1. INTRODUCCIÓN

Se estima por los especialistas que la Universidad de Salamanca es la Universidad española cuya historia ha sido la más investigada, contando con el mayor número de publicaciones relativas a ella. No obstante, también se admite que tal estudio presenta ciertas carencias, sobre todo en la parte correspondiente a algún periodo del siglo XVIII y también en lo referente a la segunda mitad del complejo siglo XIX .

Y es precisamente en esa segunda mitad de dicho siglo cuando tiene lugar la gran reforma de la Instrucción Pública española (que ha llegado en lo esencial casi hasta nuestros días), la cual modifica profundamente el sistema universitario que había regido, con sólo ligeros cambios graduales, nada menos que unos cuatrocientos años en el caso de Salamanca. Añádase que esta institución –la más antigua de carácter universitario en funcionamiento de la Nación– había marcado hasta entonces la pauta para las restantes, tanto españolas como hispanoamericanas y filipinas.

A su vez, parte importantísima de esta institución, ya desde finales del siglo XIV, fueron sus Colegios, clasificados en su época de esplendor (principalmente durante el siglo XVI) en seglares, religiosos y militares, siendo conocidos (a partir del siglo XVII) cuatro de los seglares con la denominación de “Colegios Mayores”.

A pesar de que el tema de la historia de esos Colegios Mayores suele formar parte de los numerosos y valiosos trabajos relativos a la historia de la Universidad salmantina, hay periodos como los dos siguientes en que tales publicaciones son probablemente menos abundantes: Uno es el comprendido entre 1771 (en que se establecen normas más rigurosas para el ingreso y permanencia en ellos) y 1798 (fecha de su supresión).

El otro periodo, más breve, aunque muy peculiar, se limita a los años 1873-75, en que (con precariedad) quedaron administrativamente vinculados no a la Universidad sino a la Diputación Provincial.

El análisis de documentos existentes en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA) relativos a la concesión de la beca a un candidato para uno de dichos Colegios Mayores durante esa etapa de mayor exigencia, en el año 1777, permite obtener una información concreta sobre el estado de esta cuestión.

Por otro lado, habiendo cedido el jurista D. José Luís de No a quien suscribe (su condiscípulo de Bachillerato) copias notariales de importantes documentos inéditos (custodiados en la Diputación Provincial) procedentes de su abuelo paterno (que fue Decano de la Facultad de Ciencias de esta Universidad y eminente jurista), relativos al periodo de 1873-75 (y a algunos años siguientes), el objeto del presente estudio se centra principalmente en el examen de ambos grupos de materiales informativos (inéditos) para así poder hacer algunos comentarios que puedan aportar alguna originalidad en el conocimiento del tema.

2. ANTECEDENTES

Especialmente a partir del segundo tercio del siglo XVII, diversas causas, unas de origen externo a esta Universidad y otras surgidas en su seno (según se indicará más adelante), influyeron de modo negativo en la marcha de la misma, que hasta finales del XVI había seguido una trayectoria esencialmente ascendente.

Causa remota de la decadencia –pero estímulo también–fue la derivada de la creación por Cisneros, en 1499, del Colegio de Alcalá de Henares, origen de aquella Universidad, con la que tuvo que competir la de Salamanca. Aunque inicialmente estaba previsto que hubiera habido una complementariedad entre las materias a impartir por ambas, pronto surgiría una cierta rivalidad entre ellas que, por otro lado, contribuiría después a una noble emulación, ventajosa para las dos.

La proximidad de la alcalaína a la Corte –establecida en Madrid en 1561 precisamente por el protector de dicho Estudio, Felipe II–, benefició indudablemente a la de Alcalá y su Colegio de San Ildefonso frente a la de Salamanca y sus cuatro Colegios Mayores. No obstante, incluso en esas condiciones, numerosos miembros de la nobleza (como el Conde­ Duque de Olivares) o los que fueran brillantes becarios de estos centros seguirían formándose en las aulas salmantinas y residiendo en algunos de sus Colegios Mayores o de los numerosos Menores. Procedentes del muy famoso de San Bartolomé (los llamados “bartolomicos”), pero también de los otros, saldrían durante largos años numerosos Virreyes, Obispos, Catedráticos, Magistrados, etc., que desempeñarían elevadas funciones en España y en sus extensos territorios; e incluso de allí procedían: un santo, San Juan de Sahagún (de aquel centro), y Santo Toribio de Mogrovejo (del conocido como Colegio de Oviedo).

Por otro lado, a ambas Universidades –más a la de Alcalá– afectó, en el siglo XVI y especialmente en el XVII y en los dos primeros tercios del XVIII, la actuación (en todos los grados de la enseñanza) llevada acabo por la Compañía de Jesús, según sus métodos peculiares. Por méritos propios de la pujante Compañía, pero también por el apoyo que recibió de los Monarcas (principalmente de algunos como Felipe III o Felipe V), los discípulos de San Ignacio lograron brillantes éxitos y concedieron gran importancia a la formación de elites, principalmente entre la nobleza. Todo ello estaba respaldado por la ampliación de nuevas y acertadas orientaciones docentes, que además abordaron aspectos experimentales menos atendidos en algunas instalaciones universitarias. A pesar de la buena armonía generalmente existente entre los Colegios Mayores y los Jesuitas (dado el paralelismo entre ambas instituciones en algunos aspectos), se presentaron quejas a la Corona por las Universidades alcalaína y salmantina. Pero tales demandas no tuvieron respuesta durante algunos años. Solamente la expulsión de los Jesuitas ordenada por Carlos III en 1767 –cuyas causas últimas aún siguen siendo controvertidas– tuvo como efecto la eliminación de tales competidores, y la incorporación a las bibliotecas universitarias respectivas (y a las de otros centros) de gran parte de los fondos bibliográficos procedentes de aquéllos. (Otros bienes, como los edificios, fueron adscritos al Obispado). También en tiempos de Carlos III se restringiría la prepotencia de los Colegios Mayores, que serían suprimidos en el reinado de su sucesor, en 1798, según se comentará más adelante.

A esta decisión de eliminación de los Colegios Mayores contribuyeron también causas remotas de tipo económico, desde tiempo atrás. En efecto, recuérdense las numerosas guerras sostenidas por España en gran parte de Europa, desde tiempos de Carlos I (como consecuencia de su doble herencia, borgoñona y austriaca), continuadas por los sucesores pertenecientes a aquella dinastía, en un intento dificilísimo de mantener el catolicismo en alejados territorios europeos que, ansiosos de conseguir su independencia, abrazaron el protestantismo para conseguir sus fines. La situación económica de España, ya desde dicho reinado de Carlos I (que se endeudó con famosos banqueros) no mejoró en los reinados siguientes de los sucesivos Austrias. Además, los desequilibrios regionales agudizados por estas circunstancias se manifestarían, principalmente en los reinados de Felipe IV, Carlos II y del primer Borbón, Felipe V, según es sabido. Todo ello repercutiría desfavorablemente en la situación de la Universidad y de sus Colegios Mayores.

Si estas fueron probablemente las principales causas de tipo general que contribuyeron a un evidente deterioro en el que había sido el funcionamiento adecuado tanto de la Universidad salmantina como de sus Colegios Mayores –en el caso de éstos cumpliendo aceptablemente las normas establecidas por sus fundadores–, a partir de mediados del siglo XVII otras causas, procedentes del incumplimiento a lo menos parcial de dichas pautas por los colegiales y sus directivos, determinaron el descrédito de estas instituciones. A todo ello trató de ponerse remedio en el siglo siguiente, durante el reinado de Carlos III. Pero, para intentar analizar el estado de la cuestión es conveniente indicar previamente, de forma resumida, cuales eran esos Colegios Mayores salmantinos.

3. LOS COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: SU ORIGEN, DECADENCIA Y REFORMAS

Sin rango de Colegio Mayor –y con la posibilidad de poder ingresar en él sin la obligación de ser Bachiller, que se impondría desde un principio en aquéllos–, el más antiguo en Salamanca fue el Colegio Viejo de Oviedo, más conocido como Colegio de Pan y Carbón, así llamado por obtener su sostenimiento mediante un gravamen sobre el precio de ambos productos de consumo diario. Fue fundado en 1386 por el Obispo de Oviedo Don Gutierre de Toledo.

Además del Colegio Mayor de Santa Cruz (fundado en 1484 en Valladolid por el Cardenal Don Pedro González de Mendoza) y el de San Ildefonso (fundado en Alcalá de Henares por el Cardenal. Cisneros en 1499, del que fue elegido en 1508 primer Rector el Bachiller en Artes y Teología el salmantino Don Pedro [Femández] del Campo, nacido en la villa de Ledesma), de los cuatro salmantinos, el primero y más famoso fue el Colegio Mayor de San Bartolomé, fundado en 1401 por el Obispo de Salamanca Don Diego de Anaya (por ello, conocido también como Colegio Viejo o de Anaya), a imitación del de Bolonia.

