1. INTRODUCCIÓN

El término Transición Española o, simplemente, la Transición define no solo un proceso político, sino también social por el que España pasó de ser un sistema autocrático – en definitiva, una dictadura encarnada en la figura del general Francisco Franco – a constituir una democracia plena, de forma pacífica, en un periodo relativamente pequeño de tiempo – en términos históricos – y con un amplio consenso de la población, hasta el punto de convertirse en modelo para otros países. Este proceso de cambio afectó a prácticamente a todas las estructuras del Estado y de la sociedad, haciéndolas más libres, democráticas, abiertas a la crítica y funcionalmente eficientes. Esto también incluye a la universidad española, que estaba anclada en modelos caducos, instalaciones obsoletas, endogámica, reprimida por la ideología reaccionaria oficial, carente de libertad de cátedra y con escasos recursos materiales. La facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid arrastraba los mismos problemas, experimentando un cambio notable en el periodo 1973-1978, que cubre la breve descripción y el análisis de este estudio

La reconstrucción de la verdad de un periodo pasado siempre se enfrenta a grandes dificultades para documentar y verificar los fenómenos sucedidos, a lo que hay que añadir el riesgo de interpretarlos de acuerdo con lógicas ajustadas únicamente a la actualidad y al propio historiador. Posiblemente, la historia no conoce rígidas normas de causalidad sino tan solo inciertas relaciones de probabilidad bayesiana asociando diferentes eventos. ¿Quién puede tener seguridad al interpretar a alguien que vivió en momentos y lugares cuando y donde los usos y costumbres, los ideales sociales y las expectativas personales eran diferentes a las actuales y, en muchos casos, hoy desconocidas? Cualquier realidad trasciende a su historiador, especialmente cuando éste ha sido protagonista directo de la propia historia, porque la memoria personal se comporta muchas veces como la gravedad, la geometría del espacio-tiempo, que deforma la trayectoria del haz de luz de la historia (1).

La historia es eso que sucedió gracias a cada uno de sus participantes, el resultado de las acciones e inhibiciones, ideas y emociones de todas – absolutamente todas – las personas, tanto como individuos o encarnando instituciones, organizaciones y colectivos, regulados o no por leyes. Además, la descripción de la historia o es sincrónica o tan solo será, como mucho, una bella narración, porque cualquier análisis de los eventos pasados que no considere rigurosamente y al mismo tiempo – sincrónicamente – los antecedentes y los cambios de las circunstancias económicas, climáticas, políticas, estructurales, lúdicas, relacionales, mediáticas, institucionales, religiosas, poblacionales – en su composición y migración – e ideológicas, entre otros muchos ámbitos, estará condenado a ser una publicación más con que rellenar las estanterías de la retórica inútil.

Por otro lado, al hablar o escribir sobre una determinada época de la historia, es habitual echar mano de alguna etiqueta que la describa (edad media, renacimiento, reconquista, ilustración, bárbaros, etc.), pero tales etiquetas suelen ofrecer una imagen excesivamente simple – y, por tanto, irreal – de la historia. Dividir a ésta en periodos temporales, territorios, movimientos políticos, filosóficos o religiosos, resumiéndolos con un único término, ofrece una imagen excesivamente simplificada y compartimentada de la realidad, y además introduce una forma particularmente insidiosa de sesgo que tiñe el fenómeno descrito con un color específico que condiciona su comprensión. La historia de la Transición Política Española también corre este riesgo.

La Transición del régimen político en España a mediados de la década de los 70 del siglo XX ha sido objeto de numerosos análisis, no siempre bien justificados y documentados. La manipulación y la ignorancia de eventos y contextos, y la animadversión personal – en un sentido u otro – no han estado ausentes en muchos de los análisis, especialmente de los procedentes de los extremos del arco iris político, confirmando que “las tiranías fomentan la estupidez”, como decían Jorge Luis Borges y, mucho antes que él, Aristóteles. Hacer historia es completamente diferente que adular al político en alza, al que decide el orden de las listas electorales, al que está dispuesto a todo – absolutamente todo – con tal de acceder o mantenerse en el poder. Por eso, es lamentable que haya historiadores y periodistas profesionales que se presten a ello; de hecho, probablemente no haya ningún gobierno u organización que en algún momento no haya subvencionado de forma generosa – con dinero público, por supuesto – a esos historiadores o periodistas, pistoleros de la pluma a sueldo, para alabar inexistentes virtudes, ocultar o justificar comportamientos bochornosos o incluso atroces, o convertir vergonzantes derrotas en prodigiosas victorias. España y sus nacionalidades no parecen ser una excepción (1).

Durante más de tres años, José Ángel Barberá Sáez, doctorando del Departamento de Historia de la Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, vino realizando un cuidadoso e ingente trabajo de investigación documental, buscando, seleccionando, ordenando, jerarquizando y dando sentido a una enorme cantidad de documentación – creó un archivo con más de 400 documentos escaneados y fotografías – en los departamentos, decanato y biblioteca de la facultad de Farmacia, así como en el rectorado de la Universidad Complutense, localizando en algunos casos documentos cuyos contenidos – e incluso existencia – eran ignorados por sus supuestos depositarios custodios.

Su tesis doctoral, titulada “La Transición en la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid”, estaba siendo codirigida por el Profesor Francisco Javier Puerto Sarmiento y por el autor de este artículo (Santiago Cuéllar), pero quedó inconclusa cuando ya se encontraba en muy avanzado nivel de desarrollo, como consecuencia del fallecimiento del doctorando. La bonhomía de José Ángel Barberá, su inagotable buen humor, su incompatibilidad con la hipocresía y la vanidad, su meticulosidad y capacidad de trabajo, y su permanente disponibilidad personal, dejaron un imborrable y entrañable recuerdo en todos los que le conocieron y, en especial, en los que tuvimos el privilegio de disfrutar de su amistad.

Sería no solo inadecuado historiográficamente, sino injusto pretender resumir en un artículo todos los sucesos, protagonistas, causas y consecuencias que ocurrieron y concurrieron en, por, con, antes y durante el complejo proceso de transitar la nación española desde un régimen autocrático hasta una democracia plena y constitucional de corte liberal, perfectamente equiparable a las existentes en los países políticamente más avanzados. Por ello, hemos elegido solo algunos fenómenos y anécdotas universitarias y políticas, centrándonos en ciertos rasgos que pueden ayudar a comprender – y, en su caso, a corregir la deformación interesada de la narrativa negacionista de determinados grupos políticos – lo que fue reconocido internacionalmente como un periodo extraordinariamente relevante y afortunado, aunque no exento de limitaciones y errores, de la historia de España, descendiendo desde lo más general de la política española y del ámbito universitario de aquel momento hasta algunas vicisitudes – unas entrañables y otras no tanto – de la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid.

La tesis fue estructurada con el objetivo de documentar la evolución de la facultad de Farmacia y el entorno universitario durante el periodo comprendido entre 1973 y 1978, por considerarlo particularmente relevante desde el punto de vista histórico, al incluir el atentado mortal contra el almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno en aquel momento, la muerte del general Franco, el autodesmantelamiento del régimen autocrático, las primeras elecciones democráticas y la aprobación de la Constitución Española. En resumen, un somero análisis histórico de la Transición política española, la universidad y la vida universitaria del país, con particular énfasis en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y su facultad de Farmacia. Esta última, obviamente, constituyó el grueso de la investigación historiográfica de la tesis de Barberá, centrándose en su organización general, decanato, departamentos y servicios, planes de estudio, profesorado y alumnado. Este artículo recoge apenas una pequeña parte – y de forma muy abreviada – de la amplia investigación documental de Barberá, como una muestra que pretende ser significativa de lo que supuso la Transición para la sociedad española, para su universidad – especialmente para la Universidad Complutense de Madrid, la mayor de España – y, en particular, para un grupo de personas que aspiraban a vivir una nueva realidad en la facultad de Farmacia de la UCM, tanto desde el estudio como desde la investigación y la docencia, que fuese mucho más luminosa y esperanzadora que la penumbra intelectual y la podredumbre ética que mantuvo el régimen dictatorial durante cuatro décadas. Hacerlo de forma exhaustiva, aportando además todo el material gráfico documental, estaría por completo fuera de los límites de este artículo, por lo que nos ceñiremos a unos pocos aspectos concretos pero suficientes para alcanzar una idea general, suficientemente representativa y coherente de este periodo.

2. LA TRANSICIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA

Probablemente, las dos ocasiones en las que España adquirió un especial protagonismo en la Historia Universal durante el siglo XX fueron la Guerra Civil y el proceso de tránsito desde la autocracia a la democracia. Sobre este último hecho, Santos Juliá (2) considera que la Transición ”fue la consecución de las expectativas de normalidad democrática de una sociedad que sólo reivindicó que se elevaran a la condición de normativo lo que socialmente era normal”. Para ello, la clase media española había ido experimentado un paulatino cambio social y cultural, donde muchos hijos de los vencedores de la guerra civil tomaron partido por la democracia y contra la dictadura, terreno en el que encontraron también a muchos hijos de los vencidos, como indica Juliá.

La Transición es una etiqueta demasiado simple para describir un amplio conjunto de graves cambios que no fueron instantáneos ni necesariamente coincidentes en el tiempo. Javier Tusell (3) considera que dentro del periodo de la dictadura España pasó de estar prácticamente subdesarrollada en los años cincuenta a ser en 1975, año de la muerte de Franco, uno de los doce países más desarrollados económicamente del mundo, haciendo más igualitaria a la sociedad española, una aspecto esencial que facilitó la evolución hacia un sistema democrático. Pero también contribuyó muy positivamente a la Transición la memoria de la guerra civil, como una catástrofe que no se debería repetir; por ello, el “cambio” que exigía aquella sociedad debía hacerse de forma pacífica, y en eso el conjunto de la clase política del momento mostró, en general, una gran altura de miras. Por añadir otro factor, entre otros muchos, que colaboraron en el éxito de la Transición cabe citar el aumento del contacto con el exterior y, en particular, con los países democráticos de Europa occidental, cuyas costumbres políticas “sonrojaban” al régimen de Franco, ayudando a que el autoritarismo perdiera terreno en la conciencia y costumbres de los españoles. Pero, quizá, una de las características que dan a la Transición Española su carácter particular es que fue planificada y ejecutada principalmente desde dentro del propio régimen dictatorial, sin que el ejército – cuyos altos mandos eran, en su gran mayoría, incondicionales seguidores del general Franco – pusiera dificultades especiales, ni aspirase a ningún tipo de protagonismo político, salvo a algunas contadas – aunque sonadas – ocasiones.

Una figura particularmente brillante del proceso fue Adolfo Suárez, sucesor de Arias Navarro en la presidencia del Gobierno pero, a diferencia de este último, con la inteligencia y la modestia necesaria para oír, aceptar consejos y plegarse a las circunstancias respetando la realidad, priorizando la necesidad de resolver las necesidades objetivas y las legítimas aspiraciones de la mayoría de los españoles. Como consecuencia, se cambió de manera radical la forma de tratar a la oposición política, con la que se iniciaron los primeros contactos. Como muestra relevante de ello, el Partido Comunista de España pudo presentar sus estatutos el 11 de febrero de 1977 en el Registro de Asociaciones, siendo el 9 de abril – Sábado Santo – el día de su definitiva legalización por parte del gobierno, noticia que fue anunciada a los españoles por el propio presidente del gobierno, Adolfo Suárez. Dicho anuncio dio la vuelta al mundo de forma instantánea, lo que convirtió en irreversible a la Transición.

