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A.
M.
Pascual-­-Leone

La
segunda,
y
para
mi
fundamental,
es
que
a
la
investigación
y
a
los

investigadores
no
se
les

pueden
aplicar
criterios
esencialmente
burocráticos
en
lo

que
tanto
para
lo

bueno
como
para
lo
malo
tiene
la
connotación
de

Funcionario
y

el
peso
que
sobre

ellos
tiene
el
Ministerio
de
Administraciones
Públicas
.

Llevo
años,
décadas,
combatiendo
esa
situación,
herencia
de

una
situación

coyuntural
en
que
había
que
dar
reconocimiento
administrativo,
dentro
del
sector

público,
a
la
profesión
de
investigador
científico
y
que
fue
utilizada
sin
duda

oportuna
y
sabiamente
por
el
Ministro
Lora-­-Tamayo.
Pero
las
condiciones
de

contexto
han
cambiado
mucho
y
así
deberían
haber
evolucionado
las
condiciones

de
la
carrera
profesional
de
los
que
trabajan
en
investigación

si
existieran

culturas:

científica
,
tecnológica
e
innovadora,
entre
los
políticos
y
los
decisores

administrativos,
incluyendo
a
nuestros
parlamentarios.
Incluso
en
la
propia

sociedad,
aunque
hoy
hay
datos
demoscópicos
alentadores
a
este
respecto,
ya
que

las
encuestas
de
valoración
de
las
instituciones
han
venido
reconociendo
a
los

científicos
con
muy
altas
puntuaciones,
generalmente
ocupando
el
segundo
lugar

tras
los
médicos
a
los
que
han
sobrepasado
en
la
última
de
la
que
tengo

conocimiento,
publicada
a
final
de
año
en
el
periódico
El
País.
Estimo
que
estos

datos
justificarían
plena
y
socialmente
decisiones
en
la
dirección
de
crear
un

estatuto
especial
para
los

científicos.

Pero
cuando
mi
batalla
alcanzó
el

punto
culminante
fue
durante
el
debate

articulado
alrededor
de
la
elaboración
de
la

nueva
Ley,
recientemente
aprobada
y

ya
vigente,
la
denominada
Ley
de
la
Ciencia,
la
Tecnología
y
la
Innovación.
Tuve
la

oportunidad
gracias
a
la
generosidad
de
la
ministra
Doña
Cristina
Garmendia
de

formar
parte
del
Comité
de
Expertos
que
trabajó
en
la
elaboración
de
la
Ley.
Hubo

mucho
esfuerzo
respecto
a
este
tema

y
todo
en
vano.
En
un
debate
posterior,

celebrado
en
la
sede
de
un
partido
político,
que
fue
dirigido
y

presidido
por
el

entonces
Secretario
de
Estado
de

Investigación,
D.
Felipe
Pétriz,
volví
a
repetir
mi

reflexión
y
mi
reclamación.
El
Secretario
de
Estado
concluyó,
si
no
me
falla
la

memoria,
“Emilio
Muñoz
no
quiere
ser
funcionario”.
Creo
que
la
conclusión
no
era

muy
acertada,
ya
no
ha
habido
más
intervenciones
y
la
ley
está
ahí,
en
lo
que

considero
una
nueva
oportunidad
perdida
pero
aprobada
unánimemente
por
el

Parlamento.
Tengo
muy
claro

lo
que
reclamo
y
que
considero
sería
una

contribución
interesante
para
el
proyecto
de
una
España
que
dice-­-
que
dijo
sería

más
exacto
decir
si
se
me
permite
el
retruécano
porque
ya
parece
haberse

olvidado-­-

que
quiere
cambiar
el
modelo
productivo.

Por
cierto
un
comentario
respecto
a
lo
de
la
condición
de
“puesto
de

por

vida”,
esa
es
la
situación
que
se
alcanza
en
Estados
Unidos
cuando
alguien
que
ha

seguido
el
“tenure
track,”
lo
supera
y
consigue
el
“tenure”,
alcanza
la
estabilidad
de

por
vida
en
la
institución
en
la
que
lo
ha
realizado..

Un
país
que
no
cree
en
la

estabilidad
de
los
puestos
y
patria
del
liberalismo
bien
entendido
creó
una
fórmula

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