Otro fue el de Santiago el Zebedeo o de Cuenca, fundado hacia 1510 por el Obispo de Cuenca Don Diego Ramírez de Villaescusa, quien había sido estudiante en el de San Bartolomé. Sus estatutos fueron aprobados por el Papa Adriano VI en 1523.

El de San Salvador, generalmente llamado de Oviedo –que no debe confundirse con el antes mencionado Viejo de Oviedo o de Pan y Carbón–, fue fundado en 1517, aunque sus privilegios concedidos por el Papa son de 1521 y 1522. Se llamó así porque su fundador, Don Diego Míguez de Muros (conocido como Don Diego de Muros, por ser esta la localidad gallega en que había nacido) también había sido Obispo de Oviedo.

Asimismo, el de Santiago Apostol o de Fonseca, fundado en 1521 por Don Alonso de Fonseca Ulloa y Acevedo, Arzobispo de Santiago de Compostela y luego de Toledo.

El paso por sucesivas archidiócesis o diócesis fue también la costumbre de los otros fundadores, buscando todos en esa carrera las de mayor prestigio o ingresos. Precisamente de éstos se nutrían los aportes destinados a los Colegios, siendo otros fondos los procedentes de legados de antiguos colegiales, rentas de fincas (en general de cuantía variable según las zonas y dependiendo también de la variabilidad de las cosechas anuales), etc.

En general, los fundadores establecieron en sus respectivos estatutos –frecuentemente inspirados los más tardíos de los de los otros Colegios– exigentes normas relativas a “limpieza de sangre” (= acreditada ausencia de parentesco con judíos, conversos o moros), rigurosa moralidad, escasez de recursos económicos, brillante capacidad intelectual (que había que demostrar habitualmente superando dificil oposición pública), concediendo en ocasiones preferencia a algún pariente o allegado al fundador.

Tales normas de rigor en la admisión, austeridad y prolongada dedicación al trabajo, recibiendo las enseñanzas de los mejores Maestros de la famosa Universidad de Salamanca, lograron que, por méritos propios, numerosos antiguos colegiales desempeñaran (una vez finalizadas sus carreras) importantísimos puestos en la Administración estatal, en la Iglesia, etc., en muy diversos sitios (incluidos los territorios americanos), llegando dos de ellos a ser canonizados y otros a ser Cardenales, Virreyes, Catedráticos, etc., según ya se indicó.

Lamentablemente, este espíritu se fue relajando con el tiempo. El requisito estatutario de pobreza de los aspirantes, que dificultaba el acceso a los Colegios Mayores a los miembros originarios de la nobleza, se supo compensar mediante la fácil para ellos acreditación de la exigente prueba de la “pureza de sangre”, que resultaba costosa de demostrar para otros muchos. Además, su afán de incrementar privilegios animó en ocasiones a sus directivos a tratar de obtener discutibles beneficios incluso frente a la propia Universidad.

Particularmente importante fue también el problema derivado de su acaparamiento de las cátedras universitarias, en detrimento de los competidores no colegiales, los denominados “manteístas”. Las remotas Constituciones otorgadas en 1411 a la Universidad por el que fue su antiguo alumno y luego protector de la misma, el Papa (o “anti-Papa”), Benedicto XIII, fueron sustituidas por las de Martín V en 1422, las cuales permanecieron en vigor (salvo ligeras modificaciones) durante varios siglos. Siguiendo el modelo de Bolonia, en la provisión de las cátedras los estudiantes tenían un papel importante, interviniendo en la votación, una vez realizados los ejercicios públicos por los opositores. Ello daba ocasión a manifestar preferencias no siempre regidas por criterios justos (a causa de simpatías o sobornos, etc.). Con objeto de evitar esto, se reemplazó la participación estudiantil mediante la actuación del Consejo de Castilla.

Pero el problema subsistía: La aceptación del llamado sistema de “turnos”, garantizaba la rotación en la ocupación de cátedras entre los aspirantes procedentes de los cuatro Colegios Mayores, dejando de ser la acreditación de méritos el factor principal para ganarlas o para ascender en la escala de las más atractivas o mejor remuneradas. Consecuencia de todo ello era que los “manteístas” sólo podían lograr una cátedra en la quinta o sexta ocasión. Con objeto de poder esperar aceptablemente que llegara el deseado turno se reformaron y mejoraron las sencillas “hospederías” existentes en los Colegios o se construyeron otras nuevas y confortables, contiguas a ellos (algunas de las cuales hoy siguen prestando otros servicios). Así, en el Colegio de San Bartolomé, en 1557 (siglo y medio después de su fundación en 1401), se inició con sencillez el régimen de hospedería; pero, a comienzos de siglo XVIII se construyó a su lado un edificio de estilo barroco según planos de Joaquín de Churriguera. Análogamente, en la hospedería del Colegio Fonseca se permitió estar con carácter indefinido en 1666; y a mediados del siglo XVIII se amplió el edificio según la elegante estructura visible en la actualidad.

Este estado de cosas era aproximadamente el existente cuando llegó al trono Carlos III. Bajo su patrocinio, para remediar la situación, se realizaron rigurosas inspecciones entre 1771 y 1777, y se introdujo en la Universidad un nuevo Plan, el de 1771. Fueron medidas tendentes a recuperar el antiguo espíritu de valoración del esfuerzo y mérito personal de los colegiales (que establecieron en los estatutos los fundadores de aquellas instituciones), aplicables también a los directivos de toda el área universitaria.

La decidida actuación principalmente del Obispo de Salamanca e Inquisidor General, Don Felipe Bertrán, y del Catedrático de Hebreo de la Universidad, Pérez Bayer, trató de llevar a la práctica tan ambicioso proyecto. Ellos, y otros como el Obispo Tavira, que no pertenecían al poderoso grupo de antiguos colegiales, tropezarían en su intento con los intereses de éstos, los cuales tratarían de poner al Rey a su favor. ¿Quiénes triunfaron?

La lectura de algunos datos, como los que se indican en la página 408 –que son reproducción del expediente académico custodiado en el Archivo de la Universidad de Salamanca (AUSA/2338, 708-725), del 25-IX-1777–, relativos a un becario de Cánones que, el 29 de noviembre de 1777, obtiene beca para el Colegio Mayor San Salvador de Oviedo, precisamente cumpliéndose las estrictas renovadas normas que entonces regían, puede facilitar la contestación a la pregunta precedente. Dicho becario es: “D. Josef Fernandez del Campo, Presbítero, natural de el lugar de Castillejo, obispado de Salamanca“.

4. OBTENCIÓN DE UNA BECA PARA EL COLEGIO MAYOR DE OVIEDO EN 1777 POR QUIEN GANARÍA LA CÁTEDRA DE CÁNONES DE LA UNIVERSIDAD EN 1786

La exigencia de “limpieza de sangre” la acredita mediante transcripción de las partidas de bautismo de sus abuelos, padres y la suya propia, además de “testimonios de verdad” firmados por numerosos testigos, así como por abogados de Ledesma. También en estos escritos se reitera su origen “noble”, dada su condición de “hijodalgo”.

En cuanto a la pobreza exigible, el testimonio de su madre dice que su hijo: “No tenia renta alguna eclesiastica ni regular que excediera de [ilegible] ducados anuales”. Y que los caudales de ella “no eran suficientes para mantener a su hijo en ninguna Universidad, a causa del crecido numero de familia que quedo del citado su marido y demas calamidades“.

¿Qué aspiraciones profesionales parece tener este becario? ¿Podría considerársele como un ejemplo representativo de los logros que se intentan alcanzar mejorando el adecuado funcionamiento de los Colegios Mayores salmantinos, volviendo al cumplimiento riguroso de las normas fundacionales como consecuencia de la aplicación de las recientes medidas adoptadas por imposición de los asesores de Carlos III?

El Archivo Diocesano de Salamanca (ADS 187/5), relativo a los años 1715-1784, muestra en el folio 134 la partida de bautismo de Joseph, nacido el 8-I-1751, en Castillejo de Eván (perteneciente a la entonces conocida como “Tierra de Ledesma”), hijo de Domingo Fernández del Campo (vecino y natural de esa misma localidad) y de su legítima mujer, María de Tapia, indicándose también los nombres y residencias de sus abuelos.

El padre es descendiente directo de Pedro Fernández del Campo, a quien se había confirmado la condición de hidalgo en sentencia de la Real Chancillería de Valladolid en 1552.

Se carece de información acerca de la niñez y adolescencia de José. Lo más probable es que éstas transcurrieran en el pequeño caserío donde nació, en el ambiente tranquilo y austero de una acomodada familia perteneciente a la modesta hidalguía rural, propietaria de una finca de cierta extensión. Es verosímil que el Teniente Cura de la pequeña localidad de La Moralita (donde fue bautizado, situada a unos 2 km. de Castillejo) contribuyera a su formación inicial enseñándole latín, lengua que José llegó a dominar, así como griego (véase más adelante). O que esta formación la adquiriera en la villa de Ledesma, residiendo en casa de algún pariente. Pero estas son sólo hipótesis probables.