A nivel universitario, un hecho destacable de este periodo fue la reintegración a sus puestos docentes de aquellos profesores que los habían perdido, como consecuencia de los sucesos estudiantiles del año 1965, provocando la separación de sus cátedras de José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo, Mariano Aguilar Navarro y Santiago Montero Díaz, que habían presidido asambleas y manifestaciones, y de Enrique Tierno Galván, acusado de incitar al desorden en una asamblea.

3. LA UNIVERSIDAD Y LA TRANSICIÓN

Para Rafael Puyol, exrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el año en que se produce una inflexión en la vida universitaria después del trauma de la guerra civil fue en 1956, año en el que tras los desórdenes producidos en la Universidad se detuvo a Dionisio Ridruejo, Rafael Sánchez-Mazas, José María Ruiz Gallardón, Gabriel Elorriaga, Enrique Múgica, Francisco Javier Pradera y Ramón Tamames, entre otros. Este episodio marcó un antes y un después en la actitud de la Universidad y de buena parte de los universitarios con el Régimen (4). El protagonismo de la Universidad en la contestación adquirió mayor dimensión paradójicamente gracias a una ley del propio Régimen: la Ley General de Educación (LGE; Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa), que modernizó la enseñanza universitaria. Esta Ley y los importantes cambios económicos que se habían producido en España vinieron a justificar el rápido crecimiento del sistema universitario, que en la UCM supuso llegar a los 100.000 alumnos en 1975.

Todas las encuestas de finales de los setenta indicaban que la mayoría de los españoles quería un sistema político de tipo europeo. Esa conexión con Europa vino de la mano de la economía, pero también de la sensibilidad europeísta de buena parte de la población y, en especial, de la Universidad española. Puede decirse que nunca como en la Transición la Universidad llegó a a tener un protagonismo y una influencia mayor en el devenir de la historia de España.

Para Alberto Carrillo-Linares (5), el movimiento estudiantil, junto con otros movimientos sociales, especialmente el obrero, llevó a cabo un fuerte desgaste de la dictadura. En parte por la acción de los partidos políticos – ilegales – con presencia en la Universidad y en parte por la dinámica propia, hizo que la Universidad fuera un espacio incontrolable para el Régimen, incapaz no solo de satisfacer las reivindicaciones planteadas por los estudiantes sino de ofrecer el menor diálogo, con una obcecada tendencia a recurrir a la represión policial, todo lo cual configuró un panorama desmotivante para la mayoría de los alumnos y muchos de los profesores más destacados. Carrillo-Linares considera que la Transición se “coció” en la Universidad más que en ningún otro lugar, debido a una generación con una cultura política que rompió de lleno con la construida, fomentada por el Régimen y que pretendía dejar en herencia el propio franquismo. Incluso llega a considerar que la ruptura fue cultural antes que política, en forma de música, hábitos, consumo, modas, y la aceptación como hecho normal de lo que era normal en la cultura occidental: divorcio, sexo, feminismo, etc. El aire de modernidad social penetró, más que por ningún sitio, a través de las aulas universitarias, a veces incluso contra la moral enquistada de muchos de los partidos de la oposición, incluyendo a algunos de la izquierda tradicional. Además, la Universidad formó profesional e intelectualmente a los cuadros técnicos y políticos que abanderaron, desde los despachos, la Transición. De hecho, la dotaron de contenido social, propiciando – entre otros aspectos – la progresiva incorporación de la mujer a la política.

Sin embargo, para el núcleo duro del régimen de Franco, el objetivo primario era erradicar la subversión en la Universidad, mediante cualquier medio. Carrero Blanco consideraba a los alborotadores universitarios como “una pandilla de ateos, drogadictos y anarquistas”. Así lo manifestó (6) con motivo del estado de excepción decretado en enero de 1969 a raíz de la agitación universitaria: “Respeto a la juventud, sí, pero no abandono de la misma a los impactos incontrolados y agobiantes que el mundo actual lanza sobre ella. La defensa de nuestra juventud de los embates que hoy se lanzan contra ella para corromperla moral y materialmente constituye nuestra más grave responsabilidad. El “dejar hacer”, el encogerse de hombros ante esta situación, aceptando cómodamente las consecuencias de esta ofensiva que la juventud padece como “moda de los tiempos” puede que no sea una figura de delito en los Códigos humanos, pero sí lo es ante la conciencia de cualquier hombre honrado y desde luego ante el juicio de Dios”.

En la figura 1 se muestra la foto de una asamblea con lanzamiento de octavillas en el vestíbulo de la Facultad de Derecho de la UCM, en 1973. El origen de esta fotografía es atribuido a la Brigada Político-Social (BPS) de la Policía; de hecho, pueden observarse dos pequeñas marcas señalando a dos estudiantes en torno a la pancarta con la foto de “Che” Guevara (los hemos enmarcado en la reproducción para facilitar su localización). En el margen de la foto original ponía “Identificar” (Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, OM-1284).

Figura 1

En la figura 2 se reproduce el número 17 (3 de mayo de 1974) de “Mundo Obrero Rojo”, como ejemplo de las numerosas publicaciones de organizaciones políticas de extrema izquierda que circulaban por la universidad en la aquella época.

Figura 2

4. LA TRANSICIÓN EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRD (UCM)

Todos los factores que impulsaron la Transición desde la Universidad española en general se reprodujeron en la Universidad Complutense de Madrid que, además, dispuso a partir de 1971 de unos Estatutos provisionales, por los que la hasta entonces Universidad Central pasaba a denominarse Universidad Complutense de Madrid (Decreto 3857/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos provisionales de la Universidad de Madrid). Estos Estatutos contemplaban entre otras cosas la autonomía de la UCM, la organización departamental, el Patronato de la Universidad y sus funciones, la representación estudiantil, etc. En los mismos Estatutos provisionales se contemplaba una duración de tres años hasta la aprobación de los definitivos; sin embargo, se prorrogaron dos veces, en 1974 y 1977, mediante sendas Órdenes Ministeriales.

Como Rafael Puyol indica, el desarrollo económico y la Ley General de Educación de 1970 propiciaron un importante crecimiento del alumnado universitario, que para la UCM supuso un problema de tal magnitud que el rectorado envió un informe al Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en 1976 denunciando la gravísima situación, tanto en el orden académico como en el económico.

Son multitud los documentos sobre las actuaciones de la fuerza pública – la Policía Armada, cuerpo antecesor de la Policía Nacional, conocida como “los grises” por el color de su uniforme – sobre los estudiantes, incluso hasta el fallecimiento “accidental” de algunos de los detenidos. Menos comunes son la reseñas periodísticas de las “actuaciones” de la fuerza pública sobre el profesorado. Sin embargo, están documentadas las quejas elevadas a los decanos y al rector por profesores de diversos centros, entre ellas la del profesor José Bedoya de la facultad de Farmacia (figura 3).

Figura 3

El rectorado venía obligado a emitir un “parte” diario mediante telefax dirigido al MEC de las actividades no académicas – o sea “subversivas” – que se produjeran en el campus. Estos partes eran obligatorios y diarios aunque no se hubieran producido incidentes. La Dirección General de Universidades e Investigación – ya en el año 1976 – dio las normas a seguir para mantener el orden público en la Universidad. Estos partes disminuyeron mucho en el año 1977 y ya no se encuentra ninguno de 1978, lo que hace suponer que se dejaron de emitir.

Un aspecto que puede parecer menor pero que no deja de ser parte y configura la historia de la Transición en la UCM, es el borrado o enmascarado de las pintadas políticas que “decoraban” profusamente el exterior – y a veces también el interior, no así en la facultad de Farmacia – de todos los edificios. Aquellas pintadas solían aparecer borradas al día siguiente con pintura gris o enmascaradas para hacerlas supuestamente ilegibles. La encargada de tales “borrados” era una empresa privada de pinturas y papeles pintados (figura 4), que cobraba puntualmente por su cometido, y en ocasiones, sus operarios tuvieron enfrentamientos con los estudiantes, por lo que la gerencia de la UCM consideró que estas actividades deberían hacerse fuera del horario lectivo y sería suficiente con hacer ilegibles las pintadas; en realidad, para la mayoría de los estudiantes de la época era evidente lo que las pintadas expresaban aunque fueran tachadas y lo que sí conseguía el “enmascaramiento” era ensuciar aún más las fachadas de las facultades.

Figura 4

Creemos importante dedicar un espacio al ministro Julio Rodríguez Martínez. Primero, por ser farmacéutico y además alumno del profesor Ángel Hoyos de Castro, decano de la facultad de Farmacia hasta el año 1975; y segundo, porque aunque su ministerio fue breve – apenas seis meses – puso “patas arriba” el sistema educativo español durante un curso lectivo con su “calendario juliano” y, en el caso específico de la UCM, con el agrio enfrentamiento con su rector por la creación de la llamada “cuarta Universidad de Madrid”, que estaría – presuntamente – repartida entre Madrid, Alcalá de Henares y Toledo, de tal manera que el Rectorado y la facultad de Medicina estarían en Madrid, las carreras de Ciencias en Alcalá y las de Letras en Toledo. El rector llegó a declarar que “la decisión del Ministerio había sido hecha para colocar fuera de combate a la Universidad de Madrid”.

Julio Rodríguez parecía manifestar una total sintonía con Carrero Blanco, siendo absolutamente beligerante contra la “subversión”, hasta el punto de manifestar que aquellos alumnos repetidores del curso selectivo (primero) eran ”fácil carne de cañón para los activistas”. Tampoco demostró especial simpatía por los profesores no numerarios (PNN), de los que llegó a afirmar que “con frecuencia, alumnos subversivos en junio se convertían en profesores ayudantes en octubre y hasta se encargaban de grupos de alumnos”. Su peculiar carácter político-religioso quedó plasmado en la misa funeral por Carrero Blanco, cuando Julio Rodríguez se negó a aceptar el saludo de la paz del arzobispo Vicente Enrique y Tarancón, incluso a pesar de que Franco había abrazado sollozando al entonces presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Julio Rodríguez Martínez (figura 5, de 1973) era doctor en Farmacia y en Ciencias Químicas, catedrático de Cristalografía y Mineralogía en la Universidad de Salamanca (1962) y en la Universidad Autónoma de Madrid (1968), de la que también fue rector (1972-1973) (7). Miembro del Opus Dei, procurador en Cortes entre 1971 y 1977, fue nombrado ministro de Educación del gobierno de Carrero Blanco el 9 de junio de 1973. A él se debe el “calendario juliano”, término humorístico con el que fue conocida su reforma del calendario académico universitario, que igualaba el año natural con el año académico (que en España finalizaba en aquella época a finales de junio y comenzaba entre mediados de septiembre y principios de octubre).

Figura 5

La reforma de Julio Rodríguez Martínez estableció el comienzo del curso el 7 de enero de cada año, acabando a finales del mes de diciembre. Dicho cambio, que solamente se llevó a cabo para el primer año de todas las universidades españolas, implicó que el curso que debía empezar en octubre de 1973 empezara en enero de 1974, con lo cual los estudiantes afectados tuvieron seis meses de vacaciones (aunque en muchos departamentos universitarios aprovecharon para adelantar la realización de las clases prácticas de algunas asignaturas). La medida produjo el rechazo general de la comunidad universitaria y de la administración de la época. Julio Rodríguez fue destituido como ministro el 3 de enero de 1974 y la Orden Ministerial que implantaba su “cambio” fue derogada a los pocos meses por un Decreto Ministerial de su sucesor en el cargo, Cruz Martínez Esteruelas, recuperando todas las universidades españolas el calendario ordinario al siguiente curso.

