i?
Sí".
Para

Inmaculada
Riera,
diputada
de
Convergencia
i
Unió,
“la
nueva
ley
va
por
el
buen

camino,
rompe
las
rigideces
actuales
del
sistema
y
acerca
la
I+D
al
tejido

productivo,
pero
carece
de
los
instrumentos
financieros
necesarios”.
Para
el

diputado
del
PP
Gabriel
Elorriaga
“después
de
tanto
tiempo
esperándola,
la
ley

nace
en
tiempos
de
crisis,
y
en
toda
ella
subyace
su
puesta
en
marcha
a
“coste

cero”,
lo
que
hace
dudar
a
muchos
de
su
eficacia
a
corto
y
medio
plazo”,
“se
trata
de

un

proyecto
poco
ambicioso
debido
a
las
ventajas
e
inconvenientes
que
conlleva

un
amplio
consenso”,
“el
resultado
final
es
conservador
en
el
sentido
de
que

cambia
poco
la
situación
actual
y
da
continuidad
al
modelo
burocratizado
de
la

investigación,
sin
resolver
una
definición
de
carrera
continuada
y
permanente,

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