Datos seguros relativos a su formación ulterior son los de su expediente como alumno de esta Universidad, localizados en el Archivo de la misma (AUSA/2833,11), a partir de 1-XI-1767, cuando ha cumplido ampliamente los 16 años, relativos a su Bachillerato. También en dicho expediente se le describe como de pelo rojo, ojos castaños claros, con señales de biruelas [sic] (siendo el pelo rubio y los ojos azules o verdes características fenotípicas habituales de muchos Fernández del Campo actuales). Y se le autoriza para pasar abil [sic] a oir Cienzia [sic].

En este expediente se expresa que asistió con puntualidad y aprovechamiento (lo que equivalía a la calificación actual de apto), según se indica en 17 “cédulas” (= papeletas) sobre materias entre las que se hallan las siguientes: Logica, Decreto, Instituta menos antig. Decretales (Nuevo plan de Estudios), Sagrados Canones, Instituciones Canonicas, Derecho Eclesiastico Antig. etc., cursadas en los sucesivos años académicos de 1768-69 a 1774-75 (excepto los de 1771-72 y 1772-73, dedicados verosímilmente a completar la realización de su carrera eclesiástica). Así obtuvo brillantemente –según la expresión oficial de nemine discrepante– el anhelado título de Bachiller en Canones a D. Jph. Fernz. del Campo, el 14 de julio de 1775.

El número de asignaturas relacionadas con el Derecho Canónico resulta evidente; lo que permite deducir que, con esa base, pudiera continuar su formación satisfactoriamente en la línea de las Instituciones Canónicas, hasta alcanzar después elevados puestos.

En lo concerniente a su Licenciatura, el 14 de septiembre de 1780, según el expediente del Archivo de la Universidad de Salamanca AUSA/799, 194-197, a las diez de la mañana poco mas o menos se juntaron a la puerta de la Capilla de Santta Barbara a conferir el Grado de Canones a dicho Dn. Joseph Ferndz. del Campo [los Doctores presentes] por esta Universidad Para que goze de los honores, privilegios y esempciones […] e hizo los juramentos prevenidos en tal caso y en especial el de defender publica y pribadamente el misterio de la Purisima Concepcion de Nuestra Señora, y el de no promover, defender ni enseñar a sus discipulos cuestiones contra la autoridad real, ni regalias de S. M.

La forma de alcanzar el Grado de Doctor en aquella época no tiene ninguna similitud con la actual. Siendo un mérito importante su posesión, era esencialmente la coronación de la autorización para enseñar oficialmente, que ya estaba garantizada por la Licenciatura; tampoco lo títulos de Doctor o de Licenciado eran indispensables para opositar a cátedras, a las que se podía concurrir incluso únicamente con el de Bachiller. Unas vez superadas las pruebas satisfactoriamente ante el Tribunal, todavía poco tiempo atrás, el nuevo Doctor tradicionalmente tenía que realizar y sufragar un conjunto de ceremonias (procesión a la catedral, cenas, corridas de toros, etc.), que ocasionaban elevados gastos (aunque, desde 1752, reinando Fernando VI, se había suprimido la obligatoriedad de las corridas). Precisamente para evitar tales dispendios, a veces se aprovechaba la coincidencia con algún luto oficial, motivado por el fallecimiento de personalidades, etc., para no hacer dichas celebraciones.

Respecto al Licenciado Fernández del Campo, en este caso el breve expediente AUSA/799, 211-213 recoge su actuación ante el Tribunal que, a partir del 21 de octubre de 1780, a él y a otro Colegial del Oviedo les juzgó, concediéndoles el Doctorado en Canones el 25 de octubre de 1780; sólo unas pocas semanas después de haber obtenido la Licenciatura.

Rápidamente, en agosto de 1781, el nuevo Doctor se inicia en la participación en oposiciones, concretamente a la de la cátedra de Prima de Letras Humanas, compitiendo con otros cuatro aspirantes, siendo uno de ellos el famoso poeta y jurista Don Juan Meléndez Valdés (que fue quien obtuvo la plaza).

Transcurridos unos cuatro años, en 1785, se presenta Don José, también con otros cuatro candidatos y teniendo de juez en el Tribunal a Meléndez Valdés, a la cátedra de Griego; e igualmente el resultado le fue desfavorable.

En febrero de 1786 concurre, con otros dieciséis aspirantes (uno de ellos Meléndez) a dos plazas de Instituciones Canonicas.

¿Cuál fue el resultado?: El escrito del 12-XI-1786 acredita que la primera de estas Cátedras de ‘Instituciones Canonicas’ fue provista en el Dr. Dn. Josef Fernandez del Campo y la segunda en el Dr. Dn. Francisco Valdivia. Y añade que tomaron posesión el día 14 de dicho mes a las tres de la tarde poco mas o menos.

El triunfo de Fernández del Campo sobre Meléndez Valdés resulta evidente si se toman en consideración los siguientes factores: a) Meléndez contaba con el importante apoyo del Fiscal Campomanes, influido por Jovellanos (en la época de su apogeo), siendo éste, con Cadalso y otros, miembro de la famosa “Escuela Poética de Salamanca”, capitaneada precisamente por Meléndez. b) La cátedra que obtuvo Meléndez, siendo sólo Bachiller, era una de las entonces denominadas “cátedras raras”, menos prestigiosas y de menor retribución que las de Leyes. e) Antes de ganar su cátedra, Meléndez fracasó en cuatro intentos para obtener una de contenido jurídico; así fue con las de Instituciones civiles (en 1779), Volumen (1780), Digesto (1780) y Leyes de Toro (1781).

El examen del amplio expediente de las oposiciones a la plaza ganada por Fernández del Campo (AUSA/1017, 22-62, de 20-II-1786) permite averiguar que entre los aspirantes había: Doctores, Licenciados, Bachilleres y Presbíteros, siendo la mayor parte de ellos antiguos Colegiales de alguno de los cuatro Colegios Mayores salmantinos; pero los había también no Colegiales. Y que la “renta” anual a percibir era de 400 ducados.

Entre los numerosos méritos acreditados por el ganador, recogidos en lo equivalente a un folio (por ambas caras) de dicho expediente pueden destacarse:
–Haber estudiado diez y ocho años de estudios mayores en esta Universidad, en la forma siguiente: Tres de Filosofia. Tres de Leyes. Doce de Sagrados Canones. Igualmente consta por certificación del Cathedratico de Lengua Griega de esta Universidad, que dicho Don Josef estudio tres años esta Lengua, con puntual asistencia, y notable aprovechamiento. […]. Fue recibido de Actuante en la única, y Real Academia de Canones de esta Universidad, y haviendo pasado el tiempo, y ejercitado según prescriben las Constituciones de dicha Academia fue examinado, aprobado, y recibido de Presidente en ella. […]. Explico de extraordinario quatro veces, tres meses cada una, las materias Canonicas, que con arreglo al nuevo Plan de Estudios, le fueron señaladas por el Rector. […] Hizo oposicion a tres de los Colegios Mayores de esta Universidad, y mereció que su Real Majestad le proveyese beca en el de San Salvador de Oviedo. Ha sido nombrado tres veces Maestro de Estudiantes en dicho Colegio, y ha explicado el tiempo, y materias que previenen sus nuevos Reales Estatutos. Recibió los dos Grados mayores de Licenciado, y Doctor en esta Universidad en la facultad de Sagrados Canones. […] Ha sido dos veces Fiscal interino del Tribunal Eclesiastico de este Obispado por nombramiento del Provisor, y Governador de él. Es Presbytero, y tiene de su Ordinario licencias generales de predicar con ejercicio, y confesar en este Obispado. Tiene igualmente testimoniales, que le acreditan de buena vida, y costumbres, y capaz de obtener qualquier Beneficio, o Prebenda Eclesiastica. Y últimamente consta por testimonio autorizado por tres de los Escribanos de la Villa de Ledesma, que el referido Don Josef es noble notorio de sangre.

¿Cuánto tiempo desempeñó la importante cátedra de Instituciones Canónicas el hidalgo Presbítero Profesor Fernández del Campo en esta Universidad?: Una vez más, en el Archivo de ella, en el expediente AUSA/1019, 94-137, del año 1798, se halla un escrito que aporta el dato de la fecha de su muerte. Se titula: Proceso de provision de la cathedra de Instituciones Canonicas por fallecimiento del Dr. Josef Fernandez del Campo.

Se deduce que, habiendo obtenido dicha cátedra en noviembre de 1786, fue durante unos doce años el periodo de tiempo en que impartió sus clases en alguna de las dos aulas del claustro bajo del edificio histórico cuyas lápidas situadas encima de sus puertas respectivas dicen en latín: JURI CANONICO. En una de ellas, que es el actual paraninfo, se muestra el escudo con la tiara pontificia del mencionado Benedicto XIII, antiguo alumno y luego protector de esta Universidad, a la que concedió privilegios. La otra, perteneciente al aula denominada desde hace no muchos años “aula de Unamuno” (aunque Don Miguel no dio sus clases en ella sino en otra de la planta superior), tiene una inscripción latina que, traducida, esencialmente dice:

Se estableció en este lugar el estudio para que la Iglesia de Cristo viva próspera y resplandezca siempre por su piedad y religión, defendida por los sabios decretos de los Pontífices.