En lo que respecta al impacto del llamado “calendario juliano” en la facultad de Farmacia de Madrid, los más perjudicados fueron los alumnos que iniciaban su licenciatura en el curso 1973/74 que, en realidad, para ellos fue el “curso 1974/74” porque solo duró seis meses, de enero a junio. Fue la asignatura de primer curso Histología y Organografía Vegetal la más afectada, pues su periodo lectivo quedó reducido a dos meses por ser del segundo cuatrimestre. Como anécdota, el profesor Abad-Manrique, encargado de la misma, dijo con sorna el último día de clase: “tras esta breve introducción, doy por terminadas las clases”.

5.  LA TRANSICIÓN EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UCM

Entre las promociones de estudiantes, a la correspondiente al periodo 1973/78 le tocó vivir muy particularmente todos y cada uno de los acontecimientos académicos y políticos que caracterizaron el fin del franquismo y el inicio de la Transición en la UCM y en la facultad de Farmacia: el “calendario juliano”, el largo y accidentado desarrollo del Plan de Estudios de 1973; la desaparición de las oficialmente denominadas asignaturas complementarias, conocidas popularmente como “las marías” (religión, política y gimnasia); las primeras elecciones democráticas a delegados y la presencia por primera vez de alumnos en las juntas de facultad; los problemas suscitados por la creación de la facultad de Farmacia de Alcalá de Henares y la masificación de alumnos; y, anecdóticamente, la creación del Boletín Informativo de Farmacia por un grupo de alumnos.

Según indica Barberá – profesor ayudante de clases prácticas de Historia y Legislación – en sus notas para la tesis, algunos alumnos de primer curso de la promoción 2015/2016 dudaban de que en la Facultad de Farmacia, ni en el resto de la universidad, hubieran existido las “marías” y no entendían el significado de su presencia y aún menos su condición de obligatorias en una licenciatura universitaria. Obviamente, no habían leído los decretos de 1944 que implantaban dichas asignaturas, donde se especificaba cómo éstas “son imprescindibles para una completa compresión de la Química Orgánica, la Botánica o a la Bioquímica”, como luego veremos.

La Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y su Profesorado modificaba la estructura interna de los departamentos, justificándolo en que “el crecimiento del alumnado en las Universidades exige no sólo el adecuado acondicionamiento de espacios y el oportuno incremento de los medios didácticos, sino también y muy fundamentalmente la promoción de un Profesorado en número suficiente para que la relación alumno-profesor se mantenga en los términos reclamados por una enseñanza eficiente. (…) La estructura de la Cátedra, como la diferenciación del Profesorado, resultan hoy excesivamente limitadas. La realidad actual, y sobre todo, en relación con ella, el deber de proporcionar a nuestros estudiantes un clima más universal en su formación, obligan a una reconsideración de la situación presente en este aspecto fundamental de la vida universitaria”.

Esta ley – impulsada por José Luis Villar Palasí – también creaba la figura del “profesor agregado”, al que definía como “un nuevo tipo de Profesor universitario, de rango superior ya, en cuanto que dicta cursos regulares y dirige trabajos de investigación, pero en la generalidad de los casos sometido a la disciplina del Catedrático Jefe del Departamento al que figure adscrito por afinidad de contenido en su función docente”. Una importante novedad fue que el «Departamento» integraba a partir de entonces no sólo a estos profesores agregados, al equipo de profesores adjuntos, ayudantes, jefes de clínicas, laboratorios y seminarios, y personal investigador, sino también – en su caso – a catedráticos de disciplinas afines, “constituyendo una nueva unidad con auténtica coordinación en las enseñanzas, una mejor y más concentrada dotación de medios de trabajo y unos planes de investigación en ininterrumpido desarrollo que hagan de cada Departamento sede de un serio y bien atendido magisterio en su doble aspecto docente y creador”.

Dentro del periodo de nuestro estudio y por lo que respecta a la facultad de Farmacia, la estructura definitiva de sus Departamentos se culminó en 1974. Sin embargo, en aquel momento, los departamentos sólo agrupaban a una cátedra y el catedrático era además su director; es decir, en la práctica departamento y cátedra eran la misma realidad en la facultad de Farmacia y seguía imperando el sistema de cátedra única con la figura al frente del catedrático, con poderes prácticamente omnímodos. Esta situación era defendida algunos catedráticos de la época, como lo indican las manifestaciones del profesor Enrique Otero (figura 6, de 1973), con motivo de la creación de la facultad de Farmacia de Alcalá de Henares, quien propuso el 28 de junio de 1974 que en la nueva facultad se dotaran cátedras para todas las asignaturas “con el fin de evitar los departamentos interfacultativos”.

Figura 6

Algunas anécdotas sobre la vida cotidiana de la facultad pueden ayudar a comprender el ambiente que se respiraba en aquella época. Un ejemplo de ello son las clases teóricas de botánica impartidas por el profesor Salvador Rivas Goday. Barberá y el autor – entre otros alumnos de la época – pueden atestiguar la asistencia de alumnos de la vecina facultad de Medicina, que acudían para escuchar las anécdotas personales y los ingeniosos ejemplos con los que “don Salvador” ilustraba su docencia. Respecto a las excursiones botánicas al campo, era notable la presencia de “farmacéuticos consortes”, denominación empleada por el profesor Rivas para los novios – o aspirantes a serlo – que en muchas ocasiones estudiaban en otras facultades, pero que acudían a las excursiones para ayudar solícitamente a la recogida de plantas a sus respectivas o “futuras” novias, alumnas de Farmacia. Tampoco era infrecuente la asistencia a las citadas excursiones de jóvenes amigos y familiares – solo varones, eso sí – de alumnos de la facultad de Farmacia, atraídos por la presencia de alumnas, infrecuentes en el resto de las facultades de ciencias de la UCM – salvo Medicina y Enfermería – y, aún en mayor medida, en las escuelas de Ingeniería y Arquitectura de la vecina Universidad Politécnica de Madrid.

En 1973 la facultad de Farmacia se regía por un Reglamento de Régimen Interno, aprobado en febrero de 1972 por la junta de gobierno de la UCM, que pretendía regular todos los aspectos de la vida académica de la facultad. Uno de sus aspectos más curiosos era la composición de la Comisión del Patronato de la Facultad, determinada en el artículo 12 del citado Reglamento y que quedaba constituido por vocales representantes de la Real Academia Nacional de Farmacia, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) y del Sindicato Nacional de Industrias Químicas, sin olvidar los vocales más llamativos: los representantes de la Comisaría de Abastecimientos y Transportes (CAT) y de las Asociaciones de Padres de Alumnos y Exalumnos de la Facultad de Farmacia.

¿Por qué había un representante de la CAT en el Patronato de la facultad de Farmacia, un organismo creado en 1939 con la función de regular y controlar por el Estado el servicio de abastecimientos de primera necesidad y el racionamiento de los artículos de primera necesidad en España hasta 1952? En realidad, a partir de esa fecha, con la desaparición del racionamiento, la Comisaría empezó a perder competencias, pero a pesar de ello se mantuvo hasta 1981, año en que desapareció. El otro vocal “llamativo” fue el de las Asociaciones de Padres de Alumnos y Exalumnos de la facultad de Farmacia. Este vocal provenía de la LGE de 1970 que contemplaba por primera vez la creación de asociaciones de padres de alumnos que pudieran intervenir en los centros docentes (Título segundo. Centros docentes, artículo 57). No obstante, esto quedó en un mero enunciado y no se elaboró la normativa que hiciera efectivo el funcionamiento de tales asociaciones ni la presencia del vocal correspondiente.

También el Reglamento indicaba que la facultad formaba parte del Patronato Interuniversitario del Jardín Botánico de la UCM, que supuestamente se encargaría de dirigir las labores docentes interuniversitarias en el nuevo Jardín Botánico que se ubicaría en la zona comprendida entre las Facultades de Ciencias y Farmacia con una extensión de 80.000 metros cuadrados. Este Jardín Botánico tardaría 43 años en concretarse.

La Biblioteca de la Facultad que, según el Reglamento de Régimen Interno, formaba parte de la organización científica, administrativa y técnica, siempre mantuvo una notable falta de fondos bibliográficos, por lo que los alumnos de la época utilizaban su amplia sala y sus vetustas – aunque sólidas – mesas y sillas para el estudio o el intercambio de “apuntes” o de las publicaciones de los departamentos, que estaban rudimentariamente impresas o, simplemente, eran fotocopiadas ad infinitum.

6. ANTONIO DOADRIO LÓPEZ, EL DECANO DE LA TRANSICIÓN 

Antonio Doadrio López fue el auténtico “decano de la Transición” en la facultad de Farmacia, ya que como indicó el profesor Benito del Castillo (decano él mismo entre 1988 y 2008), fue a él a quien le correspondió hacer la auténtica Transición; en realidad, el profesor Ángel Hoyos de Castro fue decano hasta 1975, pero no tomó ninguna iniciativa en este sentido. Antonio Doadrio fue elegido para el cargo ese mismo año, desempeñándolo ininterrumpidamente hasta su jubilación académica, en 1986.

Contemplada casi medio siglo después de ese periodo, la figura de Antonio Doadrio López (figura 7, en 1975) se engrandece al valorar el esfuerzo, la inteligencia, la tolerancia y la diplomacia de las que hizo gala para dirigir con un delicado equilibrio la facultad de Farmacia, en un periodo extremadamente problemático que coincidió de lleno en lo político con la Transición, y en lo académico con la máxima masificación de la Facultad y la falta de medios y profesorado, tal como se aprecia en oficio remitido al rector de la UCM reflejado en la figura 8. También le “tocó” la culminación del Plan de Estudios de 1973, los acontecimientos desencadenados por los Pactos de la Moncloa, etc. Participó en las primeras elecciones democráticas a rector de la UCM, que tuvieron repercusión en la prensa general y en la que se calificaba al profesor Doadrio de demócrata.

Figura 7

Antonio Doadrio estudió la carrera de Farmacia simultaneándola con la de Ciencias Químicas, acabando sus estudios y el doctorado con Premio Extraordinario. Se incorporó como ayudante a la cátedra de Química Inorgánica y Analítica de la facultad de Farmacia de la Universidad Central, dirigida por su maestro el profesor Ricardo Montequi. Obtuvo por oposición la titularidad de dicha cátedra en 1964, y ese mismo año fue nombrado interventor general de la entonces Universidad Central (hoy UCM) y de ahí pasó a desempeñar el cargo de secretario general de la misma, para incorporarse en 1970 como subdirector general de Política Científica en el Ministerio de Educación y Ciencia hasta el año 1975, año que fue elegido decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (8).

Figura 8

Un rasgo que define al profesor Doadrio, más allá de sus virtudes docentes – muchos de sus alumnos, incluido el autor, consideraban sus clases como un ejemplo de sencillez expositiva, rigor y amenidad – y científicas, es su talante abierto y la cercanía mostrada con los alumnos, como decano y como profesor. Como ejemplo de ello, no solo no dificultó sino que ayudó decisivamente a la creación del Boletín Informativo de Farmacia (BIF), una publicación a cargo de un pequeño grupo de estudiantes, ofreciendo apoyo material – una máquina de escribir, un pequeño local en el sótano con mobiliario básico y 25.000 pesetas para financiar la tirada del primer número – con la única condición de tratar respetuosamente a todas las personas, aun pudiendo ser críticas con ellas, y en lo que respecta a la política actuar con prudencia, pero sin establecer ningún tipo de veto. En este sentido, es preciso recordar que cuando se produjo la propuesta de creación del BIF todavía era presidente del gobierno de España Arias Navarro, por lo que no cabe duda de que, como decano, asumió con gallardía un riesgo que otros no habrían aceptado, ante la posibilidad de que aquel pequeño grupo de estudiantes fuera, en realidad, una “célula” de algún partido radical de cualquier signo de los que en aquella época se asentaban en la UCM.

