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VOL. 74 (1), 141-167, 2008 INFORMACIÓN ACADÉMICA
tada en la calidad y excelencia de nuestros investigadores, y la pro-
tección de los derechos de las personas implicadas en ella.
En los últimos años se ha apostado por el impulso en nuestro
país de una investigación científica moderna y competitiva con la
aprobación de la Ley de Investigación Biomédica, con medidas que
responden a los retos de todos conocidos: aproximación entre inves-
tigación básica y clínica, enfoque multidisciplinar, movilidad de los
investigadores y cooperación entre los sectores público y privado.
Con esta Ley los ciudadanos se van a poder beneficiar de los nue-
vos avances científicos en la prevención y tratamiento de las enferme-
dades con las máximas garantías éticas de calidad y seguridad.
Como decía, también es un momento de grandes desafíos econó-
micos. En un modelo de Estado Social como el que disfrutamos, los
responsables de las instituciones públicas en materia sanitaria tene-
mos la responsabilidad de garantizar que todos los ciudadanos pue-
dan acceder al conjunto de las prestaciones sanitarias en las que los
medicamentos constituyen un elemento básico, sin ningún tipo de
barrera económica, sin olvidar que debemos proteger a un sector tan
beneficioso, industrial y económicamente como el farmacéutico, para
el conjunto de la sociedad.
Nuestro modelo garantiza el acceso de nuestros ciudadanos a los
medicamentos que necesite y cuándo necesite, y debe seguir hacién-
dolo, y para ello se han introducido mecanismos correctores que van
a permitir garantizar la sostenibilidad financiera de nuestro modelo
sanitario.
El gasto en medicamentos en los últimos años se situaba en lími-
tes inasumibles que ponían en peligro, en un horizonte no muy le-
jano, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto,
ha sido una prioridad adoptar medidas que garanticen que nuestros
ciudadanos puedan disponer de medicamentos de calidad e innova-
dores adecuados a sus necesidades clínicas.
La aprobación de la Ley de garantías y uso racional de medica-
mentos y productos sanitarios proporciona un nuevo marco jurídico
que afecta al sector farmacéutico en su totalidad, y que desde una
filosofía basada en la transparencia, objetividad y cooperación intro-
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