Como simple curiosa coincidencia, cabe indicar el hecho de que, a finales del siglo XIX, unos 100 años después de que el catedrático Don José impartiera allí sus enseñanzas, un pariente suyo, Don Felipe Fernández del Campo Mateos, siendo ya Maestro Nacional, cursaba como alumno en esas aulas la misma asignatura. Y, otros 100 años más tarde, un nieto de éste –quien suscribe, cuyo apellido materno es igualmente Fernández del Campo–, siendo Vicerrector de Investigación de la Universidad, organizó una Reunión para potenciar la Investigación en el área de las Ciencias Experimentales en el año 1985 y otra sobre Humanidades en 1986, cuyas sesiones se desarrollaron también en el aula de Unamuno.

Volviendo al asunto de si fueron o no eficaces las reformas introducidas en 1771 para mejorar el funcionamiento de los Colegios Mayores –que a su vez deberían mejorar la marcha de la propia Universidad–, del presente análisis relativo a la trayectoria profesional del que fue becario del Colegio Mayor de Oviedo Don Josef Fernandez del Campo (quien alcanzados los Grados de Licenciado y Doctor, ganó cátedra mediante dificil oposición) parece poderse deducir que sí dieron el resultado esperado; aunque no puede asegurarse que siempre ocurriera de igual modo en otros casos. Pero es evidente que lo mismo que logró Don José pudieron hacerlo otros becarios, sobre los que hay menos datos.

Por los motivos y circunstancias que se exponen resumidamente a continuación, se puede concluir que dicha etapa favorable fue breve, ya que terminó oficialmente en 1798. Poco después se produjeron algunas transitorias recuperaciones, aunque sólo parciales y peculiares, alternando los peores periodos con otros esperanzadores, prolongados éstos hasta comienzos de la década de 1940, que enlazan con su resurgir hasta llegar a nuestros días.

5. ETAPA TRISTE DE LOS COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA: 1798-1873

Se estima por los especialistas que la política exterior llevada a cabo por Carlos III, participando España en guerras foráneas, no fue siempre afortunada; y que, en cambio, la orientada al desarrollo económico y cultural del país fue muy acertada. Contó para ello con la colaboración de eficaces Ministros, por él elegidos, impregnados del espíritu de la Ilustración (tan característico del siglo XVIII), que actuaban de modo similar a como se hacía en otras naciones europeas cada vez más pujantes (entre las que Francia era el modelo más imitado). Precisamente estas tendencias ilustradas no eran muy acordes con la mentalidad de las épocas precedentes españolas que marcaron el rumbo de la marcha de los Colegios Mayores universitarios. No obstante, con las imposiciones restrictivas de aquel reinado antes apuntadas, durante ese periodo se siguió respetando escrupulosamente (mediante el nuevo funcionamiento) la existencia de dichos Colegios.

Cuando falleció Carlos III, en 1788, su sucesor, Carlos IV, desoyendo los consejos paternos relativos a mantener en los cargos importantes a los experimentados Ministros que con aquél habían trabajado, prefirió entregar el gobierno de la nación a un joven inexperto guardia de Corps, Manuel Godoy, protegido de la reina, quizá pensando que las nuevas y preocupantes circunstancias internacionales estaban resultando muy diferentes de las anteriores y aconsejaban nuevos enfoques.

Muchos contemporáneos de Godoy consideraron a éste como persona de talento perspicaz y, sobre todo, de una desmesurada ambición. Lo cierto es que, acumulando privilegios, ascendió en poco tiempo a puestos de máxima altura, que también conllevaban máxima responsabilidad. Gran parte de la población, y en particular la nobleza, no vio con buenos ojos estos inesperados ascensos. A su favor se ha señalado que su dificil tarea coincidió con etapas de inseguridad internacional derivadas de la Revolución Francesa, seguidas por la gran alteración del equilibrio europeo resultante de las guerras napoleónicas.

El descontento popular ocasionado por las malas cosechas de algunos de aquellos años (que produjeron hambrunas) trató de ser sofocado mediante medidas poco afortunadas, tales como una primera

Amortización de bienes eclesiásticos que, aun compensando a la Iglesia parcialmente, provocaron la enemistad de esta poderosa institución.

Siguiendo esa misma línea recaudatoria a favor de la Corona, y manteniéndose en las esferas gubernamentales la heredada desconfianza hacia la Universidad y sus Colegios Mayores, Carlos IV dio carácter oficial a la supresión de éstos mediante un decreto en septiembre de 1798, destinándose los fondos económicos y rentas de los mismos, así como el importe que se consiguiera por la venta de sus propiedades, a una Caja de Amortización rindiendo un 3 %. (Medidas similares ya se habían adoptado en relación con los Colegios Menores, destinándose al Seminario los ingresos resultantes).

Aunque se ordenó que se cuidaran los edificios de los suprimidos Colegios hasta que se les asignara otro uso, esta labor se atendió desigualmente; por lo que su deterioro se produjo pronto en algunos.

Afortunadamente, el Fonseca se salvó por haber sido destinado a hospital. También el San Bartolomé, sobre todo a partir de 1811, al convertirse en la residencia del Gobernador Barón Thiebault y sede del Gobierno francés ocupante de la ciudad durante más de dos años. Parece ser que en sus dependencias tuvieron lugar las primeras tenidas (=ceremonias masónicas) que se celebraron en Salamanca. La plaza de Anaya adquirió entonces el tamaño actual, después del derribo de viviendas, pertenecientes algunas a la Iglesia, con objeto de embellecer la perspectiva de acceso al edificio. Peor suerte tuvieron los Colegios de Oviedo y Cuenca, así como varios de los Menores (Trilingüe, San Agustín, la Magdalena, etc.) que, por hallarse además situados en puntos estratégicos que los franceses decidieron reforzar como elementos defensivos, fueron derruidos y sus materiales destinados a este fin. Se calcula que al menos una treintena de edificios históricos sufrieron daños irreparables o su destrucción y, en ocasiones, el expolio de las obras de arte que contenían. Hasta hace pocos años aún se conocía esa barriada como “Los caídos”.

Terminada la terrible y, por parte española, heroica Guerra de la Independencia en 1814, Fernando VII (“el Deseado”) ocupó el trono. Su propósito fue restablecer esencialmente la situación del país de forma similar a como estaba antes del doloroso conflicto bélico, ejerciendo un reconocido Absolutismo, al igual que otros reyes europeos. En este sentido, ordenó en 1815 el restablecimiento, aunque sólo fuera parcial, de dichos Colegios en la medida de lo posible con los elementos de ellos que hubieran sobrevivido al desastre. Así, la Hospedería del San Bartolomé fue cedida al destruido Oviedo; análogamente, el desaparecido Cuenca se instaló en el Fonseca. El funcionamiento de todos ellos estaba coordinado por una Junta de Colegios, que contaba con un Reglamento.

Aun siendo parcial esta recuperación, desgraciadamente se interrumpió, volviendo a desaparecer los Colegios como consecuencia de la entrada en vigor de las normas impuestas por los triunfadores del movimiento revolucionario iniciado por el Teniente Coronel Rafael del Riego, que comenzando en 1820 duraría hasta 1823; por lo que sería llamado este periodo “Trienio Liberal” (entre cuyos dirigentes había “moderados” y “exaltados”). Los edificios colegiales y sus rentas fueron traspasados a la Hacienda nacional.

Varias naciones europeas, después de las guerras napoleónicas que alteraron profundamente el anterior equilibrio, se aliaron para tratar de sofocar brotes liberales en sus países o en otros de su entorno, constituyendo la que se denominó “Santa Alianza”. Esta institución envió una nota al Gobierno de Madrid exigiéndole la renuncia inmediata al mantenimiento de la Constitución de 1812 que los liberales habían obligado a jurar a Fernando VII contra su voluntad en 1820. Al rechazar esta imposición el Gobierno Liberal y, ante la solicitud a las potencias extranjeras por parte del Monarca español para que vinieran en su auxilio y él pudiera reinstaurar el poder absoluto, en abril de 1823 un ejército procedente de Francia, denominado “Los Cien Mil Hijos de San Luís”, penetró en España con esta finalidad. Sin encontrar apenas resistencia, lo consiguió. Todavía hasta 1828 un pequeño contingente de tropas francesas permaneció aquí para garantía de tal propósito.

Los nuevos intentos de restablecimiento de los Colegios Mayores no se produjeron hasta 1830, reabriéndose el de San Bartolomé. Paralelamente, en 1832, las Universidades del Reino, cerradas por motivos extra-académicos, fueron reabiertas por decisión del que era Primer Ministro del Gobierno, con poderes excepcionales por enfermedad del Rey: el salmantino antiguo alumno y Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca José Cafranga Costilla (y no Cea Bermúdez, como se le viene erróneamente atribuyendo). Aquél además concedió una amplísima amnistía que facilitó el regreso de muchos exiliados.