En las entrevistas concedidas al BIF, nunca eludió pronunciarse sobre todos los temas de cualquier índole que le plantearon, desde la gestión interna de la propia facultad a temas profesionales y políticos. Un elemento a destacar es – utilizando sus propias palabras – su “ilusión por la creación del Boletín Informativo de Farmacia, que cubre la falta de una verdadera organización estudiantil”.

7. LAS “MARÍAS”  (Asignaturas Complementarias)

Las llamadas oficialmente “asignaturas complementarias” o “asignaturas no facultativas” – Formación Religiosa, Educación Física y Formación Política – que coloquialmente eran conocidas entre los alumnos como “las tres marías” o simplemente “las marías”, tienen un indudable interés histórico porque, como decíamos, hay alumnos actuales que llegan a cuestionar su existencia en el pasado. Y, sin embargo, tuvieron un impacto académico real, puesto que era indispensable aprobarlas para obtener el título de licenciado, arquitecto o ingeniero en cualquier centro universitario español de la época.

Oficialmente, estas asignaturas se consideraban “imprescindibles para dotar a los estudiantes universitarios de un bagaje moral y humanístico que los convertiría en las futuras clases directoras de la Patria a tono con las tradiciones seculares más arraigadas, con el espíritu animador de nuestra triunfadora Cruzada y con los nobles afanes de nuestros siglos más gloriosos”. Tan importantes se consideraban que había que aprobar la religión en cuatro cursos y tres de política y gimnasia, dentro de los cinco cursos (aunque llegó a tener seis anteriormente) que constaba la licenciatura en Farmacia.

Un decreto de 26 de enero de 1944 (BOE de 8 febrero), estableciendo en la Universidades españolas la enseñanza religiosa, dio lugar a la creación de cátedras de religión como “una necesidad urgente para los alumnos, ya que sin ella ni siquiera les sería dado entender nuestra literatura clásica (…) y mucho menos entenderían la Bioquímica, la Química Orgánica o la Farmacia Galénica”.

Incluso el año en el que comienza nuestro estudio – 1973 – se publicó una resolución de la Dirección General de Universidades en la que se indicaba que la enseñanza de la religión formaría parte, con carácter obligatorio, de la enseñanza de todas las Universidades, tanto estatales como no estatales. Sin embargo, perdió tal carácter en diciembre de 1976 y, de hecho, en esa época el único requisito real para aprobar la asignatura era recoger – sin ninguna otra exigencia – la “papeleta” con la calificación de aprobado en la conserjería de la facultad un día del mes de junio, pertinentemente anunciado en el tablón de avisos fijado en las columnas del vestíbulo de entrada.

Por su parte, el establecimiento de “cursos de formación política” se justificaba en el Decreto de 29 de marzo de 1944 (BOE de 10 abril) por la necesidad de “inculcar en los estudiantes una conciencia activa del servicio a Dios y a la Patria, ya que sin esta formación adicional de las aulas saldrían profesionales y técnicos, pero nunca hombres completos”. Además la asignatura permitiría al estudiante adquirir “un fervor lúcido y profundo a España”. A diferencia de la religión, de esta asignatura sí hubo exámenes, aunque en ellos era práctica común copiar ad libitum las respuestas de un libro de texto o incluso suplantar a un alumno examinando por otra persona, sin que los cuidadores del examen pusieran excesivo celo en evitarlo (de hecho, no había comprobación documental y la vigilancia era muy laxa).

Respecto a la asignatura Educación Física, en el correspondiente Decreto de 29 de marzo (en el mismo BOE que el formación política) se indicaba que su finalidad era la de “romper la rutina del estudiante y renovar el empeño y la energía en la vuelta al estudio”. Es curioso ver la lista de deportes obligatorios y optativos distintos para alumnos y alumnas, con la particularidad de que estas últimas tenían como opción la de “bailes populares”, pero no así el fútbol, el esquí o la natación, que sí eran deportes admitidos para los alumnos varones.

Los alumnos y alumnas de la facultad de Farmacia tenían dos formas de aprobar la asignatura Educación Física: realizar 15 asistencias al gimnasio de la Facultad, en el que durante una hora y media se efectuaban – dirigidos por un profesor de educación física – tablas de ejercicios en distintos aparatos (espalderas, escalera, cuerdas, potro, etc.), o bien inscribirse en el Club Deportivo de la Facultad a uno de los deportes que éste ofreciera.

Para la administración educativa de la época, el idioma era menos – bastante menos – importante que la religión, la política y la gimnasia; para los alumnos, era la “cuarta maría”. De hecho, la normativa de 1954 solo obligaba a cursar el idioma un único año lectivo. En 1973, con la implantación del primer ciclo del Plan 73 y la modificación del mismo en 1975, se mantuvo un solo curso académico para el Idioma (inglés, francés o alemán) y no se citaba la obligatoriedad – que sí se contemplaba en 1965 – de que el alumno debía cursar un idioma distinto al del bachillerato. El examen solía consistir en la traducción al castellano de un párrafo – poco más de diez líneas – de un texto técnico o científico, para la cual se permitía el uso de diccionario.

8. ¿Y USTED A QUÉ PLAN DE ESTUDIOS PERTENECE?

Las vicisitudes por las que pasó la creación e implantación del Plan de Estudios de 1973 de la facultad de Farmacia ponen de relieve el despiste generalizado de alumnos y profesorado sobre el mismo. Un muestreo realizado por el Boletín Informativo de la Facultad (BIF) indicó que solo el 53% de los encuestados sabían a qué Plan pertenecían (73 o 65).

Los motivos de este despiste general son diversos. De un lado, la larga gestación que arranca en 1970 con la LGE y no culmina hasta septiembre de 1978. Por otro, la incorporación o desaparición intermitente de algunas asignaturas, cuyo ejemplo más paradigmático es el de la Biología de primer curso. Así, en la reunión de la junta de facultad de mayo de 1970, para establecer las asignaturas del nuevo Plan de Estudios, se propuso la desaparición de la asignatura de Biología del primer curso, que era sustituida por las dos Histologías y Organografías (Animal y Vegetal).

Pero un año más tarde, en mayo de 1971, se propuso de nuevo la Biología como asignatura de primer curso a costa de la desaparición de las Histologías, aunque incluyendo como asignatura de segundo curso la Edafología; apenas un mes después, una nueva junta de facultad hace reaparecer en primer curso a las dos Histologías más la Biología y añade en segundo año la Parasitología. Ya en 1973 una resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación (DGUI) ratificaba la presencia en primer curso de las facultades de Farmacia de la Biología y las dos Histologías; y a finales de ese mismo año otras dos resoluciones del mismo organismo vuelven a ratificar las asignaturas de primer curso y el segundo curso con las asignaturas de Parasitología y Edafología.

Pero en abril de 1975 en junta de facultad se aprueba una nueva modificación del primer ciclo del Plan del 73, volviendo a desaparecer la Biología de primero, aunque en la propuesta “camuflaba” esta desaparición denominando Biología I a la Histología y Organografía Animal y Biología II a la Histología y Organografía Vegetal; además se eliminaba la Edafología de segundo curso. Apenas tres meses después, en julio, una nueva resolución de la DGUI, refiriendo un acuerdo de los decanos de farmacia, plantea un primer curso exactamente igual al del Plan 65; es decir, con las asignaturas de: Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología. Pero de nuevo, en mayo de 1976, en junta de facultad se acuerda eliminar la Biología de primer curso y sustituirla por las dos Histologías. Incluso en octubre del 77 la junta se dedicó a alcanzar un acuerdo sobre la Biología. No fue el único caso, ya que las Técnicas Instrumentales ascendían cada cierto tiempo del segundo al tercer curso, para descender de nuevo al segundo poco tiempo después.

Con esta larga gestación del Plan de estudios de 1973 y del “ser o no ser” de la Biología y las Histologías en el primer curso del citado Plan, los principales perjudicados fueron los alumnos de la promoción 73/78, que tuvieron la “suerte” de cursar un primero – curso 1973/74, en realidad 1974/74 – sobrecargado con 7 asignaturas en el más corto periodo lectivo (seis meses, no olvidemos el “calendario juliano”); es decir, con la Biología y las dos Histologías, además de las Matemáticas, Física, Química y Geología. Por si esto fuera poco, cuando llegaron a segundo curso – 1974/75 – también fueron “agraciados” con un curso desmesurado, formado por asignaturas tan densas como Química Orgánica, Botánica, Química Inorgánica y Físico-Química, a las que añadieron Parasitología y Edafología como asignaturas cuatrimestrales (la Edafología figuró solo en ese curso como asignatura de segundo año). Para rematar la andadura de los alumnos de la primera promoción del Plan 73, al llegar a cuarto – curso 76/77 – se encontraron que no existía el segundo ciclo del Plan 73, por lo que hubo que improvisar un cuarto y un quinto cursos a partir de los del Plan 65.

9. LA FACULTAD DE FARMACIA DE ALCALÁ DE HENARES

Otro hecho que se produjo durante la Transición y que tuvo su repercusión en la facultad de Farmacia de Madrid fue el de la creación de la facultad de Farmacia de Alcalá de Henares. Un complicado proceso que incluyó el enfrentamiento entre el ministro Julio Rodríguez y el rector de la UCM Ángel González, por la ya comentada cuarta universidad de Madrid. En el caso de Farmacia, la falta de planificación y, en no menor medida, las rencillas entre el profesorado provocaron importantes molestias a los alumnos, sometidos a un continuo “ir y venir” entre las facultades de Alcalá y de Madrid. Tras un primer curso en Alcalá, los alumnos tuvieron que ir a la facultad de Madrid para incorporarse al segundo curso en el periodo lectivo de 1976/77, con el consiguiente incremento de alumnos pero sin dotación suplementaria de profesorado de la facultad de Madrid. Pero, además, algunos docentes de la facultad de Madrid cuestionaron el hecho de que la mayoría del profesorado de la nueva Facultad de Farmacia no fuera farmacéutico, ni estuvieran claramente definidos los programas de las asignaturas que se impartían allí.

10. LOS ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UCM

El periodo estudiado se caracteriza por un importante crecimiento del número de alumnos. La facultad de Farmacia de Madrid fue diseñada para albergar a un máximo de 1.500 alumnos, cifra que en realidad ya se había alcanzado en el curso 1949-1950, con 1.5441 alumnos matriculados, de los que el 53% eran varones. El curso 1951/52 fue el primero en el que las mujeres matriculadas (1.024) superaron (55 vs. 45%) a los varones (831). El doble de la capacidad original se alcanzó en el curso 1971/72, en el que se matricularon 2.986 alumno/as. Dentro del periodo 1973/78 la evolución de la población estudiantil de la Facultad de Farmacia de la UCM fue la siguiente, según el Instituto Nacional de Estadística:

• Curso 1973/74: 4.354 alumno/as matriculado/as (65% mujeres)
• Curso 1974/75: 5.331 (67%)
• Curso 1975/76: 6.067 (69%)
• Curso 1976/77: 6.310 (67%)
• Curso 1977/78: 7.014 (69%)

En el curso 1978/79 se inició el descenso de la población estudiantil de la facultad de Farmacia de la UCM, con 6.079 alumnos (71% mujeres); descenso que continuó en el curso 1979/80, (5.857 alumno/as) y se mantuvo a lo largo de la década, en la que en ningún año se llegó a los 5.000. En los noventa continuó esta tendencia a la baja de la población de estudiantes (menos de 4.000 en el curso 1996/97), que en el año 2014 apenas superó los 2.000 (2.039).

