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Chronicle of Spanish constitutional pharmacy: 1978-2013
(5).
El Sindicato Libre de Farmacéuticos de Valencia había
promovido un recurso ante los tribunales por el que se
reclamaba el derecho a la libre apertura de farmacias,
basándose en el texto constitucional que establece el libre
ejercicio de las profesiones tituladas.
Algunos farmacéuticos pensaron que había llegado el
momento de abrir una farmacia por un procedimiento
rápido – y sobre todo barato – y recurrieron a los
tribunales de justicia.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia se vio en
un aprieto y recurrió al Tribunal Constitucional, que en
relativo poco tiempo, emitió una sentencia salomónica
declarando constitucional la Ley de Bases de Sanidad
Nacional de 1944 en lo que se refiere a la apertura de
farmacias, en tanto no se regulase por otra Ley votada en
Cortes.
A partir del mes de febrero de 1985 se conoce el
borrador de la Ley del Medicamento en el que había
trabajado una comisión de expertos desde el año 1983.
El profesor Ramón Jordi González dejó de asistir a las
reuniones de la comisión redactora a partir de 1984 por
motivos de conciencia al ver el derrotero que tomaban los
acontecimientos en relación con la oficina de farmacia (6). Industrial y Galénica promovida e impulsada siempre por
Cuando en marzo de 1985 se edita el borrador y se
envía a trámite de información pública estalla la tormenta
y el clamor de los farmacéuticos llega al máximo.
En aquel momento se movilizó toda la prensa con
editoriales y artículos, se convocaron asambleas y como
medida testimonial se llevó a cabo una huelga a la
japonesa –es decir trabajando más- el día 11 de julio.
Tras la huelga y la campaña mediática (7), la
Administración probablemente solo pensó en infligir un
castigo a los farmacéuticos, así como suena, y se dispuso a Pharmaceuticals por una cantidad irrisoria.
bajar los márgenes con argumentos improvisados y hueros,
mediante una Orden Ministerial que sería inmediatamente
recurrida.
En 1986 se aprueba también la Ley General de
Sanidad, que acapara importantes críticas de distintos
sectores. Sin embargo el Título V que se refiere a los
productos farmacéuticos, no puede calificarse
negativamente para el modelo de oficina de farmacia
diseñado desde la Ley de Bases de Sanidad Nacional de
1944, ya que mantiene la propiedad en manos
farmacéuticas y define a las oficinas de farmacia como
establecimientos sanitarios sometidos a planificación.
Para sorpresa de muchos, el día 6 de marzo de 1986 el
juzgado de Primera Instancia número 2, de San Sebastián
dicta una sentencia favorable al Colegio de Farmacéuticos
de Guipúzcoa y a la Asociación de Empresarios, en la
demanda interpuesta contra la orden ministerial por que se
reducía el margen de las farmacias.
Según la sentencia, “la Administración deberá
abstenerse de realizar actos que perturben el derecho de
los farmacéuticos”.
Es la primera victoria y presagio de lo que habría de
ocurrir ocho meses después en el Tribunal Supremo.
@Real Academia Nacional de Farmacia. Spain
Quizá los hechos contados de forma tan sucinta son
poco reveladores de las luchas que se produjeron durante
ese tiempo, de las explicaciones tan peregrinas (8) que
encontró la Administración a su derrota, y del tiempo que
tardó en llevarse a la práctica la sentencia por el
agotamiento de los plazos legales (9).
Habían pasado cinco años en 1987, desde la
publicación de un Real Decreto (10) que anunciaba la
posibilidad de que hubiera especializaciones para los
farmacéuticos, pero hasta entonces todo habían sido
problemas.
Por una parte el Ministerio de Educación y, por otra,
las organizaciones médicas, hicieron todo lo posible para
impedir que hubiera farmacéuticos especializados en
análisis clínicos, microbiología clínica y bioquímica
clínica, aunque comprendían que existiera la especialidad
de Farmacia Hospitalaria (11).
La creación de la Subdirección de Ordenación y
Asistencia Farmacéutica, en la que fui su primer titular,
supone un nuevo impulso para conseguir las
especializaciones, pero el verdadero mérito hay que
atribuirlo a un Subdirector del Ministerio de Educación ya
fallecido, Fernando de la Torriente, y a la Jefe de Servicio
de Asistencia Farmacéutica, Ana Echevarría y a Mª
Ángeles Monedero, que dependían de mí, a los que
debemos aquellas especializaciones hospitalarias y las que
vinieron años después, entre las que destaca la de Farmacia
el doctor José Carlos Montilla.
El acontecimiento que ocupó primeras planas de los
periódicos ese año fue la venta de Antibióticos, S.A. por el
dúo Abelló - Conde, a la multinacional italiana
Montédison.
Mucho se ha escrito sobre esta operación, aunque
mucho menos se sabe de la venta de Hubber, un gran
laboratorio catalán, especializado en hemoderivados, que
tuvo la desgracia de pasar primero a la órbita de Rumasa y
luego al Patrimonio del Estado que lo cede a ICN
Dentro del esperpento sanitario aparecen en escena en
1988 dos personajes que comienzan a librar una absurda
batalla.
Se trata del Dr. Amat, médico alicantino que distribuye
un medicamento de su invención llamado Amatrisan – a
base de urea - con el que promete curaciones del cáncer, y
el Dr. Chacón Megías, farmacéutico de Córdoba, que
prepara unas vacunas que son prescritas por numerosos
médicos y dispensadas como fórmulas en recetas de la
Seguridad Social.
El Dr. Amat se tuvo que enfrentar a un proceso judicial
que acabaría casi quince años después, dando con sus
huesos en la cárcel, pero Fernando Chacón Megías va
ganando todos los pleitos, comenzando por uno que obligó
al Insalud a pagarle las recetas dispensadas como fórmulas
magistrales y otro, en ese mismo año, que impuso al
Ministerio la carga de realizar pruebas periciales para
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