Muerto Fernando VII en 1833, le sucedió su hija mayor, Isabel, bajo la Regencia de su madre, María Cristina de Borbón. A la inestabilidad política motivada por el enfrentamiento entre los considerados progresistas y los conservadores se añadían los problemas derivados del comienzo en ese mismo año de la que sería Primera Guerra Carlista, que concluyó oficialmente (aunque no definitivamente) en 1839, con el “abrazo de Vergara”, siendo Espartero el triunfador. Pero precisamente las diferencias entre Espartero con la Regente hicieron que ésta abandonara España en 1840, trasladándose a Francia, sucediéndole Espartero como Regente en 1841.

Tales cambios políticos repercutirían (dadas las distintas ideologías que mantenían sus representantes) en la estructura y el funcionamiento de la precaria vida de los Colegios, análogamente a como en épocas pasadas había sucedido. Así, una nueva etapa se iniciaba. En efecto, en 1840 se refundieron los Colegios para constituir el denominado Colegio Científico. Con los escasos fondos disponibles procedentes de los suprimidos Colegios Mayores y Menores, se logró que volviera a haber 28 Colegiales (con su Director y el otro personal habitual de las etapas anteriores) residiendo en el edificio del San Bartolomé.

Además, hay que destacar otra peculiaridad de la nueva situación: Por primera vez la Diputación Provincial salmantina (constituida en 1813) participaba como colaboradora e inspectora de aquel Centro.

Lamentablemente, tampoco fue muy larga esta etapa colegial. Por una Real Orden de la entonces joven reina Isabel II, de agosto de 1846, fue suprimido dicho Colegio Científico. A partir de esa fecha cesó el régimen de vida colegial en centros propios que durante siglos fue su característica esencial y que había rendido óptimos resultados, reconocidos incluso por algunos de sus detractores, quienes habían lamentado después tal desaparición. Habría que esperar aproximadamente un siglo para que esta modalidad residencial se reanudara, aunque lógicamente según las pautas y costumbres de los nuevos tiempos.

En 1855, al igual que sucedió con algunos bienes de la Universidad, también los de los Colegios (cuyo origen era diferente de los de aquélla) fueron errónea e injustamente ingresados en Cajas estatales. No obstante, desde 1846 los poco abundantes recursos económicos aún disponibles se administraron en forma de becas (a las que se asignaba la modesta cantidad de seis reales diarios) por la denominada Junta Administradora de los Colegios unidos. Esta Junta funcionó hasta la década de 1870.

Los edificios y rentas de los Colegios habían pasado a pertenecer a Instrucción Pública.

El bello edificio neoclásico del San Bartolomé (conocido habitualmente como Palacio Anaya) fue destinado a Museo Provincial, por Real Orden de marzo de 1846. Más tarde serviría como sede de otras muy diversas instituciones (que más adelante se mencionarán), algunas de las cuales lo deterioraron parcialmente; lográndose, tras numerosos intentos fallidos, su recuperación para la Universidad a comienzos del siglo XX, así como su inmediata y adecuada restauración para fines docentes, que sigue cumpliendo dignamente en nuestros días, lo mismo que su antigua Hospedería.

Respecto al Colegio del Arzobispo (conocido también como el Fonseca), cabe decir que, habiendo regresado a Salamanca los irlandeses (de donde se fueron al producirse la Guerra de la Independencia), lograron en 1838 se les autorizara a instalarse en él (pero no en su Hospedería) en régimen de vivienda, no de propiedad, ya que otro edificio, el de su residencia anterior, no estaba disponible. Por ello, se conoce aún a este Colegio como el de los irlandeses. En él han permanecido (aunque ausentes durante la Guerra de 1936, en que fue sede de la Embajada alemana) hasta 1957, cuando la Universidad lo recuperó acreditando ser la legítima propietaria, superando resistencias (de tipo económico) por parte de su último responsable. Ahora sirve como Centro de Postgrado y otras actividades de la Universidad.

6. APOYO ECONÓMICO A LAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS, Y ADMINISTRACIÓN DE LOS COLEGIOS MAYORES, POR LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA

La famosa Ley de Instrucción Pública que se publicó en “La Gaceta de Madrid” del 10- IX-1857 fue obra del antiguo alumno de Leyes de Salamanca, más tarde Profesor en Valladolid y Ministro de Fomento, el zamorano Don Claudio Moyano. En opinión de los expertos, puede ser considerada, más que como una reforma de todo lo anterior al respecto, como una codificación burocrática de lo antes existente. Sin embargo, su importancia práctica ha sido enorme, pues gran parte de ella ha estado en vigor hasta 1943, y aspectos esenciales de ella perduran, aun con las numerosas modificaciones que sufrió.

Desgraciadamente para Salamanca resultó, además de duradera, dura. En efecto, a partir de su promulgación se podrían realizar en su Universidad únicamente los estudios de Derecho (hasta el grado de Licenciado) en las secciones de “Leyes y Cánones”, y Teología (hasta el mismo grado); y los de Filosofia y Letras (pero solamente hasta el grado de Bachiller). Desaparecían los de Medicina, aquí existentes desde centurias atrás; y no se creaban los de Farmacia, a diferencia de Santiago de Compostela, por ejemplo. Quince días después de la publicación de la enseguida conocida como Ley Moyano, la Junta de Decanos salmantinos reaccionó respecto al Real Decreto de 23-IX-1857 proponiendo que se constituyera la Facultad de Ciencias hasta el grado de Bachiller (por idénticas razones a las aceptadas para la Facultad de Filosofia y Letras). En realidad, la Facultad de Ciencias estrictamente había arrancado con ese nombre sólo a partir de 1845, si bien la mayor parte de sus enseñanzas estaban integradas en la antigua Facultad de Filosofia. Obviamente, muy diferente era el caso de la Facultad de Medicina, por lo antes apuntado. Unos pocos años más tarde paralelamente se resolvería, aunque no fuera de la manera ideal, la situación de ambas

Facultades, gracias principalmente al apoyo económico aportado por la Diputación Provincial, consecuencia de los profundos cambios políticos y sociales surgidos.

Al producirse el triunfo de la denominada “Gloriosa” Revolución de 1868 o “Septembrina” (por haber ocurrido a finales de aquel mes), que destronó a la reina Isabel II (la cual desde su lugar de veraneo pasó a Francia), la “Junta Revolucionaria” se declaraba voluntariamente disuelta y era nombrado Presidente del Gobierno Provisional el General Don Francisco Serrano, en octubre de 1868.

El Decreto del 21-X-1868 (Gaceta del 22) favorecía legalmente la reanudación de las actividades de las Facultades de Medicina y Ciencias extinguidas por la Ley Moyano, ya que expresaba que las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos podrán fundar y sostener establecimientos con fondos de la provincia y éstos con los del Municipio. Asimismo, se recuperaba también otra famosa tradición universitaria últimamente perdida, puesto que se establecía en dicho Decreto que: Los ejercicios de Doctorado podrán verificarse en todas las Universidades.

El optimismo de la primera etapa revolucionaria se comprende fácilmente teniendo en cuenta el profundo malestar y descontento de la mayor parte de la población (muy especialmente latentes en el mundo universitario) contra Isabel II y sus sucesivos Gobiernos, por haber sufrido nada menos que 18 pronunciamientos importantes (de signo muy variado: progresista, moderado, complejo o carlista), de los que sólo 4 de ellos resultaron triunfantes, pero que produjeron inevitablemente profundos cambios. Cabe señalar, en su disculpa, que tal descontento se hallaba ocasionado por causas políticas, sociales y económicas que venían actuando desde tiempo atrás (que no eran muy diferentes a las que operaban en otras naciones próximas, donde también sucedían alteraciones similares). En ese periodo del reinado isabelino se lograron, no obstante, realizaciones importantes, tales como la instalación de gran parte de la red ferroviaria (por empresas inglesas y francesas en colaboración con la banca española), construcción de bibliotecas públicas (como la Nacional en Madrid, etc.), ordenación de la Primera Enseñanza nacional (aunque en condiciones de precariedad al depender económicamente de los Ayuntamientos), modernización de las ciudades (con bellas ampliaciones como el barrio construido en Madrid por el banquero Don José Salamanca), etc. La escasez de recursos fue paliada parcialmente por las Desamortizaciones del Ministro Mendizábal, que contribuyeron a financiar la Guerra Carlista de 1833-39 y a atraer al régimen isabelino la burguesía emergente, pero que ocasionaron numerosas pérdidas irreparables en el Patrimonio nacional.

La Revolución de 1868 disponía, desde el 1 de junio de 1869, de una Constitución. La influencia del famoso General Prim determinó la elección como Rey y la llegada a España de Don Amadeo de Saboya (al igual que él, masón). Éste reinó sólo desde el 2-I-1871 al 10- II-1873, al renunciar voluntariamente al trono, abrumado por los problemas españoles y la dificultad para resolverlos, además de su no aceptación por gran parte de la nobleza de aquí.