En la junta de profesores numerarios del 19 de octubre de 1973 el profesor Ángel Santos-Ruiz pidió la limitación de ingreso de nuevos alumnos ante la masificación de determinadas clases, sobre todo en los dos primeros cursos; tras la discusión correspondiente, se acordó que se hacía imperativo limitar el número de alumnos de nuevo ingreso. El profesor Santos-Ruiz volvió a reiterar la petición de limitación de ingreso de nuevos alumnos en la junta del 4 de febrero de 1974 y en la del 26 de octubre pidió no admitir matrícula de alumnos libres en primer curso del Plan 73 para curso 1974/75.

En la junta de facultad celebrada el 15 de julio de 1975, el decano (Dr. Doadrio) informó que se habían presentado 1.511 solicitudes de ingreso en primero, pero que solo se admitirían 400, que era la cifra máxima para la disponibilidad de aulas, laboratorios y profesorado. Por otro lado, el profesor Guillermo Folch indicó que además de los alumnos de nuevo ingreso había otras formas de acceso a la Facultad: alumnos provenientes de colegios universitarios, convalidaciones, traslados, etc., que planteaban sobre todo problemas de masificación en cuarto curso. En la junta del 22 de septiembre de 1976 la Comisión de Admisión y Régimen de Alumnos propuso que el número máximo de alumnos que pudieran matricularse en primero fuera de 300; no obstante, al final se fijó en un máximo de 500. En el acta se reflejó que el problema de la masificación se agravaba con el incremento de alumnos en 2º y 3º curso, debido a los procedentes de Alcalá y del CEU que había que admitir obligatoriamente, pues ya eran estudiantes de la Universidad Complutense. Se decidió por unanimidad no admitir las solicitudes de admisión de alumnos rechazados en Medicina, que pusieron como segunda opción Farmacia, considerando que había alumnos que habían señalado Farmacia como primer opción y que no habían sido admitidos.

La junta de facultad del 16 de septiembre de 1977 decidió remitir un escrito al rector consistente en pedir la impugnación del Decreto 2116/1977 de 23 julio, sobre Acceso a las Facultades, Escuelas Técnicas Superiores y Colegios Universitarios, ratificando la decisión de no admitir más de 400 alumnos en primero y si se obligara a admitir a más alumnos se pedía que se dotara a la Facultad de los medios necesarios para su atención. A este respecto, el profesor Enrique Otero indicó: “Que como jefe del Departamento de Físico-Química y Técnicas Instrumentales, declino toda responsabilidad por las posibles deficiencias en la calidad de las enseñanzas, especialmente prácticas, que inevitablemente se producirían por la masificación del 2º Curso y que si no se encuentra la compensación debida por parte del alumnado, se podría llegar a situaciones límite que afectarían a las actividades docentes de todo el Departamento, que originarían su suspensión.”

Ya en 1978, la junta de facultad celebrada el 3 de mayo, el profesor Miguel Ladero incidía de nuevo en el hecho de la incorporación de nuevos alumnos a la Facultad en los diversos cursos evitando el control de la Comisión encargada de este tema, como era el caso de las convalidaciones, traslados, etc. El 20 de octubre de 1978 se celebro otra junta en la que se acordó no admitir a más de 250 alumnos en primer curso; y el 27 de octubre, en reunión de la Comisión Permanente se planteó el problema de los alumnos rechazados en Medicina y que habían indicado Farmacia como segunda opción, acordándose no admitir a: “aquellos que han solicitado estudiar en el CEU, los que ya tienen una licenciatura, los alumnos extranjeros que dependan de otras universidades y aquellos que en su solicitud no han escrito de su puño y letra la carrera de Farmacia en 2º lugar”.

Un hecho relevante fue el del número de alumnos “libres” de la Facultad de Farmacia de Madrid: 19% en el curso 74/75; 25% (76/77) y 12% (77/78). Esta situación perjudicó la adjudicación de dotaciones presupuestarias para la Facultad, ya que estas se hacían en función del número de alumnos oficiales de las facultades. En la junta celebrada el 26 de marzo de 1977 se acordó suprimir la enseñanza libre y que los alumnos libres fueran considerados como alumnos oficiales, u oficiales autorizados a los que administrativamente no pudieran hacerse oficiales.

11. EL (CAMBIANTE) RÉGIMEN ACADÉMICO

Para ingresar como alumno de primer año en la facultad de Farmacia de la UCM, el futuro alumno debía haber sido admitido previamente por la Comisión correspondiente (artículos 78 a 82 de los Estatutos provisionales). Para efectuar la matrícula de primer curso, los nuevos alumnos admitidos debían presentar una copia compulsada del DNI, un certificado médico (incluyendo la indicación de estar vacunado contra el tifus y la viruela, y de no padecer enfermedad infecto-contagiosa), un certificado oficial de aprobación de las Pruebas de Madurez del Curso Preuniversitario o, en su caso, del Curso de Orientación Universitaria (COU), y cinco fotografías tamaño carnet. En el caso de las alumnas, adicionalmente, debían presentar un certificado oficial de haber realizado el Servicio Social (figura 9); obligación legal que se mantuvo hasta 1978 (Real Decreto 1914/1978, de 19 de mayo, por el que se suprime el Servicio Social de la Mujer).

Figura 9

En las facultades experimentales (Ciencias, Farmacia, Medicina y Veterinaria), el importe de la matriculación para el curso 1973/74 era de 3.000 pesetas para el curso completo, más 185 por tasas de secretaría y 171 para el seguro escolar, hasta totalizar 3.354 pesetas (figura 10). El importe de la matrícula de curso completo y las asignaturas fundamentales sueltas se fue incrementado hasta las 10.625 pesetas del curso 1977/78, lo que supone un aumento del 254%; mientras que el índice de precios al consumo (IPC) en el mismo periodo creció el 103%, según el INE.

Figura 10

Según el Instituto Nacional de Estadística (9), la variación del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre enero de 1974 (en lugar de septiembre de 1973, debido al retraso producido en el inicio del curso 1973/74, como consecuencia del “calendario juliano”) y septiembre de 2021 (curso 2021/22) es del 1.505,8%. Esto supone que el coste de matriculación del primer curso completo en la facultad de Farmacia de la UCM se ha multiplicado por 5,3, pasando de las 3.355 pesetas (20,13€) de enero de 1974 a los 1.603,17€ que costaba la matrícula en septiembre de 2021(10), en lugar de los 303,12€ que corresponderían aplicando el crecimiento medio del IPC durante el periodo de enero 1974 a septiembre 2021.

Como ya se ha indicado, los alumnos podían cursar los estudios como alumnos oficiales o libres. Estas dos modalidades venían establecidas desde 1949, por la Ley de 16 de julio de 1949 por la que se reforma el artículo 18 de la de Ordenación Universitaria de 29 de julio de 1943, especificando que “la enseñanza libre será la cursada por aquellos alumnos que, no estando adscritos a la enseñanza anterior [oficial], realicen las pruebas de examen en la Universidad, por asignaturas y ante Tribunales compuestos por Catedráticos y Profesores de la misma, designados por la autoridad universitaria competente. Los alumnos de enseñanza libre pertenecientes a las Facultades de Ciencia, Medicina, Farmacia y Veterinaria habrán de presentar, a los efectos de ser admitidos a examen, la certificación de haber realizado los trabajos prácticos correspondientes en la Universidad o en establecimientos o Centros que antes de comenzar el curso académico hubiesen sido autorizados por el Rector, a propuesta de la Junta de la Facultad respectiva, para expedir tales certificaciones”.

En su artículo 70, respecto a los alumnos oficiales, la Ley de 1943 especificaba que estos deberían “asistir obligatoriamente a las lecciones, tanto de cursos facultativos como de enseñanza religiosa, o de los Institutos Escuelas, a las de formación política y demás enseñanzas complementarias, y obtener, según las normas de esta Ley, la dispensa de escolaridad establecida para los diversos estudios”. En 1967, un decreto de 31 de mayo regulaba la asistencia a clase de los alumnos y las convocatorias de examen en cursos no selectivos. Se motivaba el decreto por “la imperiosa necesidad de velar por el mejor rendimiento de la enseñanza, que obliga a condicionar la asistencia a clase y convocatorias de examen de acuerdo con criterios objetivos de aprovechamiento escolar universalmente establecidos, con garantías suficientes para los alumnos y mejores posibilidades para sus estudios”. Así, el artículo primero suprimía la asistencia obligatoria a clase y a las demás actividades docentes de los alumnos libres en las Universidades con más de diez mil alumnos oficiales; en el resto de las Universidades la propuesta quedaba a criterio de los rectores.

El artículo segundo determinaba que en todas las Universidades los alumnos dispondrán de cuatro convocatorias de examen consecutivas en cada disciplina, contemplándose la posibilidad de que la cuarta convocatoria pudiera hacerse ante un tribunal si el alumno lo solicitaba; pero esta circunstancia solo podría utilizarse en tres ocasiones durante toda la licenciatura. Además, si no se aprobaba la asignatura en las cuatro convocatorias el alumno no podría continuar sus estudios en esa Universidad, debiendo trasladarse a otra si quería continuar los estudios universitarios. El decreto también regulaba, en su artículo tercero, el paso a un curso superior con asignaturas fundamentales pendientes: una sola si el curso superior tuviera tres asignaturas; dos si tuviera cuatro o cinco; y tres si fuera de de más de cinco asignatura.

La asistencia obligatoria a clase de los alumnos oficiales se regulaba en el artículo cuarto, que también indicaba cómo llevar a cabo el control. “Un número de faltas, sin justificación, superior a veinte lecciones teóricas de clase alterna o a diez de las experimentales o de seminario determinará la pérdida de la convocatoria ordinaria [la de junio] de exámenes de la asignatura correspondiente”.

Sin embargo, apenas quince días después se publicaba una Orden con normas aclaratorias al decreto del 31 de mayo. Solo para las convocatorias del curso académico 1966/67, se autorizaba a los rectores a dispensar convocatoria atendiendo a circunstancias personales del alumno relacionadas con planes de estudios de las distintas facultades, matriculaciones obligadas por exigencias administrativas, distinta ordenación de enseñanzas teóricas y prácticas en una misma asignatura y cualesquiera otra de análoga naturaleza. Una nueva Orden de 10 de septiembre de 1968 volvía a modificar al Decreto del 31 de mayo de 1967, concretamente a su artículo segundo en la se indicaba que además de las cuatro convocatorias consecutivas en cada disciplina con carácter oficial, en caso de agotarlas el alumno podría continuar los estudios como alumno libre y sin limitación de convocatorias.

En junio de 1969 se regulaba el “curso selectivo” en las Facultades mediante el Decreto 1419/1969, de 26 de junio, por el que se refunden las normas sobre el curso selectivo en las Facultades Universitarias. La justificación de esta regulación era la necesidad de unificar la norma, debido a las diferencias existentes entre facultades, que mientras unas aplicaban el carácter de selectivo a dos cursos – como en Filosofía y Letras – en otras no existían cursos selectivos – como en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales – y en otras estaba implantado en uno, como era el caso de la facultad de Farmacia. La norma establecía que “en todas las facultades el primer curso de la licenciatura tendría carácter selectivo”, lo que suponía que habría que aprobar todas las asignaturas del citado curso para pasar al curso segundo. Además, contemplaba que si un alumno agotaba las cuatro convocatorias oficiales podría pasar a la condición de alumno libre con otras dos convocatorias; solo en el caso de no aprobar tampoco la asignatura en estas dos convocatorias el alumno no podría continuar los estudios en la misma Facultad de cualquier Universidad que tuviese el mismo curso selectivo. Asimismo, establecía que para presentarse a la tercera convocatoria habría que tener al menos una asignatura aprobada del curso selectivo, y para presentarse a la primera convocatoria libre deberían ser al menos dos las asignaturas aprobadas.

