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M.
C.
AVENDAÑO
2.
LA
PRODUCCIÓN
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
A
pesar
de
que
el
sistema
de
ciencia
español
y
especialmente
el
universitario
arrastra
problemas
presupuestarios,
la
producción
científica
española
ha
mejorado
notablemente
desde
1986
pasando,
según
un
reciente
informe
de
la
Royal
Society
británica,
de
estar
situada
a
nivel
mundial
en
el
trigésimo
puesto
al
noveno
o
al
décimo
si
se
atiende
a
su
relevancia.
Según
el
Ministerio,
en
el
año
2008
se
dedicaban
a
investigación
y
desarrollo
en
España
unas
350.000
personas,
de
las
que
casi
el
62%,
eran
investigadores. El
56%
de
éstos
desarrollaba
su
actividad
en
la
Universidad,
y
en
las
empresas
privadas
trabajaban
62.000
investigadores.
Desde
1986
se
ha
producido
también
una
notable
evolución
en
las
administraciones
públicas,
y
la
comunidad
científica
se
ha
multiplicado
por
seis.
Según
sus
promotores
estos
cambios
justifican
esta
Ley,
sin
embargo,
algunos
investigadores
se
cuestionan
si
es
necesaria
una
ley
de
ciencia
para
poder
investigar.
Así
opina
Luis
Serrano,
Jefe
de
Diseño
de
Sistemas
Biológicos
del
Centro
de
Regulación
Genómica
(CRG)
de
Barcelona,
un
centro
basado
en
un
modelo
de
organización
de
la
investigación
no
funcionarial.
Este
investigador
nos
recuerda
que
"en
los
países
desarrollados
no
hay
leyes
de
ciencia”.
Por
su
parte
Joan
Guinovart,
Director
del
Instituto
de
Investigación
Biomédica
de
Barcelona
y
Presidente
de
la
Confederación
de
Sociedades
Científicas
de
España
(COSCE),
que
agrupa
a
más
de
30.000
investigadores,
comenta
con
el
sentido
del
humor
que
le
caracteriza:
"Creo
que,
más
que
hacer
lo
que
la
ley
permite,
hay
que
aprovechar
lo
que
la
ley
no
prohíbe.”
La
materialización
de
los
objetivos
de
la
LCTI,
necesarios
y
deseables,
ha
provocado
la
preocupación
de
algunos
investigadores
que
temen
la
posible
minusvaloración
de
la
investigación
fundamental
dada
la
importancia
que
se
da
a
la
investigación
aplicada.
3.
CAMBIOS
QUE
PROPICIA
O
ESTABLECE
LA
LCTI
Desde
el
punto
de
vista
administrativo,
se
crean
por
esta
Ley
la
Estrategia
Española
de
Ciencia
y
Tecnología
y
la
Estrategia
Española
de
Innovación
como
marcos
de
referencia
plurianual
para
"alcanzar
un
conjunto
de
objetivos
generales
compartidos
por
todas
las
Administraciones
con
competencias
en
I+D+i”.
También
se
crean
un
Consejo
de
Política
Científica
y
Tecnológica
y
un
Consejo
Asesor
de
Ciencia
e
Innovación,
que
sustituyen
a
los
actuales
Consejo
General
de
Ciencia
y
Tecnología
y
Consejo
Asesor
de
Ciencia
y
Tecnología.
Se
establecen
además
dos
agencias
de
financiación
pública:
el
ya
existente
Centro
para
el
Desarrollo
Tecnológico
Industrial
(CDTI),
antes
dependiente
del
Ministerio
de
Industria
y
ahora
del
de
Ciencia
e
Innovación,
y
una
nueva
Agencia
Estatal
de
Investigación,
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