La Asamblea Nacional, habiendo aceptado tal abdicación, proclamó (por 285 votos contra 32) la que sería Primera República Española, en la madrugada del 12-II-1873.

Sucesivamente, los Presidentes de ésta, Don Estanislao Figueras, Don Francisco Pi y Margall, Don Nicolás Salmerón y, finalmente, Don Emilio Castelar –también pertenecientes algunos de ellos a la masonería o simpatizantes con ella– trataron de afrontar no sólo los complejos problemas internos (algunos tan graves como el que degeneró en la Rebelión de los Cantones, especialmente en Málaga y Cartagena) sino también los derivados de las guerras que estallaron aprovechando esa crítica situación (como el brote de las luchas carlistas y los intentos independentistas de Cuba), al mismo tiempo que intentaban introducir medidas más aperturistas en la política gubernamental. Castelar tuvo al final que actuar dictatorialmente e, incapaz de resolver la situación y carente de apoyos, se vio en la necesidad de dimitir en la madrugada del 3-1-1874. Se buscó restablecer el orden mediante un nuevo golpe de Estado, incruento: El General Pavía, con su tropa, asaltó esa madrugada la sede del Congreso, disolvió las Cortes y, renunciando a ser Presidente del Poder Ejecutivo, facilitó que lo fuera el General Serrano, quien sólo lo retuvo hasta que se produjo la Restauración en la persona de Alfonso XII, gracias a la hábil labor de Cánovas y el pronunciamiento (quizá innecesario) de Martínez Campos en Sagunto el 29-XII-1874.

Tomando en consideración este contexto histórico, será factible analizar seguidamente los documentos inéditos antes aludidos. Tres de ellos corresponden a la descripción de hechos, relativos a los Colegios Mayores salmantinos, producidos en los meses de julio, septiembre y noviembre de 1873; es decir, dentro del periodo republicano. Otros tres, pertenecen al mes de julio de 1875; o sea, cuando ya ha tenido lugar la Restauración monárquica. Se trata de cuestiones importantes en las que la Diputación Provincial interviene decisivamente, cumpliendo las nuevas normas implantadas por estos diferentes regímenes.

Como ya se anticipó, tales documentos son principalmente escritos notariales procedentes de la Diputación salmantina, y fueron obtenidos por Don Eduardo No (o de No) García, salmantino, Catedrático de la Facultad de Ciencias, y Decano de la misma (entre 1897 y 1924); además, lo que es excepcional, eminente jurista. Esta doble condición de científico y jurista contribuye a explicar su posesión de los mismos, que debió de utilizar para la defensa de los intereses universitarios, logrando en 1904, por ejemplo, el reconocimiento estatal (con todas sus favorables consecuencias) de las “Facultades Libres” (Medicina y Ciencias) que, sostenidas por la Diputación Provincial desde 1869 (en colaboración con el Ayuntamiento desde 1874), quedaron equiparadas a las de Derecho y Filosofía y Letras.

Los títulos y características de dichos documentos, por orden cronológico, son:
a) Acta de la sesion extraordinaria del día 17 de Julio de 1873 (escrita en un folio de 31×21 cm., por ambas caras), sobre patronato de los Colegios suprimidos.
b) Copia (en 4 folios) del acta notarial, de fecha 3 de septiembre de 1873, acerca de la incautación del archivo y demás documentación relativos á dichos Colegios.
c) Memoria sobre los Colegios suprimidos. (Escrita en 23 páginas, de 22xl6 cm., de fechas 4 y 13 de noviembre de 1873).
d) Inventario de los legajos y papeles que existen en el Archivo de los Colegios unidos al suprimido Científico, al hacerse cargo del Patronato de dichos establecimientos la Excma. Diputación de la Provincia, y devueltos a la Junta de Colegios en virtud de Real orden, de fecha 1 de julio de 1875 (4 folios).
e) Índice de libros, espedientes (sic) y demás papeles que se hallan en la Secretaría de la Junta [Administradora de Colegio]; también de fecha 1 de julio de 1875 (5 folios).
f) Escritura relativa a la entrega del metálico, valores, efectos y archivo pertenecientes a dichos Colegios por la Diputación a la Junta Administradora de los Colegios suprimidos unidos al Científico de esta Ciudad. (Consta de 7 folios, y es del 6 de julio de 1875).

La Memoria sobre los Colegios suprimidos (documento c), por ser unos pocos meses posterior a los documentos a y b y contener un amplio resumen de ellos, facilita un análisis de los hechos descritos en aquéllos, observándolos con cierta perspectiva.

Comienza esta Memoria haciendo una breve historia sobre las características generales de dichos Colegios señalando que los bienes de los mismos procedían de diversos beneficios, productos decimales, alcabalas en varios pueblos y algunas fincas de propiedad de los fundadores.

Seguidamente recuerda que lo becarios admitidos en ellos no recibían enseñanza académica alguna sino solamente alojamiento y alimentación gratuitos; y que el ingreso solía verificarse por oposición. Y añade: Así vinieron funcionando hasta mediados del siglo pasado [XVIII], en que disminuidas por diferentes causas las rentas […] los Colegios Mayores decaídos de su antiguo estado por consecuencia de la venta de sus fincas á principios de este siglo [XIX] y por las vicisitudes de la Guerra de la Independencia en la cual todos sufrieron pérdidas considerables, habiendo alguno cuyo edificio fue incendiado, pereciendo todo su archivo y cuanto en él existía, recibieron una nueva organización en 1816, con la cual continuaron hasta el planteamiento del sistema constitucional. En esta nueva época tanto unos como otros perdieron una gran parte de sus ingresos con la supresión de los diezmos en que muchos eran partícipes.

Prosigue explicando la fusión de los Colegios, en noviembre 1840, en uno solo [instalado en el edificio del San Bartolomé, que estaba ocupado por oficinas del Estado y de la Provincia] al que se le dio el nombre de Científico, uniendo á los Colegiales á la sazón existentes y fijando condiciones para la admisión de otros nuevos en lo sucesivo.

A continuación indica un dato peculiar de la nueva situación: Ejercía la alta inspección y protectorado la Excma. Diputación provincial, y conociendo ésta la dificultad de atender en corporación á las necesidades que exigía la dirección de un Colegio, nombró en 24 de Julio de 1843 una Comisión directiva compuesta de un Diputado provincial como Presidente, dos de los Patronos de los Colegios agregados y un empleado del mismo en concepto de Secretario. Esta Comisión tenía el deber de velar por los intereses del Colegio lo mismo que por la severa observancia de los estatutos.

También tenía esta Comisión la importante función de proponer á la Diputación los nombramientos de empleados y examinar las cuentas que rindiera el Administrador, mandándolas con informe a la Excma. Corporación provincial.

Seguidamente recoge esta Memoria otro punto interesante: Así continuó el Colegio Científico hasta el año de 1845 en que suprimido de Real orden se encomendó al Jefe Político de esta Provincia la incautación de todos sus bienes, escrituras y derechos, previo inventario, con atribuciones para nombrar una Junta que ejecutase este trabajo.

Terminado que fue el inventario por la Junta lo participó así á la Superioridad y se resolvió por Real orden de 10 de Agosto de 1846 que los bienes del Colegio Científico se agregasen á la Instrucción pública.

En 1847, la Universidad recuperaría mayores competencias sobre estas cuestiones: El 27-11-1847 se dispuso disolver á la Junta de inventario y nombrando otra presidida por el Rector de la Universidad y compuesta por los Decanos de las Facultades. […]. Esta nueva Junta […] tenía á su cuidado la administración de los fondos de los Colegios, la admisión de los alumnos que presentaban á las becas los Patronos respectivos […] y el cumplimiento de la voluntad de los fundadores.

Pero algunos años después tendría lugar el triste asunto de la venta de bienes de los Colegios y el destino de los caudales obtenidos: Así, por virtud de lo prevenido en la Ley de 1o de Mayo de 1855 se vendieron las fincas que los Colegios poseían y que habían adquirido á consecuencia de compras hechas con el producto de sus ahorros y con legados á su favor, viniendo á constituir por este tiempo la mayor parte de su capital.

En su equivalencia ha expedido el Gobierno inscripciones intransferibles del tres por ciento que constituyen hoy casi todas sus rentas, á escepción (sic) de las que producen algunos edificios que aun conservan y que estan destinados para la beneficencia e instrucción pública.