La dispensa de convocatoria se podría otorgar “cuando por circunstancias dignas de especial consideración el alumno desee no tomar parte en una convocatoria en la que estuviese matriculado, solicitará del rectorado respectivo, por instancia presentada con la debida antelación, que no se le compute tal convocatoria. Esta dispensa solo se concederá, mediante una justificación suficiente, por razones de trabajo, de enfermedad plenamente comprobable o circunstancias personales extrañas a la voluntad del alumno y suficientemente estimables.

El motivo del Decreto-ley 9/1975, de 10 de julio, de garantías para el funcionamiento institucional de la Universidad era “corregir la grave situación en que se encontraba la Universidad por las alteraciones del orden académico durante el curso 1974/75 y para evitar una permanencia indefinida o en exceso prolongada de los estudiantes en la Universidad con evidente perjuicio para el interés general y para otros estudiantes merecedores de acceder a la misma”. Para esta segunda premisa se decretaban medidas para limitar el tiempo de permanencia en la Universidad, estableciéndolo en “el tiempo correspondiente a la duración de la licenciatura en cada plan de estudios más dos cursos más”.

Esto suponía que en la facultad de Farmacia el tiempo máximo para finalizar la carrera era de siete años. Se determinaba, además, que los alumnos oficiales y libres tendrían derecho a cuatro convocatorias de examen en cada asignatura, “que no podrán ser objeto de dispensa, se computarán sucesivamente y se entenderán agotadas en cada caso aunque el alumno no se presentase a examen, salvo enfermedad u otra causa que merezca análoga consideración, las cuales serán objeto de verificación oficial”.

Este decreto fue modificado un año después por el Real Decreto-ley 8/1976, de 16 de junio, por el que se modifica parcialmente el Decreto-ley 9/1975, de 10 de julio, “por la incidencia de nuevas situaciones académicas, como la renovación de los planes de estudio y el régimen de duración de muchas carreras, y porque además, dentro de unos límites establecidos, estas regulaciones deberían ser potestad de las Universidades de acuerdo con sus Estatutos, lo que permitiría adecuar tan importantes cuestiones a las peculiaridades de cada Universidad y de cada Centro”.

La nueva normativa especificaba que la permanencia en la universidad de los alumnos se regularía por los Estatutos correspondientes, y en todo caso, esta no podría ser menor a dos cursos más de los previstos para la licenciatura. Igualmente, el número de convocatorias también serían reguladas por los Estatutos de cada universidad, que no podrían ser menos de cuatro ni más de seis, y en los exámenes en las dos últimas convocatorias tendrían lugar ante tribunales formados por tres profesores numerarios designados por la facultad. Los alumnos de primer curso que no aprobaran ninguna asignatura en las convocatorias de junio y septiembre de un año académico y no hubieran tenido dispensa de convocatoria no podrían continuar los estudios en la facultad, aunque podrían iniciar estudios en otro centro. Si en este nuevo centro tampoco aprobaran ninguna asignatura de primero entre junio y septiembre no podrían cursar en lo sucesivo estudios universitarios. Este último supuesto podría preverse en los Estatutos para aplicarse también a los alumnos de segundo y tercer curso de licenciatura.

A pesar de las restricciones que legalmente estaban establecidas para la dispensa o “anulación” de convocatoria, para conseguir esta dispensa en la facultad de Farmacia de Madrid bastaba presentar, dentro del plazo que se establecía, una instancia dirigida al decano solicitándola. Esta instancia inicialmente manuscrita por el propio alumno pasó a disponer de un modelo de instancia elaborado por la propia Facultad, que acabó convirtiéndose en una simple cuartilla en la que solo había que indicar el nombre del alumno, número de expediente y matrícula, y las asignaturas cuya convocatoria se anulaba. Esta práctica dio lugar a una gran cantidad de solicitudes, lo que fue objeto de consideración en junta de facultad; así, en la celebrada el 21 de enero de 1977, el secretario de la facultad, profesor Manuel Ortega Mata, proponía que de las solicitudes de anulación presentadas en el plazo determinado se pasara copia a los departamentos respectivos, para que estos pudieran, en el momento de elaborara las actas de los exámenes, indicar ya en las mismas: “dispensado” o “convocatoria anulada”, o bien “no presentado” en el caso de que no existiera la solicitud de anulación y el alumno no se hubiera presentado al examen.

Existía la convocatoria extraordinaria en febrero para aquellos alumnos con asignaturas pendientes; en caso de no aprobar tales asignaturas en esta convocatoria, al alumno sólo le quedaba en ese curso otra convocatoria – junio o septiembre – para esa asignatura. Se permitía en esta convocatoria hasta examinarse de un máximo de tres asignaturas pendientes fundamentales.

12. ENTIDADES REPRESENTATIVAS (O SEA, ASCIACIONES) DE ESTUDIANTES EN LA FACULTAD DE FARMACIA DE LA UCM

Los cambios sociales y crecimiento de la población en las grandes ciudades venía ya originando en la década de los 60 del pasado siglo importantes dificultades en la enseñanza universitaria, lo que motivó el Decreto-ley 5/1968, de 6 de junio, sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, en cuyo preámbulo se señalaba que las “circunstancias sociales obligaban a cambiar la estructura de la Universidad española”.

En principio, el Decreto-ley solo afectaría a los nuevos centros docentes que se creaban en virtud del mismo – las Universidades Autónomas de Madrid (UAM) y de Barcelona (UAB), entre otros – sin alterar la regulación de los ya existentes. Sin embargo, autorizaba la reestructuración de los distritos universitarios existentes con el fin de distribuir más adecuadamente a los alumnos, incrementando asimismo – en 200 – la plantilla de catedráticos numerarios de Universidad y las dotaciones de profesores adjuntos, con el fin de conseguir una media de 50 alumnos por profesor.

Un aspecto interesante del mencionado Decreto-ley es lo referente a las asociaciones de estudiantes, sobre las que indicaba que “el Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia, podrá autorizar, en las Universidades existentes o de nueva creación, la constitución y organización de entidades representativas de estudiantes que permitan canalizar sus aspiraciones en cada Facultad o Universidad, siempre que aquéllas sean solicitadas por el porcentaje mínimo que se determine del alumnado del Centro”. Para regular estas entidades representativas de estudiantes, se publicó el Decreto 2248/1968, de 20 de septiembre, sobre Asociación de Estudiantes, que mantuvo su vigencia legal durante el periodo de nuestro estudio (1973-78).

Estas asociaciones de estudiantes estaban inspiradas y orientadas por y para fines específicamente universitarios de fomento y de creación de bienes culturales, de formación humana y profesional responsable, pero sin olvidar “el respeto al orden jurídico que permitían la convivencia y armonía de los diversos sectores de la Nación”, pudiendo ser promovidas solo por los alumnos que se hallasen en pleno uso de sus derechos académicos, es decir, que no hubiesen sido “expedientados”. El número de promotores debería ser de al menos el 5% de los alumnos oficiales del centro o ámbito en el que la asociación pretendiera circunscribirse y formado por 50 alumnos, al menos. Los estatutos deberían ser aprobados por el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) y debería existir en el rectorado de la Universidad un registro de las asociaciones autorizadas, que además de figurarían en un Registro Nacional de Asociaciones de Estudiantes del MEC.

Previendo la posibilidad de que las actividades de tales asociaciones se “desviasen” al ámbito de la política, las autoridades académicas y las direcciones generales competentes del MEC podrían decretar la suspensión de las actividades de las asociaciones estudiantiles por un plazo no superior a tres meses “cuando estas no atemperen su funcionamiento a lo dispuesto en el decreto”, pudiendo suspender también actos concretos o acuerdos de las asociaciones que no se acomoden a lo establecido en este Decreto. En el caso de la UCM, el control sobre las asociaciones de estudiantes se canalizó a través del Gabinete de Promociones Culturales del Servicio de Promoción y Asistencia Universitaria, al frente de los cuales se designó al vicerrector Félix Pérez y Pérez; además, contaba con un representante de la Asociación de Profesores no Numerarios (PNN) de la UCM, un profesor de cada uno de los centros docentes de la UCM y el director del Servicio de Promociones Culturales; asimismo, tendría una serie de vocales en representación del personal administrativo y subalterno, y tres estudiantes. Con fecha de 20 de octubre de 1976, el citado Gabinete propuso la creación de la Comisión de Actividades Culturales y Extensión Universitaria, con el fin de recoger y estudiar todas las iniciativas – debidamente canalizadas a través de los decanos y directores de los centros de la Universidad – y proponer su resolución al rector de la UCM.

En la facultad de Farmacia se legalizaron varias asociaciones de estudiantes. Las más conocidas son el Club Deportivo (n.º 1 del registro), la Tuna (50), el Grupo Universitario para la Defensa de la Naturaleza (GUDENA, 80), el Círculo de Estudiantes de Farmacia (CEF, 87), La Bureta (88), la Asociación de Cine Científico de la Facultad de Farmacia (107) y la Asociación Cultural de Farmacia (sin número de registro conocido).

El Club Deportivo se constituyó en noviembre de 1968. En el curso 1976/77 ya tenía un presupuesto de 175.000 pesetas y la subvención de la UCM en 1978 alcanzó las 294.000. En el curso 1977/78, el Club organizaba equipos – mayoritariamente masculinos – de 15 modalidades deportivas, incluyendo el equipo de balonmano femenino que había sido creado el curso anterior (en la figura 11 se reproduce el carnet de alumno miembro del Club).

Figura 11

La Tuna de Farmacia se refundó en el curso 1958/59 a partir de la antigua tuna madrileña de Farmacia y renació gracias al entusiasmo de estudiantes antes pertenecientes a la tuna de Salamanca; sin embargo, en el registro de asociaciones de la UCM figura como entidad constituida en noviembre de 1973. Tuvo acceso a las subvenciones de la UCM y, en concreto, en 1977 recibió 35.000 de las 150.000 pesetas que había solicitado, aunque al año siguiente fue subvencionada con 89.215; en este mismo año el número de miembros era de 17. La Tuna de Farmacia publicó varios discos; en 1974 se editó uno bajo el sello de la compañía discográfica Marfer, que más tarde se reeditó bajo el sello de Gramusic. Cabe mencionar que los dos cantantes solistas de la tuna fueron en esa grabación Antonio García Ordóñez “Toni” y Fernando Salvador Pérez “Sopi”.

El Grupo Universitario para la Defensa de la Naturaleza (GUDENA) fue legalizado en mayo de 1976. En esta fecha, un oficio firmado por el decano Antonio Doadrio y dirigido al rector de la UCM certificaba su visto bueno, indicando que la Asociación contaba además con el apoyo de tres cátedras relacionadas con la Ecología y, aunque no se explicitan las cátedras en el oficio, probablemente corresponderían a Botánica, Edafología y Fisiología Vegetal. Los fines de la asociación eran promover y fomentar el amor a la naturaleza; encauzar a los universitarios con inquietudes de conservación de la naturaleza; y proteger y conservar el entorno natural. GUDENA tuvo bastante actividad; de hecho, en el momento de su legalización ya había elaborado sendos trabajos sobre los pinares de Valsaín y el Mar de Ontígola, en los que había contado con la participación de las cátedras de Botánica y Edafología de la facultad. En 1976 GUDENA contaba con 72 socios, que pasaron a 272 en 1977. En este mismo año recibió de la UCM una subvención de 110.000 pesetas y presentó diversos proyectos relativos a las variaciones climáticas por alteraciones de la flora, la reserva aves acuáticas en Aznalcóllar, la degradación vegetal de la Casa de Campo de Madrid, la flora y fauna cavernícola, y la flora endémica de la región Centro. GUDENA publicó varios artículos de carácter informativo y divulgativo en el Boletín Informativo de la Facultad.

