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Financiación
de
medicamentos:
Los
aspectos
jurídicos

administración,
que
permite
una
asistencia
sanitaria
pública,
universal,
gratuita,
y

de
máxima
calidad
financiada,
además,
con
fondos
públicos
porque
los
ciudadanos

lo
que
desean
son
medicamentos
seguros,
eficaces,
y
de
calidad,
legales,
es
decir

autorizada
su
comercialización
y
su
posterior
inscripción
en
el
Registro

farmacéutico
por
la
Agencia
Española
de
Medicamentos
y
Productos
Sanitarios

(AEMPS),
o
por
la
Agencia
Europea
(EMA),
sin
dificultad
alguna
de
acceso
al

paciente
y
que
sean
financiados
por
el
SNS.

En
consecuencia
parece
lógico
que
el
Estado
español
adopte,
sin
que
ello

suponga
merma
alguna
del
bienestar
social,
medidas
dirigidas
a
que
la
prestación

de
medicamentos
por
el
SNS
se
realice
a
precios
razonables
y
con
un
gasto
público

ajustado,
dentro
de
la
necesidad
de
optimizar
los
recursos
disponibles.

Todo
ello
se
posibilita
mediante
la
financiación
pública
selectiva
y
no

indiscriminada,
basada
en
el
binomio
coste/efectividad.
Por
ello,
la
financiación

pública
de
los
medicamentos
supone
la
intervención
del
Estado,
tanto
en
las

decisiones
de
inclusión
o
exclusión
de
medicamentos
financiados
a
cargo
del

Sistema
Nacional
de
Salud,
como
del
establecimiento
del
precio
al
que
éstos
sean

financiados.
De
aquí
que
puedan
no
ser
financiados
con
fondos
públicos
aquellos

grupos,
subgrupos,
categorías,
clase
de
medicamentos
o
productos
sanitarios
cuya

financiación
pública
no
se
justifique
o,
simplemente,
no
sea
considerada
necesaria;

siempre
bajo
criterios
de
actualización
y
revisión
periódica
de
la
relación
de

medicamentos
financiados,
en
función
de
la
evolución
de
criterios
cuales
uso

racional,
conocimientos
científicos,
aparición
de
nuevos
medicamentos
con
mayor

utilidad
terapéutica,
o
reconocimiento
de
efectos
adversos
que
hagan
variar
la

relación
beneficio/riesgo.

El
Estado
del
Bienestar
alcanzado
en
nuestro
país
se
hace
cada
día
más

gravoso
para
la
administración
nacional.
El
incremento
del
gasto
sanitario,
y
de

éste
el
consumo
de
medicamentos,
que
de
hecho
no
supone
en
líneas
generales

mas
del
35%
de
aquel,
constituye
una
parte
importante
de
los
presupuestos

públicos,
siendo
su
cuantía
cada
día
mas
elevada
y
con
una
clara
tendencia
al
alza,

no
sólo
en
España
sino
en
toda
la
Unión
Europea.
Este
aumento
del
gasto
es

consecuencia,
entre
otros
factores,
del
incremento
del
número
de
afiliados
a
la

Seguridad
Social,
de
unas
mayores
expectativa
de
vida,
en
el
año
2000
mayores
de

65
años
era
el
16,1%

estimándose
que
este
porcentaje
se
situará
en
torno
al

27,5%
en
el
año
2050.
De
ello
se
deduce
que
anualmente

habrá
una
población
más

envejecida,

vulnerable
a
un
mayor
número
de
patologías,
y
necesitada
de
una

polimedicación
que,
en
términos
económicos,
repercute
en
el
incremento
del
gasto

sanitario
inherente
a
la
prestación
farmacéutica
y
a
la
financiación
pública

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