Unos pocos años después, favorecida por las nuevas normas implantadas por la Revolución de 1868, la Diputación adquiría mayor influencia en el funcionamiento del precario mundo colegial. Ello crearía algunas tensiones con las autoridades universitarias: Por decreto del Poder ejecutivo de 9 de Febrero de 1869 se concedió á las Diputaciones provinciales el derecho de patronato que ejercía el Gobierno sobre los Colegios de internos agregados á los Institutos de 2ª enseñanza. [ …]. También a la Diputación correspondía el protectorado y patronato de los Colegios unidos al suprimido Científico de esta Ciudad. En vista de esta resolución, en septiembre de 1873, ya durante la I República, la Diputación acordó disolver la Junta de Colegios (creada en 1847), reclamar de ella el archivo y cuantos antecedentes obraran en su poder, ordenar á los empleados de la misma se pusieran á las inmediatas de la Comisión Permanente, ingresar los fondos existentes en la Depositaría provincial y administrar por sí las rentas de estas fundaciones. Pero la Junta de Colegios no aceptó esta decisión, mientras no se dispusiera por la autoridad académica que le confirió ese derecho, y manifestó que daba conocimiento del caso al Excmo. Sr. Ministro de Fomento y acordaba esperar su resolución, participándolo el Rectorado por su parte á la Dirección general de Instrucción pública. A su vez, la Comisión Permanente de la Diputación acordó que dos de sus miembros y el Notario de la Corporación se presentasen en el local de la Junta Administradora [de los Colegios] y procediesen á la incautación, previo inventario, del Archivo y todos los documentos y enseres referentes á la misma. Pero cuando intentaron proceder a la incautación, el 3-IX-1873, no pudieron verificar aquélla por oponerse á ello el Señor Rector; por lo cual el Notario levantó acta (documento b).

Habiéndose solicitado por la Comisión Permanente de la Diputación al Gobernador Civil que hiciese cumplir la mencionada incautación, éste se dirigió al Señor Rector de la Universidad á la vez que á la Comisión en comunicaciones de 12 de Setiembre [de 1873] disponiendo que los vocales comisionados por la Permanente llevasen á cabo la incautación del archivo, documentos y enseres de Colegios en el dia 14 del mismo mes. Así se ejecutó por los vocales, acompañados por el Notario. Y presentó el Señor Rector los papeles y enseres. […]. Terminado el inventario, se procedió al traslado de los papeles del archivo y oficina á las de la Excma. Diputación y al efecto se facilitó al Oficial una pieza separada e inmediata á la de la Secretaría. […].

También acordó la Comisión permanente la traslación de los fondos en metálico y papel á la Depositaría de la provincia, y resultando parte de aquellos en el “arca de caudales” de la Universidad gestionó lo conveniente para su incautación […]: 194.000 reales en metálico y 1.113.000 reales nominales en títulos de la Deuda. Además, se mencionan otras entregas por valor de 75.000 reales, así como las inscripciones intransferibles de la renta interior del tres por 100 consolidado, importantes el capital nominal de 5.200.000 reales y 160.000 reales de renta.

Habiendo quedado suprimida la Junta de Colegios, sería la Comisión Permanente de la Diputación la que resolvería también los asuntos relativos a solicitudes de becas vacantes. Y así se hizo en varios casos que se detallan. Otro asunto resuelto fue el de la supresión del anterior cargo de Administrador.

También en las páginas finales de esta Memoria hay un capítulo titulado Bases para la reorganización de los Colegios, que detalla del modo siguiente: 1º Administración y gobierno de los Colegios. 2º Patronos particulares. 3º Derecho de alta inspección y patronato. 4º Destino de las rentas de los suprimidos Colegios. 5º Forma de la inversión de las rentas. 6º Número y cuantía de las pensiones. 7º Distribución de las pensiones entre los Colegios. 8º Condiciones de los becarios.

Con fecha 13 de noviembre de 1873 la Comisión Provincial manifiesta, en la última hoja, que ha visto con satisfacción esta Memoria. Así concluye lo relativo a dicho periodo.

La situación política se modificó pocos meses después, según ya se ha indicado. Se produjeron considerables cambios que repercutieron en la vida universitaria y en las Diputaciones, como se deduce del título del mencionado documento d. Se trata del Inventario de cuanto recibió la Diputación, mediante la incautación antes comentada, procedente del previamente suprimido Colegio Científico, documentación que tuvo que devolver a la Junta de Colegios, en virtud de la Real orden de 1-VII-1875, en la nueva etapa de la Restauración. En los 4 folios de este escrito se detalla lo que contienen los 4 estantes reseñados. Se describen los papeles integrantes de los legajos procedentes de varios Colegios Mayores y Menores, precisando sus fechas correspondientes.

Análogamente, en el escrito e se indican los títulos de 13 libros de actas de sesiones celebradas entre 1845 y 1869, así como legajos con números; o sea, relativos a contabilidad, por ejemplo entre 1849 y1870, y también expedientes sobre edificios de los Colegios.

La escritura notarial, del 6-VII-1875, que es el documento f de la serie, se refiere a todo lo relativo a entrega del metálico, valores, efectos y archivo. Por ejemplo, se señala la entrega de cincuenta y siete mil ochocientas noventa pesetas con cuarenta céntimos en metálico, que contó el Administrador. También títulos del tres por ciento. Por último, datos sobre las láminas emitidas a favor de los Colegios […] y de los intereses que devengan, etc.

7. SITUACIONES POSTERIORES A 1875 DE LOS COLEGIOS MAYORES DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Reintegrado a la Universidad lo que quedaba de sus antiguos Colegios Mayores a mediados de 1875, la nueva etapa monárquica de la Restauración se iniciaba con Alfonso XII. Precisamente unos cuatro años después el joven Rey se alojó en el Colegio de San Bartolomé con motivo de su visita a Salamanca, cuando vino, en septiembre de 1877, a inaugurar la línea de ferrocarril entre Medina del Campo y Salamanca, que fue durante cerca de medio siglo (hasta que se hizo la conexión entre Ávila y Salamanca) el enlace ferroviario de la ciudad del Tormes con Madrid.

La Junta de Colegios universitarios de Salamanca, creada en enero de 1876, sucesora de las Juntas anteriores aquí mencionadas, elaboró un Reglamento para el funcionamiento de los Colegios en 1886, según indicó el Rector Don Esteban Madruga en 1972. Por primera vez en España había la posibilidad de realizar viajes de estudio y permanencia en el extranjero por becarios posdoctorales con objeto de ampliar su formación, seleccionados previamente mediante rigurosas pruebas. Podría considerarse esta medida como una acertada anticipación a lo que el Programa Erasmus ha implantado en 1987, en cuya fundación oficial (que tuvo lugar en la Universidad Católica de Lovaina en 1986) participó activamente la Universidad salmantina (mediante su entonces Vicerrector de Investigación, el autor del presente estudio), juntamente con la Universidad Autónoma de Madrid y la Central de Barcelona.

Posteriormente hubo varios intentos de restablecer el tradicional internado de los becarios en el edificio del San Bartolomé. Así se solicitó en 1916 al organismo competente, que era el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pero tal intento no prosperó.

En cuanto a los dos edificios únicamente pervivientes de los dos Colegios Mayores, cabe decir respecto al de San Bartolomé que fue sede, entre 1840 y 1846, del llamado Colegio Científico, según ya se ha indicado.

Desde esa última fecha estuvo destinado a Museo Provincial. Más tarde fue ocupado por la Delegación de Hacienda y Telégrafos. A partir de 1913 fue la sede del Gobierno Civil hasta que esta institución, en 1916, pasó a estar en un edificio de la céntrica calle del Prior. Desde esa fecha, una parte del Palacio Anaya (muy deteriorado por el uso inadecuado y reformas desafortunadas realizadas por los distintos ocupantes) fue transitoriamente ocupado por el Regimiento de la Victoria n° 76, una vez vencida la resistencia a este destino mantenida por algunos catedráticos universitarios.

Afortunadamente, la adecuada gestión realizada por las autoridades de la Universidad, apoyadas en expertos informes elaborados por juristas del claustro (como el mencionado Don Eduardo de No, y otros) lograron oponerse legalmente a la pretendida incautación del edificio del San Bartolomé por el Ministerio de Hacienda. La definitiva restitución de éste a la Universidad se consiguió, en 1926, merced a la decisiva intervención personal del Presidente del Gobierno, Don Miguel Primo de Rivera. La Universidad, agradecida a esta y a otras acertadas actuaciones del Presidente (como la entrega a ella de los valores bancarios obtenidos mediante la venta de propiedades de la Universidad e injustamente incautados por el Estado, según antes se comentó), sometió a votación la propuesta de concederle el Doctorado honoris causa. El resultado fue: 23 votos a favor, 3 en contra. El 2-11-1926 tuvo lugar la solemne sesión. En la memoria-anuario de dicho año 1926 se expresa que la Universidad, con esa distinción, ha querido a la vez testimoniar su gratitud al único estadista que, con solicitud y cariño, escuchó sus peticiones, para luego resolverlas con rapidez y energía, como correspondía en derecho.