El Círculo de Estudiantes de Farmacia (CEF), asociación registrada como de tipo “profesional”, fue legalizada en diciembre de 1976. La cuota de asociado se estableció en 500 pesetas y sus fines declarados consistían en “promover el desarrollo de los estudios y de la profesión de Farmacia entre sus asociados; ofrecer al asociado de una forma sencilla y concreta una visión de todos los aspectos que ofrece la profesión; lograr que el asociado adquiera un verdadero sentido de la ética profesional; estrechar lo lazos de unión entre el estudiante y el farmacéutico profesional; y aspirar a crear una Federación Nacional de Estudiantes de Farmacia”. En el primer año de funcionamiento efectivo – 1977 – recibió una asignación del MEC de 40.000 pesetas, que el CEF destinó a organizar conferencias, difundir actividades profesionales y organizar visitas a laboratorios farmacéuticos.

En el nº 6 del Boletín Informativo de la Facultad (BIF), el CEF publicó una nota de protesta firmada por su secretario general, en relación a la información que había aparecido en el número extraordinario del BIF, dedicado a la movilización de la facultad de Farmacia por los pactos de la Moncloa. En dicha nota se rechazaba la calificación dada por el redactor del BIF como “derecha política” al CEF, reafirmando éste su condición de “totalmente despolitizada” y recomendando a la redacción del BIF “unirse a nuestros esfuerzos en la reivindicación de nuestros derechos como estudiantes y futuros profesionales de la FARMACIA”. Varios miembros del CEF se personaron en el local del BIF, llegando a amenazar a los redactores presentes con emprender acciones judiciales para “defender el buen nombre del CEF”. Todo quedó resuelto con la publicación en el BIF de la mencionada nota de protesta por parte del CEF que, en cualquier caso, habría sido publicada sin recurrir a la amenaza judicial, tal como los responsables del BIF hicieron saber al CEF, por ser ésta la práctica común de transparencia del BIF.

La Bureta era una asociación calificada como “cultural”, que fue legalizada en febrero de 1977. La finalidad de la misma, según sus estatutos, era promover y participar en actividades culturales. En ese mismo año recibió 50.000 pesetas de la UCM. Las actividades realizadas por la asociación fueron la organización de recitales de poesía y música; de exposiciones de pintura y fotografía, así como conferencias; entre estas últimas cabe citar un ciclo sobre temas sanitarios y profesionales, la reforma de la Seguridad Social y la industria farmacéutica.

La Asociación de Cine Científico fue legalizada en abril de 1978, con la finalidad de estudiar, propagar y fomentar la producción y utilización de cine de temática científica, promoviendo cuantos actos pudieran facilitar el rápido desarrollo del mismo. El decanato permitió la utilización de los medios de la facultad (sala de proyección, proyector, pantalla) e incluso nombró a un profesor agregado experto en la materia – perteneciente a la Asociación Internacional de Cine Científico – para la ayudar en la programación y organización de las actividades. La asociación se estructuró con las siguientes secciones: Botánica y Fisiología Vegetal; Geología; Ciencias del suelo y Agricultura; Zoología y Parasitología; Química Orgánica e Inorgánica y procesos industriales; Física; Humanidades, Historia y Cultura.

La Asociación Cultural de Farmacia (ACF) no estaba – aparentemente – registrada oficialmente en el periodo estudiado; pese a ello, desarrolló un amplio conjunto de actividades, aunque con desigual fortuna participativa. Ciertamente, su organización interna estuvo sujeta a numerosas controversias, debido tanto a la marcada militancia política de varios de sus miembros como a su escasa capacidad operativa y organizativa, tal como recogía Salvador López-Tapia en el BIF nº 7: “Actualmente la cifra de socios está por los ciento cuarenta. Que trabajen, no más de cinco”. Tras este artículo, la ACF publicó en el BIF n.º 8 una nota para desmentir estas afirmaciones, acusando al propio Salvador López-Tapia de “no participar en las actividades de la asociación y no exponer sus quejas en una Reunión General que podía haber convocado él mismo”.

13. LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL: LOS PRIMERS DELEGADOS

En 1973 la participación estudiantil en la vida universitaria solo se podía ejercer oficialmente a través de las asociaciones de estudiantes, tal como estaba contemplado en el decreto de septiembre de 1968, que además centraba esta participación exclusivamente en “actividades de carácter cultural y profesional”.

La legislación sobre la participación estudiantil en la vida académica quedó definitivamente regulada en el periodo por el Decreto 2925/1974, de 17 de octubre, por el que se regula provisionalmente la participación estudiantil a nivel universitario y por la Orden de 21 de octubre de 1974 que desarrollaba el citado decreto, considerando que “para cumplir los fines que le son propios, la actividad universitaria ha de tener como base la participación de los destinatarios de la misma y que el estudiante universitario tiene que tener los cauces adecuados para participar plenamente en la vida académica, tanto en los aspectos docentes como formativos. Para ello, de una parte, ha de existir una representación estudiantil base de la presencia de los estudiantes en los Órganos Corporativos de las Universidades, del diálogo con la autoridad académica y de la crítica constructiva para una Universidad mejor (…). Esta representación ha de ser auténtica, es decir, elegida con las necesarias garantías de libertad, con intervención de la mayoría del alumnado representado y de forma que determine una real integración del mismo en la vida académica ”.

La representación estudiantil se configuró a nivel de curso o de grupo, cuando hubiera varios dentro de un mismo curso, de centro universitario y de universidad. Los alumnos representantes de cada curso se elegirían por procedimiento directo del que surgirían un delegado y un subdelegado de curso, y un número de consejeros igual al 5% de los alumnos oficiales matriculados, con un máximo de ocho. El delegado, subdelegado y consejeros conformarían el Consejo del Curso; el conjunto de delegados y subdelegados de los cursos conformaría el Consejo de Centro, que también elegiría a un delegado y un subdelegado, y cuya reunión de centros constituiría el Consejo de Universidad que, a su vez, elegiría a su delegado y subdelegado.

Podrían ser electores y candidatos los alumnos oficiales españoles con disfrute pleno de sus derechos académicos. La fecha de las elecciones las fijarían los decanos con la aprobación del rectorado.

El día de las elecciones en cada curso o grupo se constituiría una mesa electoral que estaría presidida por un profesor designado por el decano y dos alumnos del curso que serían los que ocuparan, por orden alfabético, el primer y último lugar de la lista oficial de electores. Sólo sería válida la elección si el porcentaje de votos alcanzara el 50% de los alumnos oficiales de cada curso o grupo.

Los candidatos deberían conseguir en primera vuelta la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos; si fuera necesario una segunda vuelta bastaría con el 25% de los votos emitidos válidos. El mandato de los alumnos elegidos como representantes sería de un año y comprendería tanto el periodo lectivo como el vacacional; los representantes cesarían en el momento de anunciarse la convocatoria nuevas elecciones.

Para la facultad de Farmacia se estableció el 21 de noviembre de 1974 como fecha de presentación de candidatos, y los días 26 y 29 de noviembre se celebrarían la primera y segunda vueltas respectivamente. Se entregaron a la facultad 9.000 papeletas y 100 formularios-modelos de actas, así como 9 urnas, estas últimas prestadas por el Ayuntamiento de Madrid. Ser delegado o subdelegado dependía del número de votos conseguido: el alumno más votado sería nombrado delegado, el siguiente en número de votos sería subdelegado y así sucesivamente se nombrarían los consejeros. En concreto, todos los representantes elegidos de la facultad de Farmacia lo fueron en segunda vuelta, ya que en la primera no se alcanzó el 50% de la participación que determinaba el decreto del 17 de octubre. También fue común la baja participación en el resto de los centros de la UCM.

Los elegidos en la facultad de Farmacia en noviembre de 1974 fueron los siguientes:

• Primer curso: Grupo A: Sin representación (no hubo quorum suficiente para obtener representantes); Grupo B: Delegado (D): Guillermo López Barba y Subdelegado (SD): Federico Gago Bádenas; Grupo C: Sin representación.
• Segundo curso: Grupo A: Sin representación. Grupo B: José María González Martín (D) y Joaquín Marina Ocaña (SD); Grupo C: Francisco Vara Pinedo (D) y José Vélez García-Nieto (SD).
• Tercer curso: Grupo A: Manuel Avilés Avilés (D) y Ángeles Dal-Re Saavedra (SD); Grupo B: José Enrique Martino Alba (D) y José Julio Sastre Lorca (SD).
• Cuarto curso: Opción A: Javier González Esteban (D) y Remedios Gómez Mata (SD); Opción B: Antonio Díaz Villar (D) y José González Chacón (SD).
• Quinto curso: Opción A: José María Amate (D) y Francisco Fernández (SD); Opción B: Isabel Moro González (D) y Joaquín Córdoba Lefler (SD).
• Grupo de repetidores: no se llegó a formar la mesa por falta de asistentes.
• Representantes del Centro: Isabel Moro González (D) y Joaquín Alonso Cuesta (SD).

A partir de 1975 los alumnos entraron oficialmente a formar parte de las juntas de facultad (9% de sus integrantes) y de claustro (15%). En el curso 1975/76 las elecciones a delegados se realizaron en diciembre de 1975; sin embargo, en la facultad de Farmacia no se consiguió la participación mínima exigida en ninguna mesa ni en ninguna votación, por lo que quedó sin representantes estudiantiles oficiales en ese curso. Sobre el curso 1976/77 no se ha encontrado ninguna información sobre los delegados elegidos; de hecho, en la documentación oficial archivada en el Rectorado sobre estas elecciones se indica expresamente la falta de las actas electorales de algunas facultades, entre ellas las de Farmacia. Tampoco se ha encontrado ningún dato relativo al curso 1977/78.

14. EL BOLETÍN INFORMATIVO DE FARMACIA (BIF)

La idea de crear un boletín de información nació en 1976 de un acuerdo de los “aspirantes a delegados” (candidatos sin quorum suficiente para ser elegidos) de la facultad de Farmacia. Recuérdese que en el curso 1975/76 ésta careció de representantes oficiales, por lo que los “aspirantes a delegados” que acordaron la creación del Boletín lo hicieron en realidad a título individual. Cabe indicar que la benévola disposición del decano – Antonio Doadrio López – les permitió actuar como “delegados en funciones”.

El objetivo era elaborar un medio de comunicación propio de los alumnos, un “órgano de expresión estudiantil”, que informaría de aspectos académicos de la Facultad y de cualquier otro tema, tanto interno como externo a la facultad de Farmacia, que se considerara de interés para los alumnos. Fueron Santiago Cuéllar, Antonio Jesús Bartolomé – que se habían presentado para delegados de tercer curso por el grupo A – y José Vélez – por el grupo B – los que asumieron la responsabilidad de materializarla, contando poco después con la implicación de José Luís Blanco y Salvador López-Tapia, también de tercero, y de Jorge Montero y Manuel Méndez, de primero, todos ellos animados más por su voluntad cívica que por su conocimiento periodístico. Al grupo de trabajo lo llamaron Junta de Redacción (JR), cuya primera medida fue dar nombre al proyecto: Boletín Informativo de Farmacia (BIF).

