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R.
Basante
y
C.
del
Castillo

La
contención
del
gasto
es
buena

y
añadamos
que
para
un
mejor
control
del

mismo,
evidentemente,
no
podemos
desconsiderar
el
porqué
tiramos

medicamentos.
Sin
duda
desde
el
punto
de
vista
económico
no
nos
lo
podemos

permitir,
aunque
de
hecho
se
haga,
sin
embargo
desde
una
perspectiva
ética
el

hecho
de
desperdiciar
un
bien
tan
necesario
y
costoso
nos
permite
reflexionar

sobre
si
se
están
realizando
de
forma
correcta
los
objetivos
propuestos
tanto
a

nivel
nacional
como
internacional.

Por
otro
lado
es
importante
destacar
que
los
residuos
de
medicamentos

ponen
de
manifiesto
los
preocupantes
costes
de
destrucción
de
productos

desechados
sin
utilizar
o
de
unidades
excedentes
de
las
pautas
terapéuticas

establecidas,
que
no
sólo
confirman
la
necesidad
de
mejorar
la
eficiencia
en
el

proceso
de
prescripción,
dispensación
y
uso
de
medicamentos,
sino
que
alertan
de

los
preocupantes
costes
medioambientales
derivados.

El
deterioro
del
medio
ambiente
es
un
problema
bastante
común
en
la

época
actual
ya
que
además
de
producir
efectos
adversos,
irremediables
en

muchos
casos,
supone
un
gasto
económico
considerable
para
los
Estados

comunitarios.
El
derecho
a
un
medio
ambiente
sano
es
considerado
como
un

derecho
de
tercera
generación

que
engloba
a
un
conjunto
de
derechos
de

aparición
reciente,
producto
de
acuerdos
de
la
comunidad
internacional
como
es
el

caso
de
los
tratados
internacionales

(Declaración
Universal
de
los
Derechos

Humanos,
artículos
22,
25
y
27,
Pacto
Internacional
para
los
Derechos
Sociales,

Económicos
y
Culturales,
art.
1,
6,
7,
11,
12,
13
y
15
Convención
Internacional
para

la
Eliminación
de
todas
las
Formas
de
Discriminación
Racial,
art.
2
y
14).
De
hecho

nuestra
carta
magna
en
su
artículo
45
establece
que:

“Todos
tienen
el
derecho
a
disfrutar
de
un
medio
ambiente
adecuado
para
el

desarrollo
de
la
persona,
así
como
el
deber
de
conservarlo.

Los
poderes
públicos
velarán
por
la
utilización
racional
de
todos
los
recursos

naturales,
con
el
fin
de
proteger
y
mejorar
la
calidad
de
vida
y
defender
y
restaurar
el

medio
ambiente,
apoyándose
en
la
indispensable
solidaridad
colectiva.

Para
quienes
violen
lo
dispuesto
en
el
apartado
anterior,
en
los
términos
que

la
ley
fije
se
establecerán
sanciones
penales
o,
en
su
caso,
administrativas,
así
como
la

obligación
de
reparar
el
daño
causado.”

En
este
contexto
internacional
nace
el
Sistema
de
gestión
de
calidad

adecuada
de
residuos
de
envase
(SIGRE)
como
una
entidad
sin
ánimo
de
lucro

creada
para
garantizar
la
correcta
gestión
medioambiental
de
los
envases
y
restos

de
medicamentos
de
origen
doméstico.

Su
puesta
en
marcha
fue
promovida
en
2001
por
los
laboratorios

farmacéuticos
y
cuenta
con
la
participación
activa
de
las
oficinas
de
farmacia
y
las

empresas
de
distribución
farmacéutica.

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