El Palacio Anaya –expresión con la que habitualmente se conoce al neoclásico edificio del Colegio Mayor de San Bartolomé–, previas restauraciones y reformas de adaptación, transcurrida una media docena de años, alojaría las Facultades de Ciencias (Sección de Químicas) y Filosofía y Letras, como se indica a continuación. Los antecedentes de la situación son, resumidamente, los siguientes:

La primera de estas Facúltades había iniciado su débil andadura en el venerable edificio de las Escuelas Menores, contiguo al histórico de la Universidad, a mediados del siglo XIX, compartiendo aquellas escasas dependencias con el recién creado entonces Instituto de 2ª Enseñanza. Allí permanecieron ambas instituciones hasta el curso de 1903-04, en que la Facultad de Ciencias se trasladó al Colegio Mayor Fonseca, mientras el Instituto permaneció en su lugar de origen hasta que, en 1932, ocupó una parte del amplio edificio del Noviciado de los Jesuitas (expulsados éstos por la II República), situado en las cercanías del paseo del Rollo.

A su vez, la sede de la Facultad de Medicina también estuvo vinculada al mismo Colegio Mayor, pero a su Hospedería (del siglo XVIII, a diferencia del Colegio, que es del XVI). Este edificio ya había sido utilizado como hospital y hospicio desde el siglo XIX. En paralelo con la Facultad de Ciencias, su instalación oficial allí tuvo lugar en el comienzo del curso 1903-04, cuando se reconoció a ambas Facultades su rango de estatales.

Las estrecheces que afectaban principalmente a la Facultad de Ciencias hicieron que su Junta de Facultad del 16-III-1927 tratara de resolver la situación y propusiera como solución uno u otro de las dos siguientes proyectos: La construcción de un pabellón en el derruido Colegio de San Pelayo (los Verdes) [edificio que, recientemente reconstruido, es ahora la sede de la Facultad de Geografia e Historia]; y el otro, la instalación de los laboratorios de Química en el Colegio Mayor de San Bartolomé cuando allí se construya la residencia de estudiantes. Recoge el acta académica: Se mostraron conformes con el segundo. Se deduce, en todo caso, que la idea de recuperar la vida de internado para los becarios universitarios perduraba; pero tampoco entonces se materializó.

En la sesión del claustro del 19-II-1932, el Arquitecto de la Universidad Don Genaro de No –hijo del mencionado Catedrático Don Eduardo– presentó la memoria, presupuesto y planos de las obras acerca del edificio de Anaya, una vez que el claustro decidiese si dicho edificio habría de destinarse a instalación de las Facultades de Ciencias y Letras o a residencia de estudiantes. Detalla el acta académica: El Claustro acuerda: 1º Desistir de la implantación de la Residencia de estudiantes en el antiguo Colegio de San Bartolomé y aprueba el traslado a dicho edificio de las Facultades de Ciencias y Letras. 2º Aprueba igualmente la totalidad del presupuesto leído. El asunto de la residencia para estudiantes quedó definitivamente abandonado. Los becarios, en los sucesivos, salvando el periodo de la contienda de 1936-39 e inmediatos siguientes, percibirían su asignación en metálico.

Don Genaro lograría no sólo la restauración de un edificio en lastimoso estado de conservación sino la mejor adaptación posible a su uso para Facultades de características tan dispares como la de Ciencias (que ocupó las plantas inferiores), con exigencias propias como las de los laboratorios, y la de Letras (a la que se destinó la zona alta). La instalación de Ciencias cumplió, dentro de sus limitaciones, con su cometido hasta mediados de la década de 1960, en que se trasladó al nuevo y funcional edificio de la plaza de la Merced, el cual ocuparía la mayor parte del terreno en que anteriormente estuvo el Colegio del Rey (desaparecido a consecuencia de la Guerra de la Independencia), cuyo espacio había sido convertido después en el sobrio alojamiento de los Servicios de la Intendencia Militar local.

De este modo, todo el edificio Anaya ha podido dedicarse, una vez adecuadamente adaptado, a la Facultad de Letras, además del contiguo de la Hospedería (conocido como “Anayita”), que durante muchos años fue la sede de la Normal de Maestros.

Respecto a los Colegios Mayores, se puede destacar lo siguiente: En la díficil etapa de reconstrucción de un país que había quedado enormemente dañado por una guerra interna terminada en 1939, a la que en ese mismo año siguió una prolongada guerra internacional (que impedía cualquier intento de obtención de ayuda extranjera), un decreto del 19 de febrero de 1942 restablecía estas memorables instituciones.

En Salamanca se construyó un edificio nuevo, en la plaza de Fray Luís de León, al que se dio el famoso nombre de Colegio Mayor de San Bartolomé. Hubo que prescindir de su antigua ubicación en el Palacio de Anaya, por ser entonces la sede de las Facultades de Ciencias y de Letras, según se ha indicado. Se aprovechó para la nueva construcción el terreno donde existió la iglesia de la Magdalena, cercano al solar donde estuvo la Normal de Maestras (que quedó destruida por un incendio en 1928).

Deseosos de garantizar el tradicional espíritu del esfuerzo y la austeridad como normas de comportamiento de los nuevos colegiales, los legisladores mantenían la existencia de becarios, como en otros tiempos.

Pero, a diferencia de las etapas anteriores, la mayoría de los colegiales serían ahora residentes que abonarían una cuota adecuada, aunque inferior a la que se pagaría en un hotel de características similares a las del colegio. Concretamente, en el otoño de 1946 un concurso público anunciaba la posibilidad de solicitar dichas becas. (Como curiosidad, cabe recordar que, además de becas, se concedieron entonces medias­ becas.

Esto le sucedió a quien suscribe y a un hermano, que obtuvieron sendas medias–becas; renunciando voluntariamente el primero a la suya a favor del segundo, quien así tuvo beca entera).

Numerosas promociones de estudiantes, no sólo procedentes de diversas regiones de España sino también extranjeros, realizaron diferentes carreras viviendo en este Colegio durante sucesivos cursos académicos, al lado de algunos Profesores asimismo allí residentes. A partir de 2015 este edificio ha pasado a prestar otros servicios, como los relativos a los Cursos Internacionales que imparte la Universidad. Un nuevo local, situado en el denominado Campus universitario Miguel de Unamuno, es la actual sede de dicho Colegio.

Además, otros nombres igualmente gloriosos, como Oviedo y Cuenca, son los que llevan los nuevos edificios de estos Colegios construidos también en esa zona; éstos fueron abiertos, respectivamente, en 1995 y 200l. El que fue emplazamiento del antiguo Oviedo es el lugar ocupado actualmente por el moderno Palacio de Congresos. Unas ruinas próximas a la Facultad de Ciencias, debidamente protegidas y discretamente visibles, recuerdan que allí estuvieron las bellas estructuras arquitectónicas del Colegio de Cuenca. Afortunadamente, el Fonseca, en su primitivo emplazamiento, ha sido digna residencia de doctorandos y Profesores, atendiendo ahora preferentemente a las actividades relacionadas con el ciclo de posgrado. Por último, otros Colegios Mayores universitarios son los denominados Fray Luis de León, situado en la plaza de ese nombre, en la cercanía de la Facultad de Ciencias, que viene funcionando desde 1954; y el Hernán Cortés, reabierto en 2008, después de una profunda reestructuración.

He aquí resumida la situación actual de famosísimas instituciones que dieron gloria nacional e internacional a Salamanca y a su Universidad, cuyo prestigio es obligado mantener por la presente generación y las futuras.

8. REFERENCIAS

1. Álvarez Villar, Julián. La Universidad de Salamanca. Arte y Tradiciones. III Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 1990.
2. Cabezas Fernández del Campo, José A., José Cafranga: Profesor universitario salmantino, Ministro y Senador. Salamanca: Gráficas Varona. 1997.
3. Cabezas Fernández del Campo, José A. Antecedentes históricos de las Facultades de Ciencias Químicas, Biología y Farmacia de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Europa Artes Gráficas, S. A. 2001.
4. Echeverría, Lamberto de. Presentación de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Caja de Ahorros. 1985.
5. Fernández Álvarez, Manuel (dirección); Robles Carcedo, Laureano; Rodríguez-San Pedro Bezares, Luís E. (coordinación). La Universidad de Salamanca. 1 Trayectoria histórica y Proyecciones. (Especialmente el capítulo II, Los Colegios Mayores en el siglo XVI Carabias Torres, Ana M”.) Salamanca: Europa Artes Gráficas, 1989.
6. Fernández Álvarez, Manuel (dirección); Robles Carcedo, Laureano; Rodríguez-San Pedro Bezares, Luís E. (coordinación). La Universidad de Salamanca. II Atmósfera intelectual y Perspectivas de investigación. Salamanca: Europa Artes Gráficas, S.A. 1989.
7. Gómez Martín, Mercedes. Las Reformas educativas de principios del siglo XIX y la Universidad de Salamanca. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca: Gráficas Europa. 1974.
8. Madruga Jiménez, Esteban. Crónica del Colegio Mayor del Arzobispo, de Salamanca. Salamanca: Universidad de Salamanca. 1953.
9. Madruga Jiménez, Esteban. Evocaciones universitarias. Salamanca: Imp. Calatrava.