El primer paso ejecutivo fue reunirse con el decano de la Facultad – profesor Antonio Doadrio – para presentarle y explicarle el proyecto, así como solicitar apoyo económico y material, y la imprescindible autorización oficial. En representación de la Junta de Redacción (JR), acudió José Vélez.

Figura 12

A pesar de los temores sobre la viabilidad real del proyecto – recuérdese que en ese momento Carlos Arias Navarro era presidente del gobierno – el decano acogió de buen grado la idea, hasta el punto de que dio rápidamente orden de proporcionar un local (en realidad se utilizaron dos: el primero en lo que hoy es el Centro de Proteómica de la facultad, y el segundo fue ubicado en la planta sótano junto a la rampa de entrada de materiales, situado bajo el Departamento de Microbiología y que hoy pertenece al Departamento de Fisiología animal). Además, autorizó la utilización de la máquina de imprimir en offset de la Facultad y, por si fuera poco, dotó a la JR con 25.000 pesetas a fondo perdido para sufragar los gastos iniciales de puesta en marcha del Boletín. Como contrapartida, la JR adquirió el compromiso de que las informaciones serían siempre políticamente independientes, ajustando los comentarios y críticas al debido respeto hacia los profesores y tratando con prudencia los temas políticos, de forma que estos solo se emplearían si afectaban directamente a la profesión, a la facultad o a los alumnos.

De la JR formaron parte numerosos alumnos a lo largo de los aproximadamente tres años de vida del BIF (10 números). La primera JR estuvo formada por Santiago Cuéllar (elegido presidente de la JR), José Luis Blanco (tesorero), José Vélez, Salvador López-Tapia (fallecido en 2011), Mercedes Pérez, Enrique Covisa, Joaquín Marina, Juan Ángel Ruiz y Antonio Jesús Bartolomé (ilustrador). En el nº 3 se integró Jorge Montero de Espinosa, mientras que en el nº 4 se sumaron María José Rey, Milagros González y Víctor Cabello (éste como fotógrafo), causando baja Mercedes Pérez y Joaquín Marina. En el nº 5 se incorporó Manuel Lobato Galindo, mientras que en el nº 6 se produjo la baja de Enrique Covisa y en el nº 7 la de José Vélez. En el n.º 8 hubo tres nuevas incorporaciones: Ana Parejo, Consuelo Sanz y Fernando Moreno.

En el nº 9 se produjo una renovación prácticamente completa de la JR, debido a que la mayoría de sus miembros más veteranos habían terminado la carrera o estaban a punto de hacerlo (o se iban a cumplir con el servicio militar, la “mili”). La JR quedó entonces formada por Tomás Martínez de Anca, Jorge Montero de Espinosa, Fernando Moreno, Manuel Lobato, Jesús Navas, Consuelo Sanz, Joaquín Marina (que ya había pertenecido durante los tres primeros números), Francisca Pi, Francisco Javier Reverté. Y en el nº 10 – y último publicado – del BIF se incorporaron Isabel Arroyo, Pilar Asceince, José Luís Torres, Mª Antonia Lobato y Carmen López.

El BIF nació con la pretensión de ser una publicación mensual, frecuencia que se pudo mantener solo hasta el nº 4. Posteriormente, fue haciéndose menos frecuente. Durante el Año I (curso 76/77) se publicaron cinco números, tres en el Año II (curso 77/78) (6-8) y los dos últimos (9 y 10) en el Año III (78/79).

El proceso editorial del BIF era ciertamente de una simpleza pedestre, propia de la inexperiencia de sus editores. Una vez elaborados los artículos por la JR, se mecanografiaban (labor compartida por Santiago Cuéllar y José Luís Blanco) y, al mismo tiempo, se hacía la composición de las páginas y del número en cuestión. Posteriormente, los originales mecanografiados se fotocopiaban sobre papel especial para uso en máquinas de offset pero, dado que esta fotocopia offset solo soportaba 300 copias en la multicopista de la facultad, había que volver a fotocopiar los originales varias veces hasta poder completar la tirada.

La impresión de los ejemplares se hacía en la propia facultad en papel normal con formato DIN A4, con la desinteresada y animosa colaboración tanto del jefe de mantenimiento como del jefe de bedeles, Luciano de la Fuente. Según se imprimía, se iban ordenando las páginas para su montaje, doblado (el formato del BIF era DIN A5) y grapado; todo el proceso era manual y secuencial (lo llamaron “la rueda”), llegando en alguna ocasión a finalizar la tirada a las 4 AM.

Dada la baja calidad de la reproducción que se obtenía con la maquina de escribir convencional inicialmente puesta a disposición de la JR, ésta solicitó y el decano aceptó financiar la adquisición de una máquina Olivetti con tipos especiales (pequeños y de paso corto), que se estrenó con el nº 6 del BIF y que permitió “adecentar” algo el aspecto final del Boletín. Sin embargo, la utilización de esta máquina duró poco, ya que a partir del nº 7 se procedió a editar electrónicamente los contenidos, “profesionalizándose” la edición tipográfica en una imprenta comercial de offset.

La tirada del primer número del BIF fue de 650 ejemplares, pero fue creciendo paulatinamente hasta alcanzar los 1.350 ejemplares del extraordinario dedicado a los Pactos de la Moncloa (en la figura 12 se reproduce su portada), del que se realizaron dos ediciones consecutivas. Las tiradas de ejemplares se agotaron en todos los números del BIF, lo que permitió un permanente superávit, gestionado con rigor ascético por el tesorero José Luis Blanco, lo que permitió al BIF autofinanciarse a lo largo de su existencia. Además, se consiguieron algunas suscripciones de profesionales farmacéuticos, gracias al boletín de suscripción que se difundió con la revista El Monitor de la Farmacia y la Terapéutica.

El precio del ejemplar en los primeros cinco números era de 20 pesetas, pasando a 25 desde el nº 6 hasta el 10; el nº extraordinario costaba 15 pesetas. Los puntos de venta del BIF estaban situados en la “rotonda” o hall de entrada de la Facultad y en el vestíbulo de la planta sótano al lado del bar de la facultad. Además había “venta ambulante”, gracias a la colaboración desinteresada de varios compañeros ajenos a la JR.

El BIF siempre tuvo extensión superior a las 30 páginas, llegando en el nº 5 a un máximo de 55, conteniendo numerosos artículos y colaboraciones que mayoritariamente eran elaborados – y firmados – por los miembros de la JR, ante la falta de colaboración del alumnado y a pesar de los llamamientos a la misma que se hizo reiteradamente desde las propias páginas del Boletín. El BIF no se centró exclusivamente en los temas que afectaban la los alumnos ni a los de carácter “doméstico” de la facultad, sino que trató también asuntos profesionales, del profesorado (en especial, de los PNN), de la Universidad Complutense, etc.; además, la ecología, la cultura, las problemáticas sociales y la investigación estuvieron siempre presentes en sus páginas.

Aunque algunas secciones tenían un carácter intermitente, la mayoría eran fijas: Editorial; Encuestas; Visitando cátedras; Los cursos informan; Monografías (científicas); Asociaciones de alumnos; Universidad Complutense; El Colegio (de Madrid) habla; Deportes; Cartas al Boletín; Pasatiempos y crítica de espectáculos; Con lápiz ajeno (artículos de interés publicados en otras revistas); Página literaria y Colaboraciones (externas).

Más allá de lo rudimentario de los medios, también la redacción adolecía de evidentes carencias, propias de la bisoñez periodística de sus componentes. A título de ejemplo, en una de las entrevistas realizadas al decano Dr. Doadrio, no se nombró a éste ni una sola vez por su nombre (ni sus apellidos) a lo largo de toda la entrevista. A pesar de ello, los contenidos el Boletín fueron valorados reiteradamente – tres amplias encuestas a lo largo de sus tres años de vida editorial lo atestiguan – de forma muy favorable por los lectores que, no lo olvidemos, suponían entre el 10% y 20% del total de los alumnos matriculados y no menos del 50% de los que asistían regularmente a clase.

Todos los números, a excepción del último, tuvieron su editorial, generalmente dedicado al tema más “candente” en ese momento, ya fuera de la propia Facultad – “Operación Física-Química”, Plan de Estudios –, de ámbito profesional – “R 77”, “Operación Fleming” –, o político con repercusión en la profesión, como los Pactos de la Moncloa, que dieron lugar a la edición de un número extraordinario del Boletín. Asimismo, se editorializó sobre temas de interés para los alumnos, criticando las deficiencias – y, en algunos casos, las arbitrariedades – de algunos profesores y departamentos, del Rectorado y de otras instituciones oficiales, y de las organizaciones profesionales – Consejo General y Colegio de Farmacéuticos de Madrid –, sin olvidar a los propios alumnos de la Facultad y la propia autocrítica de la Junta de Redacción; críticas que podrían estar mejor o peor argumentadas, pero que en general se mantuvieron dentro de la corrección y el respeto a las personas. El detalle de los contenidos del BIF a lo largo de sus tres años (y 10 números) de trayectoria requeriría un artículo monográfico por la extensión de los temas, de los comentarios y, en no pocas ocasiones, de las respuestas de las personas interpeladas, que siempre tuvieron acceso libre a su derecho de réplica en el BIF.

Baste con lo indicado hasta aquí como una muestra de los “aires” que se respiraron en la facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid entre 1973 y 1978, transcribiendo en el BIF con letra pequeña – pero ilusionada – algunos capítulos de esa gran historia que fue la Transición, en uno de los periodos más vertiginosos, inimaginables, emocionantes, controvertidos y esperanzadores de la historia de España en el siglo XX; un proceso que nos vacunó contra la intolerancia a la mayoría de los que la vivimos, y que acabó fructificando en los que posiblemente sean – a pesar de sus sombras – los mejores 50 años de la historia de España.

15. REFERENCIAS

1. Cuéllar Rodríguez S. 239. Editorial Vitrubio, Madrid; 2019. ISBN 9788494976384
2. Juliá S. Transición. Historia de una política española (1937-2017). Editorial Galaxia Gutenberg, Barcelona; 2017. ISBN: 9788416734771.
3. Tusell J. Hacia el final de la Transición. ArteHistoria. http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7470.htm
4. Puyol R. El papel de la Universidad en la Transición. Fundación FAES. Madrid; 9 de diciembre de 2002. http://www.fundacionfaes.org/file_upload/publication/pdf/20130425184824el-papel-de-la-universidad-en-la-transicion.pdf
5. Carrillo-Linares A. Subversivos y malditos en la Universidad de Sevilla (1965-1977). Sevilla: Fundación Centro de Estudios Andaluces (2008). ISBN 9788461273522
6. Archivo General de la Administración (AGA). Presidencia, Secretaría General del Movimiento, Secretaría Técnica. Madrid. Caja 18.595, p. 20.
7. Wikipedia. Julio Rodríguez Martínez. https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Rodr%C3%ADguez_Mart%C3%ADnez
8. Real Academia de la Historia. Antonio Doadrio López. https://dbe.rah.es/biografias/25922/antonio-doadrio-lopez
9. Instituto Nacional de Estadística. Cálculo de variaciones del Índice de Precios de Consumo (sistema IPC base 2021). https://www.ine.es/varipc (consultado el 26 de junio de 2022).
10. Universidad Complutense de Madrid. Precios de grado 2021-22. https://www.ucm.es/informacion/precios-de-grado (consultado el 26 de junio de 2022).