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M.
C.
AVENDAÑO

ABC,
esta
inestabilidad
es
la
causa
de
que
en
estos
momentos
se
estén
viendo

abocados
a
emigrar
o
a
abandonar
la
investigación.

En
el
momento
actual,
la
gran
mayoría
de
la
investigación
que
se
desarrolla

en
las
universidades
públicas
españolas
la
realizan
profesores
funcionarios
y
los

hasta
ahora
becarios,
siendo
minoritario
el
personal
contratado.
La
necesidad
de

atraer
a
los
mejores
profesores
e
investigadores
a
través
de
procedimientos

flexibles,
abiertos
y
transparentes,
y
ofrecer
a
su
personal
unas
perspectivas
de

desarrollo
profesional
atractivas,
es
hoy
un
deseo
sólo
parcialmente
satisfecho.
La

Ley
Orgánica
4/2007,
de
12
de
abril,
introdujo
profundos
cambios
en
el
régimen

jurídico
aplicable
al
profesorado
universitario,
respecto
a
la
Ley
Orgánica
6/2001,

de
21
de
diciembre.
En
concreto,
en
el
proceso
de
selección
del
profesorado

universitario
funcionario
se
sustituyó
el
procedimiento
de
habilitación
por
una

acreditación
nacional
(regulada
por
el
Real
Decreto
1312/2007,
de
5
de
octubre)

como
paso
previo
a
los
concursos
de
acceso
a
la
función
pública
docente

universitaria.
Una
notable
diferencia
entre
ambos
procedimientos
es
que
la

acreditación
es
independiente
de
la
oferta
de
un
número
de
plazas
previamente

delimitadas,
de
forma
que
cada
universidad
puede
seleccionar
al
profesorado

(según
regula
el
Real
Decreto
1313/2007,
de
5
de
octubre)
entre
los
aspirantes

previamente
acreditados.
Justificándose
en
estos
cambios,
así
como
en
los

producidos
con
la
implantación
del
Espacio
Europeo
de
Educación
Superior
y
la

nueva
ordenación
de
las
enseñanzas
universitarias,
el
Ministerio
de
Educación

prevé
aprobar
mediante
Real
Decreto
un
nuevo
Estatuto
del
Personal
Docente
e

Investigador
de
las
Universidades
Españolas
a
fin
de
seguir
las
propuestas
de
la

Agenda
Europea
de
Modernización
de
las
Universidades
y
la
Estrategia

Universidad
2015.

Este
nuevo
estatuto,
que
a
finales
de
mayo
de
2011
seguía
en
fase
de

borrador,
pretende
flexibilizar
el
concepto
de
dedicación,
facilitar
la
movilidad

entre
universidades
y
centros
de
investigación
públicos
y
privados
nacionales
y

extranjeros,
y
mejorar
los
incentivos
para
el
reconocimiento
e
impulso
de
la

excelencia
de
sus
actividades.
El
problema
es
cómo
lograrlo.
La
carrera

investigadora
que
recomienda
la
Carta
Europea
del
Investigador
y
que
hace
suya

la
Ley
de
la
Ciencia,
la
Tecnología
y
la
Innovación
para
contribuir
al
desarrollo
de

la
Ciencia
y
la
Innovación
en
España,
plantea
diversos
itinerarios.
Uno
de
ellos
es

establecer
una
vinculación
con
la
universidad
adquiriendo
el
estatus
de
profesor

funcionario.
En
el
mencionado
Estatuto
se
pretende
que
el
peso
de
este
personal

no
sea
inferior
al
50%
ya
que
“las
universidades
públicas
podrán
modificar
la

relación
de
puestos
de
trabajo
de
su
personal
docente
e
investigador
funcionario

por
ampliación
de
las
plazas
ya
existentes,
por
minoración,
o
por
cambio
de

denominación
de
las
plazas
vacantes,
pero
en
ningún
caso
el
personal

contratado
podrá
ser
superior
al
49%
del
total
correspondiente
a
la

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